La edil socialista de Alicante, Llanos Cano.ALICANTE. El PSOE de Alicante ha presentado este lunes en el Ayuntamiento "una propuesta para abolir la prostitución en la línea que sigue la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, que anima a los municipios de la Comunidad Valenciana a adoptar el modelo elaborado en el marco del Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución", según han informado portavoces oficiales del partido, a través de un comunicado.
La concejala socialista responsable del área, Llano Cano, ha indicado que "en la última semana el PP nacional ha manifestado que apoyará en el Congreso de los Diputados la proposición de ley abolicionista del PSOE. Con esta norma trataremos de hacer frente al proxenetismo en todas sus formas, a la tercería locativa y que sancionen a los que acuden a la prostitución".
Para la edil, "a la vista de que el criterio del PP nacional ha sido claro y expreso y el mismo es incompatible con la ordenanza de la vergüenza aprobada por Barcala que sanciona a las víctimas del sistema prostitucional". "Desde el PSOE presentamos una ordenanza abolicionista que, efectivamente sanciona a los puteros y a los proxenetas y en ningún caso sanciona a las personas prostituidas".
Cano ha hecho hincapié en que "hoy además hemos conocido que ni siquiera el confinamiento ha podido impedir que la explotación sexual aumente en diversos puntos de la provincia de Alicante. La atención a mujeres prostituidas crece en 2022 y ya supera ampliamente los niveles de 2019. En los mismos meses del presente año, Cruz Roja ya ha registrado 264 de estas intervenciones, un 38% más que el año pasado y un 41% por encima de las cifras del 2019".
El PSOE apunta que "la ordenanza supera la regulación de la convivencia ciudadana desde el enfoque del civismo y el orden público, pues aborda la prostitución como un fenómeno que vulnera de manera directa los derechos fundamentales y las libertades de las mujeres en situación de prostitución". Así, el comunicado apunta que "prohíbe la demanda de prostitución, que considera como infracción grave, y la sanciona con multas de hasta 1.500€".
"Si la demanda se produce a menos de 200 metros de un centro educativo, de lugares con afluencia de público infantil o de la celebración de un acto festivo o deportivo la considera como infracción muy grave y la sanciona con multa de hasta 3.000€", añade el comunicado. Además, "serán sancionados de la misma manera quienes colaboren con los demandantes de sexo (ej. intermediadores o personas que alerten de la presencia de agentes de la autoridad)".
De igual modo, "prohíbe la publicidad que promueva el consumo de prostitución, que considera como infracción leve, y la sanciona con multas de hasta 750€. Será responsable tanto quien ejecute materialmente el acto de publicidad (ej. repartir folletos), como el anunciante". "La ordenanza reconoce a las mujeres en situación de prostitución como víctimas de violencia de género. En consecuencia, no sancionará en ningún caso a las personas prostituidas. Además, promueve medidas para garantizar la protección de sus derechos", según explica el comunicado.
De igual modo, "prevé la aprobación de un plan municipal de acción integral, que contenga medidas para que las mujeres en situación de prostitución accedan a servicios y recursos que les permitan salir del sistema prostitucional. Este plan incluirá acciones de apoyo social, laboral, formativo y habitacional".
Por último, el comunicado señala que "desde la Conselleria de Justicia somos la primera Comunidad Autónoma en poner a disposición de los municipios un modelo de ordenanza abolicionista. Queremos ser una referencia para otros territorios comprometidos con la igualdad entre hombres y mujeres, así como con la erradicación de toda forma de violencia de género", concluye el comunicado.
