El diputado de Fomento admite que se equivocó con los datos de las ayudas a pymes y autónomos de la Diputación

ALICANTE. El pleno de la Diputación de Alicante de este miércoles ha abordado cuestiones de actualidad, como una declaración de todos los grupos de condena por la invasión de Rusia, y otras ordinarias, como dos convocatorias de ayudas para el asfaltado de caminos y las ayudas para el Ciclo Hídrico. Pero como es costumbre, la rifi-rafe político ha vuelto a darse con las mociones presentadas por los grupos políticos. En este había dos peticiones de dimisión: una para el diputado de Fomento, el popular Sebastián Cañadas, por la gestión de las ayudas que ha concedido la institución a los autónomos y pymes, y otra para la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por sus declaraciones por argumentar que la falta de material de protección frente al Covid de los sanitarios de la Comunitat durante la pandemia fue debido a que estos lo sustraían.

Respecto a la petición de dimisión de Cañadas, la moción ha sido rechazada con los votos de PP y Cs. Compromís solicitaba su destitución por “falsear datos de los ingresos reales de las ayudas a empresas durante el Covid”, a la que se ha sumado también el Grupo Socialista, aunque ha llegado a ofrecer su abstención si el grupo Popular retiraba la moción de reprobación a la consellera Barceló.

Ante las declaraciones de Fullana, quien había acusado al responsable de Fomento de “mentir y gestionar inadecuadamente estas ayudas”, Cañadas ha defendido la actuación de su departamento y ha ofrecido una breve cronología de todos los hechos relacionados con la puesta en marcha de estas ayudas y de la información que puntualmente se ha ido suministrando a Compromís cada vez que la ha requerido “con el fin de dejar claro que no ha habido desinformación y mucho menos mentiras”.

Cañadas ha explicado que a lo largo de la tramitación de las ayudas, las cifras han ido cambiando – hay renuncias, justificaciones más bajas, etc- y ha admitido que en un momento determinado hubo un error, “en ningún caso intencionado”, en el cálculo del porcentaje transferido a los ayuntamientos del que se informó por escrito a la oposición. “Este diputado no miente. Se puede equivocar, pero no miente”, ha insistido el responsable provincial, quien ha cifrado finalmente en 6,9 millones de euros la cuantía total de las obligaciones reconocidas a finales de febrero.

En este sentido, ha manifestado que “quiero dejar claro y transparente que la Diputación no paga directamente a pymes y autónomos sino a los ayuntamientos cuando presentan la justificación –ninguno solicitó el anticipo hasta el 100% contemplado en las bases- y que las cantidades totales varían a lo largo de la tramitación porque los consistorios piden una cantidad y la justificación es más baja, porque hay renuncias y porque algunos piden y luego no presentan la documentación”. 

Anteriormente, el PP ha defendido una moción, a la que se ha incorporado una enmienda de Cs, en la que reclama el cese inmediato de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, por argumentar que la falta de material de protección frente al Covid de los sanitarios de la Comunitat durante la pandemia fue debido a que estos lo sustraían.

“Este tipo de afirmaciones por parte del Consell son inadmisibles”, ha indicado el diputado del Centro Doctor Esquerdo, Juan Bautista Roselló, quien ha calificado de “nefasta” la gestión sanitaria por parte del gobierno del Botànic. “La Comunitat Valenciana es una de las autonomías que peor ha protegido a sus profesionales sanitarios durante la pandemia, a quienes, además, ha maltratado y vilipendiado”, ha señalado Roselló, quien ha reclamado, además, a la Generalitat que retire el Recurso de Suplicación contra la sentencia del 7 de enero dictada por el Juzgado de lo Social nº5 de Alicante en la que se condena a la Conselleria de Sanitat a indemnizar a los médicos por no proveerles de suficientes equipos de protección durante la primera ola de la pandemia de Covid-19.

El portavoz de Cs, Javier Gutiérrez, ha respaldado la moción de reprobación a la consellera de Sanidad, pero ha pedido que se dé un paso más allá con la inclusión de una enmienda que amplíe las exigencias dirigidas a la Generalitat para mejorar el sistema sanitario, que ha sido aprobada. En este sentido, ha planteado “atender necesidades clamorosas, que están a la vista de todos” como el aumento de las plantillas en los centros de salud para evitar cupos por encima de 1.300 pacientes y dedicar también mayores esfuerzos a la formación y a la investigación

“Se necesitan más recursos para atender los servicios de asistencia domiciliaria, con los vehículos y los conductores necesarios, mejorar la seguridad y puntos de urgencias que estén abiertos 24 horas con personal suficiente atender dignamente a los ciudadanos”, ha exigido. Respecto al recurso presentado por la administración autonómica a la sentencia favorable al Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, Gutiérrez ha subrayado que “atenta contra la dignidad de los profesionales de la salud”. Según ha manifestado, “lo más honroso sería que la Generalitat dirigiera todos sus esfuerzos, no a desacreditar a los sanitarios, sino a evaluar las flaquezas del sistema adoptando las medidas necesarias para que nunca vuelvan a quedar expuestos ante cualquier nueva amenaza sanitaria”.

La oposición ha votado en contra de la moción y ha defendido la gestión sanitaria realizada por la Generalitat durante la pandemia. ”El Gobierno valenciano, ante una situación tan compleja, ha sido capaz de gestionar el día a día de la crisis y ha demostrado su trabajo y entrega para conseguir salir de la misma”, ha dicho el portavoz socialista, Toni Francés, mientras que Fullana ha resaltado la inversión en materia sanitaria del Botànic frente a los gobiernos del PP.