Foto: AVAFVALÈNCIA. La Fundación Hay Derecho ha presentado este jueves el 'Dedómetro' en la sede de la Agencia Antifraude, un informe que evalúa el mérito y la capacidad de los responsables de entidades públicas en la Comunitat Valenciana. Entre las principales conclusiones aparece que el 53% de sus responsables no aprueban en mérito y capacidad, dos de los requisitos por los que se deberían regir estos puestos. En su lugar, aparecen otros como las vinculaciones políticas.
La investigación ha sido expuesta por Safira Cantos y Rafael Rivera. Ésta ha abarcado un periodo de diez años, desde 2012 a 2022. En la Comunitat ha analizado un total de 30 entidades (públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas, consorcios y autoridades independientes) y 63 currículums, con sueldos medios de 64.000 euros anuales. Así, ha evaluado el perfil de los responsables en base a mérito, capacidad, experiencia, formación, vinculaciones históricas de carácter político y tiempo de permanencia en el puesto, además de la transparencia en el acceso a toda esta información.
Las fuentes del informe han sido la información pública que figura en webs oficiales o en perfiles, además de la solicitud de información a las entidades. En algunos casos éstas han respondido. En otros no, por lo que al no poder tener, por ejemplo, currículums completos de personas, su valoración ha ido a la baja.
Entre las conclusiones del análisis figuran la alta rotación de los puestos "cuando para aplicar estrategias a largo plazo se debería permanecer en él", señalan los directores de la fundación. También la "mala calidad de la información pública sobre los currículums", que sólo el 10% de los gestores tienen notas superior al 8 o que la media general del mérito y la capacidad es baja y sin mejoras en los últimos años "salvo en la formación".
"Estamos en manos de la mediocridad en general. Los puestos cada vez están más politizados y la permanencia es más corta. Los políticos no van a gestionar sino a ocuparlos", han señalado los responsables de Hay Derecho. Eso sí, han mencionado una percepción de cierta mejora cuando ha habido gobiernos de coalición porque, creen, al tener que proponer candidatos por una parte y por otra los criterios son mejores.
Como casos destacados en la Comunitat en lo que a bajo nivel de gestores se refiere, han mencionado Ciegsa (encargada de la construcción de centros educativos) y la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha). Se trata de dos casos, sin embargo, en los que no han respondido a los requerimientos de información sobre currículums a la fundación, de manera que se trata de un suspenso por falta de datos. También figuran en la parte baja de la tabla Vaersa, la Sgise, Plan Cabanyal, Ferrocarrils de la Generalitat o la Epsar.
En la parte alta del ranking aparece la Agencia Antifraude, lugar en el que se ha presentado el informe este jueves y que dirige Joan Llinares. Le sigue la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) con Andrés García Reche al frente. En nota alta aparecen igualmente el Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria (Ivass) con Ángel Bonafé; el Consorcio de Museos con José Luis Pérez Pont; el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón con Joaquín Sanchis García; el Instituto Valenciano de Finanzas con Manuel Illueca; o la Sindicatura del Comptes con Vicent Cucarella.
Otro de los aspectos que analiza el informe es la transparencia. Las conclusiones reflejan que el 86% de entidades incumple alguna de las obligaciones legales de transparencia (currículums, retribuciones, plantilla, presupuesto e información contable, derecho de acceso a la información, etc.) y el 47% de las de la Comunitat no muestra los salarios de los máximos responsables.
Eso sí, seis entidades cumplen totalmente, todas valencianas: la Agencia Antifraude, la AVI, la Sindicatura de Comptes, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Vaersa y la Sociedad Proyectos para la Transformación Digital.
Para los responsables de la fundación Hay Derecho, de todo lo analizado se desprende que existe una dependencia en los puestos directivos de las empresas públicas "más allá de los ciclos electorales". "Hay cambios durante la propia legislatura que suelen responder a situaciones de correlación de fuerzas dentro de los partidos y tiene que dejan de ser la pauta en la gestión. Estas entidades no son lugares de colocación residual de los que no han sido electos. Cuando las personas saben que van a permanecer en el puesto, se vuelcan en su desempeño. Pero si son colocados saben que serán cesados cuando no cumplan con el partido", indican.
Entre las recomendaciones que lanzan, señalan que los periodos de desempeño del cargo se desvinculen del ciclo electoral, "dejar de asumir que se ejerza la arbitrariedad" y "normalizar la concurrencia –incluso aunque sea mediante una terna evaluada y cualificada–". "¿Ahora mismo cuál es el mérito? ¿la capacidad o el amigo adecuado? Nos dejamos mucho talento fuera y hay personas muy cualificadas que no quieren formar parte de esos cargos", reflexionan.
Los responsables de Hay Derecho han sido preguntados por cómo se conjugan las denuncias por enchufismo en puestos directivos de empresas públicas con sentencias como la del caso Alquería, que no ha considerado ilegal esta práctica en una como Divalterra. Han valorado que "hay una grieta en el sistema" y una "brecha" entre lo que establece la Constitución y el propio Estatuto Básico del Empleado Público. En su opinión, cada entidad debería aplicar procedimientos de selección y aterrizar en las empresas públicas la normativa aplicable.
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
