El Consell logra el aval sindical para aprobar el requisito lingüístico para los funcionarios  

VALÈNCIA. La Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo logró este miércoles el respaldo de la mayoría sindical para seguir adelante con el borrador del decreto del requisito lingüístico. Una norma que la nueva Ley de Función Pública obliga a desarrollar y que define el grado de conocimiento del valenciano que deben acreditar todos aquellos que aspiren a convertirse en funcionarios. 

Aunque no se produjo una votación como tal, tanto UGT-PV como CCOO-PV se posicionaron a favor del requisito -CSIF lo hizo en contra- después de que tanto el departamento gestionado por los socialistas como también la Conselleria de Educación accedieran en la Mesa General de las Administraciones Públicas de la Comunitat Valenciana celebrada este miércoles a introducir algunas modificaciones demandadas por los sindicatos en la fase de alegaciones.

Varias son las novedades principales que incorporará el nuevo redactado. La primera, que el personal laboral de los consorcios hospitalarios (Hospital General de Castelló y el de València) quedará exento de conocer el valenciano. Es decir, que como ya se contemplaba para el personal estatutario de sanidad, para estos el idioma también será considerado un mérito y no un requisito de acceso. Una petición demandada por UGT hace días en sus alegaciones y que habría motivado, en parte, el apoyo del sindicato al decreto.

Otro de los cambios a los que ha accedido Función Pública y Educación es a incorporar en la normativa que la Administración realizará una prueba de nivel de conocimiento de valenciano para todos aquellos que en el momento de presentarse a una oposición no tengan certificado su nivel por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JSCV). Si la superan, les será certificada.

Esta posibilidad ya fue trasladada a los sindicatos hace días, pero todavía falta por ver cómo aterrizará sobre el papel. Y no será sencillo, pues la estructura que tendrá que poner en marcha la Generalitat para posibilitarlo será considerable: la intención es que no solo puedan realizar esta prueba de nivel aquellos aspirantes que se presenten a unas oposiciones de la Administración autonómica, sino también aquellos que opten a una plaza en ayuntamientos o cualquiera de las tres diputaciones provinciales.

En la reunión, el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, también aclaró cuestiones que el decreto de homologación en el que trabaja la Conselleria de Educación no deja claros. Entre ellos, cómo se les certificará el conocimiento del idioma a las personas que cursaron planes de estudios antiguos, dado que la normativa tan solo hablaba del reconocimiento a aquellos que hubieran cursado la ESO o Bachiller. Según Trenzano, a todos los que cursaran BUP les será reconocido un B2 de valenciano, un nivel intermedio entre el antiguo elemental y el Grau Mitjà. 

Rechazo de moratorias

Ahora bien, una de las cuestiones que no fueron aceptadas en la cita fue la de aplicar moratorias al calendario ya acordado entre PSPV y Compromís hace cinco meses. El pasado viernes UGT registró sus alegaciones al decreto entre las que pedía, por un lado, que el C1 del valenciano no se les pidiera a los altos funcionarios hasta 2027. Pero también que el periodo transitorio de aplicación del requisito no afectara ya a la OPE de 2023. CSIF, que se posicionó en contra del decreto este miércoles, también presentó las mismas peticiones este lunes, pero finalmente no se han aceptado.

La posibilidad de modificar el texto para ofrecer más margen temporal a los aspirantes a funcionarios para acreditar su nivel de valenciano no era mal vista en el ala socialista del Gobierno valenciano. Sin embargo, Compromís había advertido a la interna que se mostraría inamovible en la reunión con los sindicatos cuando esta petición se pusiera sobre la mesa. 

No en vano, el acuerdo alcanzado por el Botànic en noviembre había costado años en desbloquearse. Huelga recordar que la Ley de Función Pública Valenciana comenzó a redactarse en 2016, tardó en aprobarse cinco años por las discrepancias que tenían valencianistas y socialistas sobre el requisito lingüístico y, desde que esta entró en vigor en 2021, el reglamento del conocimiento del valenciano se hizo esperar un año más. De hecho, todavía hoy sigue sin aprobarse definitivamente por un pleno del Consell a dos meses de que termine la legislatura. 

¿Qué dice el redactado actual?

El decreto que maneja la Conselleria de Administración Pública distingue dos periodos temporales para la aplicación del requisito. En función de la escala de la Administración a la que se aspire, el nivel de manejo del idioma que se exigirá será mayor o menor. Pero la Generalitat no comenzará a pedirlo de forma inmediata, sino que el decreto establece un periodo transitorio para que su entrada en vigor sea, de alguna manera, paulatina. 

Así, la regulación del requisito anunciado por la consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo, y la consellera de Educación, Raquel Tamarit, el pasado mes de noviembre consta de dos partes. Por un lado, Justicia define en su normativa el grado de conocimiento según escalas y, por otro, el departamento ahora gestionado por Compromís se ha encargado de elaborar el decreto de homologación. Pero aunque sean dos normas, "van de la mano", según explicaron. 

Así, el decreto de Bravo fija un periodo transitorio desde la actualidad hasta 2025. Durante ese periodo de dos años, el conocimiento de valenciano que se les exigirá a los funcionarios y aspirantes a serlo será de un B2 o B1. En concreto, aquellos buque opten a una categoría C2 de la Administración tendrían que probar que tienen un nivel de valenciano B1 -Grado elemental-, mientras que los aspirasen a escalas superiores tendrán que acreditar que tienen un nivel B2, un tramo intermedio entre el elemental y el antiguo Grau Mitjà.