fOTO: ROBER SOLSONA VALÈNCIA. El sector de las renovables en la Comunitat Valenciana vuelve a presionar y alzar la voz ante los retrasos que acumulan los proyectos en la autonomía valenciana. Un problema que sigue enquistado y cuyo principal problema radica en el rígido marco normativo y la larga burocracia administrativa, que no siempre facilita su implantación. Por ello, el Consell lleva meses trabajando en una armonización legislativa mediante una nueva ley que, entre otros aspectos, incluirá una delimitación de zonas y áreas estratégicas para su desarrollo, así como acotará los plazos para poder evaluar expedientes. Y todo ello para acabar con la actual fotografía en la región, en donde únicamente hay cerca de 100 MW instalados de los 10.000 marcados para 2030, es decir, un 1%.
"La Comunitat Valenciana está francamente retrasada en cuanto a los expedientes que ya tenía que haber tramitado. Además, hay 420 proyectos esperando que sean tramitados. Mientras en los últimos cinco años en la autonomía se han instalado 92 GW, Castilla-La Mancha ha pasado de los 3.500 GW", subrayó Marcos Lacruz, presidente de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN), antes de inaugurar la III Edición de 'Energy Revolution', un congreso que contó con la participación de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, y de empresarios del sector.
Precisamente, la presencia de la consellera había generado cierta expectativa en el sector sobre un posible anuncio de esa nueva normativa, pero finalmente Montes se limitó a señalar que su departamento está "ultimando" el texto y que será "cuestión de días o semanas" cuando lleven la normativa al pleno del Consell. Aunque no quiso desgranar detalles, sí puntualizó que uno de los objetivos que persigue es agilizar y facilitar la tramitación a través de procesos más sencillos para los empresarios lo que, eso sí, remarcó, que en ningún caso supondrá una rebaja de los requisitos para el desarrollo de estas instalaciones.
Asimismo, en una intervención durante el foro, el director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles, deslizó que la nueva ley tendrá en cuenta y se adaptará a la Directiva RED III, que modifica la anterior norma sobre promoción energía de fuentes renovables, y que recoge la creación de zonas de aceleración de renovables, así como una simplificación y fijación de plazos en la tramitación. Por tanto, a la espera de que España, como Estado miembro, se adapte a ella, la intención del Consell es anticiparse y añadir su espíritu al nuevo texto. "Se trata de adaptarnos a la normativa europea de la RED III para pisar el acelerador en materia de facilidad y permisividad", subrayó Argüelles.
Pero, ¿qué dice esta directiva? En concreto, entre sus novedades, crea lo que denomina zonas de aceleración renovable, en las que se adoptará el silencio administrativo positivo en caso de ausencia de respuesta de la Administración. Además, en estas áreas, aún por definir, los proyectos serán evaluados ambientalmente, pero sin necesidad de una evaluación de impacto ambiental y los plazos se acortarán con un máximo de 12 meses de tramitación, ampliables por 6 meses, frente a aquellos que no estén ubicados en estos puntos, que serán de 24 meses, prorrogables otros seis.
Por el momento, estas zonas de aceleración renovable no están 'dibujadas' y se tendrán que definir sus requisitos, para lo que se diseñará una especie de de mapa para que también los promotores tengan claro dónde promover en la autonomía valenciana. De hecho, el anterior Consell de Ximo Puig ya intentó implementar una iniciativa similar para fijar puntos "de preferencia" con autorización "inmediata". No obstante, no se pudo ejecutar este proyecto porque llegaron las elecciones autonómicas que propiciaron un cambio político en la Generalitat Valenciana.
Por otro lado, la directiva europea también introduce la presunción de las energías renovables como "interés público superior", lo que supone que se simplifiquen procedimientos. Más allá de este texto, la Generalitat también busca en la nueva regulación que la colaboración con los ayuntamientos juegue un papel fundamental desde el principio del proceso, con el fin de evitar que un promotor que haya completado todo el periplo burocrático vea su desarrollo frenado por la paralización de la licencia municipal, como ha ocurrido en algunas ocasiones.
Un freno que en ocasiones parte de la dicotomía entre agricultura o renovables, un debate que tanto el Consell como el sector ve "artificial" porque consideran que las renovables son "absolutamente necesarias para la supervivencia" del sector agrario ante el cambio climático. Además, defendieron la innovación de muchos proyectos para integrarse en el territorio y generar empleo y riqueza en esas localidades donde se promueven plantas, la mayoría de ellas de entre 5 y 10 MW.
En cualquier caso, todavía se está perfilando esta nueva ley, cuyo peso lo lleva la Conselleria de Industria, en colaboración con Medio Ambiente y Agricultura, para lograr el mayor consenso y evitar las desavenencias entre departamentos que se produjeron en la pasada legislatura, con notorias y públicas discrepancias entre los socios de gobierno -PSPV, Compromís y Podem-.
"Estamos intentando desatascar y desenmarañar todo lo que encontramos después de ocho años de Gobierno del Botànic, que no hizo nada por las energías renovables. Hemos visto cómo empresas han tirado la toalla y desistido en instalarse en la Comunitat Valenciana y han buscado otros territorios mucho más receptivos a esta revolución", enfatizó la consellera en la jornada. En este sentido, Montes garantizó que las energías renovables son "uno de los pilares de actuación de este gobierno" y que la revolución energética supone "una oportunidad de localizar empresas o que se instalen en la Comunitat".
Unas palabras que causan optimismo en el sector que, sin embargo, no rebajó la presión al Consell para revertir el escaso despliegue de potencia instalada en la región, situada a la cola en España. El objetivo es cumplir con el hito fijado por la autonomía de llegar a una potencia de 10.000 MW en 2030, de los que 7.000 serán de fotovoltaica y 3.000 de eólica. Unos números que actualmente están muy lejos de ser alcanzados, ya que únicamente hay 92 MW, lo que supone el 1% de esos 10.000 MW que necesita la autonomía.
De acuerdo con los datos de Red Eléctrica, solo en 2023 se pusieron en funcionamiento 32 MW en la Comunitat y 92 MW desde 2019, es decir, en el último lustro. Unas cifras que contrastan con las de otras autonomías limítrofes como Castilla-La Mancha, que solo en 2023 ha activado 1.888 MW.
"Tenemos que hacer un esfuerzo en agilizar los procesos administrativos. Es cierto que hemos ido celebrando una serie de hitos administrativos intermedios, pero eso es celebrar el fracaso, porque otras comunidades lo que están haciendo es celebrar que instalan y conectan las plantas a la red", incidió el presidente de Avaesen. "Nosotros al final lo que necesitamos son megavatios en la red, no expedientes en diferentes estados de tramitación y eso es un poco la diferencia que tenemos con otras comunidades", aseveró.
Desde una perspectiva más global y con el foco puesto en los desafíos, directivos de firmas punteras del sector como Valfortec, Umbrella Capital, Genia Global o Ibox Energy resaltaron como el principal reto el almacenamiento, una cuestión que también regulará la nueva ley para responder a unos compromisos de oferta y demanda de servicios imprescindibles. Asimismo, el sector pidió a Europa incentivos para relocalizar la industria y la producción de toda la cadena de valor para minimizar la dependencia de China. Pero no solo eso, sino que los empresarios reclamaron las mismas reglas de juego ante el crecimiento del gigante asiático.
