La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Foto: EDUARDO PARRA/EPVALÈNCIA (EP). El Pleno del Congreso vota este jueves el decreto ley que prorroga hasta el 28 de febrero de 2022 el sistema de protección especial al empleo de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) y las ayudas para trabajadores autónomos.
La prórroga es consecuencia de los acuerdos alcanzados por el Gobierno con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, por un lado, y las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae, por otro. Es el sexto decreto ley aprobado por el Gobierno tras el acuerdo con los agentes sociales en materia de ERTE desde el comienzo de la pandemia.
En vigor desde su publicación en el BOE, cada decreto ley debe someterse a votación en el Congreso en el plazo de un mes para ser convalidado o, en caso contrario, ser derogado. En todo caso, los grupos pueden aprobar tramitarlo como proyecto de ley para proponer cambios a través de enmiendas.
Según estimaciones del Gobierno, la prórroga de todas las medidas contenidas en el decreto ley supone unos 1.200 millones de euros en el ámbito de la Seguridad Social, la prórroga del esquema de ERTE y las prestaciones para autónomos entre octubre de este año y febrero de 2022. Esta cantidad hay que sumarla a los 21.000 millones de euros que han costado las anteriores prórrogas.
La prórroga de los ERTE supone llevar las modalidades actuales hasta el 31 de octubre y, a partir de ahí, una nueva modalidad con la formación como elemento central hasta el 28 de febrero. Para acceder a ellos es obligatorio solicitar su prórroga a la autoridad laboral entre el 1 y el 15 de octubre.
A partir del 1 de noviembre, entrará en vigor un nuevo esquema de ERTE en el que las exoneraciones de mayor cuantía estarán ligadas a que las empresas den formación a los trabajadores suspendidos de empleo. Junto a estos ERTE formativos se mantendrá la modalidad de ERTE de impedimento, vinculada a la limitación de actividad ante posibles restricciones.
Las empresas en un ERTE de impedimento pasarán a tener una exoneración del 100% de la aportación empresarial devengada a partir de noviembre de 2021, durante el periodo de cierre, y hasta el 28 de febrero. En el caso de los nuevos ERTE, las exoneraciones serán mayores si las empresas imparten acciones formativas --entre 30 y 40 horas de formación por persona, en función de su tamaño, cuando la jornada esté suspendida--.
Estas actividades formativas, que deberán realizarse antes del 30 de junio de 2022, se vinculan con un aumento del crédito que se utiliza para financiar la formación programada recogida en Ley del sistema de formación profesional para el empleo.
Pese a que los ERTE se extienden hasta el 28 de febrero, el Gobierno contempla que las empresas que se sujeten a esta prórroga tendrán que acogerse al nuevo mecanismo estructural de flexibilidad interna que se está negociando en el marco de la reforma laboral una vez que éste entre en vigor, lo que previsiblemente sucederá antes de expirar la prórroga.
Por otro lado, el decreto ley extiende el llamado 'contador a cero' hasta el 31 de diciembre de 2022, de forma que el tiempo consumido de desempleo por el trabajador que esté en ERTE desde septiembre de 2020 no computará cuando se produzca un despido por cualquier causa después del 1 de enero de 2023.
También se establece una prestación extraordinaria por desempleo para las personas con contratos fijos-discontinuos, dirigida especialmente al sector turístico y concentrado singularmente en Baleares; se garantiza el 'contador a cero' para este colectivo, que antes no estaba garantizado; y se mantiene en el 70% de la base reguladora el importe de la prestación a recibir por los trabajadores en ERTE durante toda la vigencia de la prórroga.
Asimismo, se mantienen las condiciones de acceso a la prestación, aunque no se tenga el tiempo cotizado requerido, así como el compromiso de mantenimiento del empleo durante un periodo adicional de seis meses; la prohibición de despedir; la interrupción del computo en contratos temporales; la prohibición de horas extras, de operar en paraísos fiscales y de realizar nuevos contratos, y la imposibilidad de externalizar actividad mientras se disfrutan de los beneficios de los ERTE.
El decreto también contempla la prórroga del plan Mecuida y de la prestación extraordinaria para los profesionales de las artes hasta el 28 de febrero de 2022.
Asimismo, prorroga las prestaciones para los trabajadores por cuenta propia afectados por la crisis derivada del Covid, manteniendo la prestación extraordinaria de cese de actividad para los autónomos hasta el 31 de enero de 2021.
En el caso de esta prestación extraordinaria, se exigirá una caída de la facturación del 75% y el límite de ingresos se subirá hasta el 75% del salario mínimo inteprofesional actual.
Se mantienen además exoneraciones graduales para aquellos autónomos que venían disfrutando de algunas de las prestaciones hasta septiembre, que serán del 90% en el primer mes, del 75% en el segundo, del 50% en el tercero y del 25% en el cuarto mes. La prestación ordinaria se prorroga como hasta ahora.
Finalmente, también se incluyen las medidas acordadas con los agentes sociales para poner en marcha unos ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán en la isla de La Palma y en el conjunto de Canarias. Estos ERTE también se sujetan al plazo máximo del 28 de febrero, pero dejando la puerta abierta a prorrogar estas medidas más allá de esa fecha.
Según lo acordado, los trabajadores tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad. Al mismo tiempo, se ha aprobado un prestación extraordinaria de cuatro meses de duración para los autónomos de La Palma afectados por la erupción.
