Ortiz y Botella visitan las obras de reforma del estadio, en una imagen de archivo. JUAN CARLOS SOLERALICANTE. PSOE, Guanyar y Compromís han acordado finalmente este martes facultar a la edil de patrimonio, Sofía Morales, a firmar la cancelación de la condición resolutoria que todavía permanecía vigente en el contrato de venta a Aligestión, de 2007. La decisión, que ya se acordó en 2012 bajo el mandato del PP pero no llegó a ejecutarse, se ha adoptado por unanimidad en la Junta de Gobierno.
El portavoz del tripartito, Natxo Bellido, ha recordado que ya han transcurrido más de cuatro años de plazo legal para revertir ese acuerdo previo y que, además, el hecho de ejercitar esa cláusula implicaría asumir un estadio que el Ayuntamiento no quiere y tener que llevar a cabo un desembolso por el campo superior al que el IVF ha aportado en la subasta pública convocada en el proceso de liquidación de Aligestión. El banco del Consell presentó la puja mas alta, por 3,75 millones y Aligestion pagó por el estadio 7 millones en metálico y 4,2 en especie, con obras de reforma.
Bellido ha confirmado precisamente sobre ese pago que sigue estando en duda a partir de los informes llevados a cabo por la Concejalía de Urbanismo. Por ello, ha explicado que se abrirá un expediente de información reservada, desde la propia Concejalía de Urbanismo, para tratar de esclarecer si efectivamente esa reforma llegó a ejecutarse. En el caso de que se constate que no ha sido así y de que se pueda haber incurrido en delito ante el hecho de que se hubiesen aceptado esos trabajos de reforma (incluso se devolvió el aval), se pondrán los hechos en conocimiento de la Justicia para que actúe en consecuencia y se exigirá la restitución de ese pago en especie.
Las dudas sobre las obras de reforma del estadio se reflejaron incluso en la investigación del Caso Brugal.
