Dirigentes del PP en la toma de posesión de Carlos Mazón como presidente del PP. Foto RAFA MOLINAALICANTE. El Tribunal de Cuentas investigará la contabilidad del grupo popular en la Diputación de Alicante entre los ejercicios 2015 y 2018. Así lo acordado el departamento número 1 de la Sección de Enjuiciamiento para que proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor, y lo ha hecho público el grupo denunciante, Compromís, a través de una comunicado público.
El grupo de Compromís en la Diputación de Alicante celebra la decisión del Tribunal de Cuentas, que desestima las alegaciones presentadas contra la denuncia de la coalición valencianista por los ingresos sin acreditar y por valor de 446.000 euros de dinero público, gran parte en una cuenta del Partido Popular domiciliazada en una sucursal de Murcia.
El grupo valencianista llevó el caso de las transferencias del PP no justificadas ante el Tribunal de Cuentas el pasado 21 de octubre, y 20 días después, el 10 de noviembre, el tribunal acordó iniciar el expediente y requirió al PP para que presentara alegaciones, que son las que ahora han sido rechazada y por lo tanto se nombra un instructora de la causa.
Pese a ello, el PP quita trascendencia a la decisión y considera que por el momento el Tribunal de Cuentas abre la investigación, pero no entra en el fondo de la materia. En su argumentación jurídica la defensa de la Diputación alegó para rechazar la investigación que la conducta reprochada no puede ser calificada como alcance, ni generadora de responsabilidad contable al no concurrir el requisito de menoscabo a los caudales públicos".
Hay que recordar que el 1 de diciembre, Compromís había solicitado que la investigación se ampliara, fuera retroactiva y abarcara los años anteriores a 2015, hasta 2007. Sin embargo, tanto el fiscal como la consejera que tramita la causa rechazaron ampliarla pues "los hechos denunciados, en sí mismos, no dan lugar a responsabilidad contable", según el auto del Tribunal de Cuentas. Además, la coalición no pudo aportar la documentación sobre esos años anteriores.
De esta manera, la investigación sólo se circunscribirá a la contabilidad del grupo popular del PP relativa a los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, con César Sánchez como presidente de la institución. Y por ello, la consejera del citado tribunal, María Antonia Lozano, acuerda elevar el caso a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor. De esta manera, tanto el Tribunal como el fiscal del mismo rechazan así las alegaciones que la Diputación de Alicante, a instancias de su presidente Carlos Mazón, había registrado pidiendo el archivo del caso.
Compromís ha anunciado que la semana que viene empezará la vía legal en el ámbito contencioso administrativo para acelerar la petición de devolución del dinero que entiende que el Partido Popular ha transferido sin acreditar cumplimiento de ordenanza alguno.
En este punto, el PP sostiene que hay una contradicción en las acciones del portavoz del grupo valencianista. "Gerard Fullana ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo del pleno del 13 de enero por el que los integrantes de Compromís de la anterior corporación tienen que abonar los gastos que el grupo no pudo justificar, según el informe de intervención", indican fuentes del PP. "Fullana no quiere pagar", denuncian. "Votó en contra en el pleno y ahora insiste en no abonar las cantidades no justificadas. Es un ejemplo más de la doble moral de Fullana, acosado por el escándalo del chiringuito que ha montado su asesor en la Diputación de Alicante", según el PP.
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Sin embargo, para Compromís, la reacción del PP a este hecho demuestra la tensión que está sufriendo, lo que, en su opinión, "están generando presiones y una posible estafa procesal". Por eso, Compromís ha provechado este hecho para denunciar "todas las presiones ejercidas por el presidente de la institución y del Partido Popular de la Provincia de Alicante sobre los miembros de la coalición que trabajan en la Diputación de Alicante, tanto su portavoz, Gerard Fullana, como Ximo Perles, el asesor y autor de los recursos presentados ante el Tribunal de Cuentas".
Sobre la campaña de descrédito en medios de comunicación contra Perles, la coalición además advierte que podríamos estar ante un delito de estafa procesal, que se produce cuando se coacciona de diversas formas al abogado contrario. Es el caso de Perles, inmerso en distintas causas en las que representa los intereses del grupo político y los regidores y regidoras de la coalición.
“Mazón ha intentado tumbar la investigación de los ingresos al partido que preside primero con recursos judiciales y luego con la peor campaña de difamación que se recuerda hacia nuestro asesor legal. Ha fracasado y ha quedado evidenciado, debe saber que los años en los que el zaplanismo se paseaba con impunidad han acabado. Las presiones que durante estas semanas me han hecho llegar para dejar hablar de algunos temas son inaceptables”, ha destacado Fullana.
El portavoz de Compromís ha añadido “que les quede claro al Partido Popular que Ximo Perles va a llevar este caso y todos el resto de presuntas corruptelas que sigamos detectando en el Partido Popular”.
