El Puerto exige un plan de emergencias para los depósitos, entre otras 16 obligaciones

ALICANTE. El proyecto impulsado por la empresa XC Business 90 SL para la instalación de una planta de almacenaje de combustible con seis grandes depósitos entre los muelles 19 y 21 de la terminal de mercancías del Puerto que gestiona Terminales Marítimas del Sureste (TMS) no solo deberá pasar el filtro obligatorio de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante para la obtención de sus permisos de obra y de actividad. También quedará supeditado a un nuevo examen por parte de los técnicos de la Autoridad Portuaria en el que, entre otras 16 condiciones particulares incorporadas como requisito imprescindible en el acuerdo de modificación de la concesión de la que dispone TMS, deberá aportar un Plan de Interior Marítimo (PIM) de manera obligatoria.  

¿En qué consiste dicho plan? Se trata del equivalente a un plan de emergencias específico en el que se detallen los protocolos de actuación en caso de se produzca un supuesto de contaminación accidental. En él, se debe hacer constar la disponibilidad de medios suficientes para la prevención y lucha contra la contaminación en el dominio público portuario. La obligación del registro de dicho plan se produce tras la admisión de una de las alegaciones presentadas durante la fase de exposición al público del proyecto, ya que es uno de los requisitos exigidos en el Real Decreto 1695/2012 por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina.

Fuentes oficiales de la Autoridad Portuaria ya habían dado a conocer la incorporación de esa alegación y el requisito de ese plan, tras el desarrollo del consejo de administración del pasado jueves. Sin embargo, no se había detallado su alcance ni sus implicaciones. Entre ellas, que dicho PIM debe coordinarse e integrarse en el Plan Interior Marítimo del propio Puerto de Alicante.

La exigencia de ese PIM cobra especial sentido si se tiene en cuenta el alcance de la propuesta. Se trata de la construcción de seis grandes depósitos para el almacenaje de combustibles líquidos, de 26 metros de altura máxima con una capacidad de 111.699 metros cúbicos (en torno a 94.386 toneladas). Dicha mercancía llegará por mar y se redistribuirá a una red comercial de gasolineras low cost por carretera, a partir del acceso directo que conecta la autovía con el recinto portuario.   En función de la propuesta de la empresa promotora, su objetivo es mover un mínimo de 170.000 toneladas métricas al año durante el primer año, para llegar de manera gradual hasta las 450.000 en el quinto año y siguientes. 

La promotora de los depósitos debe presentar ese PIM específico antes de comenzar a desarrollar su actividad, una vez que que haya obtenido la licencia ambiental que corresponde conceder al Ayuntamiento (en el caso de que se le conceda). De hecho, según concreta el acuerdo por el que se aprueba la modificación de la concesión de TMS, el hecho de que XC Business 90 no lo haya presentado ahora no supone ningún incumplimiento que fuerce a suspender la resolución del expediente.

Entre el resto de las 16 condiciones específicas que figuran en el acuerdo de modificación de la concesión, se encuentra también la exigencia de un estudio de integración paisajística, igualmente avanzado por fuentes oficiales el pasado jueves. No obstante, el listado incluye otros requisitos no conocidos como la obligación de presentar el proyecto de construcción en un plazo de cuatro meses; el establecimiento de otro plazo de dos meses para el inicio de las obras a contar desde el momento en el que cuente con todos los permisos municipales que resulten preceptivos o la imposición del desmantelamiento de las instalaciones y reposición de la parcela cedida a su estado original, una vez que concluya el periodo de vigencia de la concesión de la que dispone TMS, salvo que se acuerden las prórrogas legales permitidas.

Además, también se establece que la empresa deberá garantizar el mantenimiento y conservación de las instalaciones y de los terrenos concedidos y se requiere que el conjunto de la instalación quede inscrita en el registro del sistema comunitario de gestión y auditoría ambiental (EMAS) o tener implantado un sistema de gestión ambiental baado en UNE EN-ISO-14.001 certificado por una entidad acreditada, entre otros puntos.

Como informó Alicante Plaza, la propuesta queda ahora pendiente de la evaluación de la Concejalía de Urbanismo, después de que la Autoridad Portuaria haya certificado que cumple con todos los requisitos urbanísticos y normativos que recaen bajo su competencia, como ratifica el informe jurídico emitido por la Abogacía del Estado. 

Entre ellos, en el acuerdo se reafirma que el proyecto tiene encaje en el Plan de Usos y Espacios Portuarios (PUEP) y en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, como figura en el certificado de compatibilidad urbanística emitido en el año 2014. Además se subraya que no requiere de estudio de impacto ambiental y se apunta que, en 2016, la propia Concejalía de Urbanismo también emitió un informe ambiental favorable para el desarrollo de la propuesta. Por último, también se deja constancia de la renuncia expresa por parte de TMS a ceder más terrenos de la terminal para el desarrollo de una supuesta segunda fase, como la que se había planteado inicialmente, con otros 12 depósitos adicionales.

Al margen de los requisitos y las sucesivas fases de tramitación, este lunes comenzó a reorganizarse el movimiento de contestación social encabezado por los residentes del entorno del Puerto. En concreto, la asociación de vecinos de Gran Vía Sur mantuvo una reunión con el grupo municipal socialista, en la que su portavoz, Paco Sanguino, reiteró la "total oposición" del PSPV-PSOE al desarrollo del proyecto así como "nuestra convicción de que el desarrollo del barrio pasa por la necesidad de un desarrollo sostenible del puerto y en él no caben actividades de este tipo". Además, según explicaron fuentes socialistas, en la reunión también se abordó el retraso en el desarrollo de dotaciones básicas para el barrio.