La edil del PSOE en Alicante, Llanos Cano, al presentar la propuesta normativa.ALICANTE. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado este lunes su intención de trasladar a la Sindicatura de Greuges la situación de "bloqueo que mantiene Barcala a la ordenanza abolicionista de la prostitución pese a que cuenta con los oportunos informes técnicos y jurídicos desde hace meses", según han informado portavoces oficiales del partido, a través de un comunicado. "El alcalde está alargando los plazos sin motivo aparente, incumpliendo incluso la decisión de Feijóo, que mostró su apoyo en el Congreso de los Diputados a la proposición de ley abolicionista del PSOE", ha indicado el portavoz municipal socialista, Miguel Millana.
La concejala Llanos Cano ha destacado que a los socialistas no les queda otra que presentar una queja ante el Síndic "ante la pasividad que está mostrando Barcala, que mientras tanto, sigue multando a las mujeres prostituidas por culpa de la ordenanza de la vergüenza que aprobó junto a la extrema derecha", ha insistido.
Cano ha recordado que el PSOE de Alicante presentó el 6 de junio la iniciativa "que supondría al menos eliminar las multas a las víctimas del sistema prostitucional". "Sin embargo, se han tramitado asuntos con fechas posteriores. Ese mismo mes la concejala presentó una propuesta para abolir la prostitución en la línea que sigue la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, que animó a los municipios de la Comunidad Valenciana a adoptar el modelo elaborado en el marco del Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución".
La iniciativa inició su trámite a la semana de su presentación. "Recordamos que la dirección del PP nacional ha explicitado, y así lo esta cumpliendo, su apoyo en el Congreso de los Diputados a la proposición de ley abolicionista del PSOE, que entre otros asuntos, trata de hacer frente al proxenetismo en todas sus formas, a la tercería locativa y a los consumidores de mujeres", ha manifestado la concejala Llanos Cano.
El PSOE también ha recordado que "recientemente el Síndic ha corroborado que el consistorio incumple los plazos legales que obligan a las administraciones públicas a responder a las peticiones de información en un tiempo máximo de treinta días".
