ALICANTE (AP/AGENCIAS). El Partido Popular, que ejerce la acusación del caso Comercio de Alicante, ha solicitado 12 años de inhabilitación contra el ex alcalde de la ciudad, Gabriel Echávarri, por supuesta prevaricación con el fraccionamiento de contratos para organizar la Gala de Comercio de 2016 y siete años para los ex asesores Lalo Díez y Pedro de Gea, a los que, en cambio, no se les acusa de usurpación de funciones, como si hacen la juez instructora y el fiscal. El Partido Popular considera a los tres acusados como responsables de un delito de prevaricación continuada, según el escrito que se ha presentado ante el juzgado número 9, que es quien hay instruido la causa.
Echávarri, Díez y De Gea están a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por la tramitación de 14 de los 25 contratos -tramitados desde la Concejalía de Comercio entre noviembre y diciembre de 2016 por un importe global de más de 189.000 euros-. En estos momentos, las partes están presentado su escrito de acusaciones, una vez que la Audiencia Provincial confirmó el procesamiento de los tres políticos.
El exalcalde hizo efectiva su dimisión del cargo el pasado 9 de abril, lo que propició que el PP accediera al gobierno municipal el pasado jueves, después de que la socialista Eva Montesinos no lograra la mayoría absoluta para suceder a su compañero de partido. Echávarri está acusado de prevaricación en dos causas judiciales: una por el presunto fraccionamiento de contratos, en la que la Audiencia ha confirmado ya su procesamiento, y otra por el despido de una funcionaria interina que es cuñada del hasta ahora portavoz municipal del PP y nuevo alcalde, Luis Barcala.
El PP en el consistorio de Alicante, que ejerce de acusación popular en la causa, afirma en el escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, que con la utilización de contratos menores se vulneraron "las normas obviando los principios de transparencia, libre acceso y competencia de otras empresas que se vieron privadas de acudir a un procedimiento de contratación". Así, añaden que "bien mediante la contratación, bien mediante la firma y autorización de las facturas", los acusados utilizaron la figura del contrato menor "a sabiendas de que el procedimiento para la contratación era otro distinto".
En la causa instruida por la presunta fragmentación de contratos de la Concejalía de Comercio se investigan un total de 25 facturas de la Gala de Comercio 2016 y la promoción de los mercados municipales, que suman un montante de 189.762 euros y que se destinaron a la promoción publicitaria del Comercio, a la financiación y promoción publicitaria de la Gala de los premios del Comercio 2016 y a la renovación de la cartelería y señalética de los Mercados Municipales y un mercadillo.
La acusación particular concluye que todos esos actos fueron realizados en ejecución de un plan "preconcebido" como era el gastar las cantidades de las que dispusieron en un plazo concreto y aprovechando idéntica ocasión, por lo que piden a Gabriel Echávarri, por el delito continuado de prevaricación, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 12 años y siete meses. A Pedro de Gea y Eduardo Díez, inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de siete años por el delito continuado de prevaricación.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante confirmó el pasado 9 de marzo el procesamiento del entonces alcalde y sus asesores al desestimar los recursos de apelación interpuestos por las defensas contra el auto de incoación de procedimiento abreviado --fase previa a la apertura de juicio oral--, que dictó la magistrada María Luisa Carrascosa el pasado 7 de noviembre de 2017.
La acusación particular llamará a declarar al interventor municipal, Francisco Guardiola, al exjefe de servicio de la Concejalía de Comercio, Diego Agulló, también el procesado en el Caso Isjoma, el entonces concejal de Contratación y portavoz del grupo municipal de Compromís, Natxo Bellido y el abogado municipal, Manuel Cordón, así como los representantes legales de las empresas de publicidad y medios de comunicación afectados.
