Polop. Foto: AM.POLOP. El Ayuntamiento de Polop también pone coto al alquiler vacacional. El gobierno de PP y la edil no adscrita, Ángela Fuster, han suspendido la tramitación de nuevas licencias para las viviendas turísticas por el plazo de un año, que podría prorrogarse hasta un año más. Así lo recoge la moción de la edil de Urbanismo, Rosana Berenguer, que salió adelante con el apoyo del equipo de gobierno, mientras que el PSOE se abstuvo. La localidad no es la primera en dar el paso, Altea ya tomó la decisión a principios de año para 'repensar' el modelo.
Según figura en la propuesta, a la que ha tenido acceso Alicante Plaza, desde el 2019 a esta parte se han tramitado 163 solicitudes de compatibilidad urbanística. Esta es la herramienta que disponen los consistorios para dar viabilidad a estas licencias desde la aprobación de la última ley de la Generalitat Valenciana. La evolución ha sido la siguiente: 29 peticiones en 2019, 14 en 2020, 35 en 2021, 43 en 2022, 31 en 2023, 11 en 2024. De ellas, 152 han sido favorables, puesto que las solicitudes del presente año no se han llegado a informar. Ni se hará de momento. La edil del área explicó este diario que estas quedarán en 'stand by' hasta que haya una solución.
En la moción, el PP menciona que esta actividad está planteando "especiales problemas" en el municipio por su afluencia turística. Así, añaden que está "creando a la propia ciudadanía un dilema con trascendencia social, económica y también legal entre el derecho de propiedad y la libertad de los propietarios de viviendas para arrendarlas y obtener de ellas el mayor rendimiento económico posible". Por ello, consideran que es "necesario poner orden y regular de alguna manera esta creciente demanda que está afectando al encarecimiento y falta de oferta de viviendas para uso residencial normal".
Berenguer afirmó que no están en contra del desarrollo turístico del municipio, sino que quieren tomarse un tiempo para estudiar cuál es el mejor encaje de la actividad en Polop, programarlo y considerar dónde es mejor su ubicación. Así, recordó que también hay quienes compran vivienda en la localidad buscando la tranquilidad del municipio para vivir.
Atendiendo a los datos aportados en la moción, las viviendas turísticas suponen el 4,5% de las viviendas de la localidad. Para los socialistas, los únicos que han mostrado reticencias, no se trata de una actividad tan considerable en la localidad y dudan sobre la situación de aquellas que se han quedado sin resolver este año. No obstante, el portavoz, Gabriel Fernández, dijo entender las molestias que pueden ocasionar a los vecinos: "No está mal que se regularice", comentó, pero insistió en buscar una vía a los que se han quedado con la solicitud en trámite.
Con todo, la moción aprobada conlleva la suspensión del otorgamiento de nuevas aprobaciones, licencias, compatibilidades y cualquier otra actuación que lleve a nuevos emplazamientos de viviendas turísticas. Para ello, cuentan con un primer año de suspensión prorrogable por otro más. La ley permite una duración máxima de dos años, que se interrumpirá si, transcurrido un año, no se somete a exposición pública la propuesta de modificación del plan. De este modo, el departamento de Urbanismo contratará un estudio del impacto que tiene la actividad en la población donde se tendrán que determinar las conclusiones necesarias para poder iniciar la modificación de la normativa.
