El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala. Foto RAFA MOLINAALICANTE. Las reacciones al auto de paralización al cambio de calles de Alicante no se han hecho esperar. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Luis Barcala, ha reclamado la dimisión voluntaria de los ediles Dani Simón, de Guanyar y responsable de Estadística, y María José Espuch, de Compromís y responsable de Memoria Histórica. Barcala ha asegurado que deben asumir sus responsabilidades políticas a la vista del contenido del auto. En caso contrario, ha instado al alcalde, Gabriel Echávarri, del PSPV-PSOE, a retirarles todas las competencias que ostenta por las anomalías del proceso que subraya el auto y, sobre todo, por la celeridad con la que se llevó el cambio de nomenclaturas sin esperar a la resolución de la petición de medidas cautelares incorporada al recurso del PP.
El PP también ha exigido, en tercer lugar, la creación de una partida económica en los presupuestos municipales de 2017 para afrontar posibles reclamaciones de perjudicados por los cambios. Sobre todo, particulares, empresarios o comerciantes que ya hayan asumido gastos para cambiar las direcciones de sus domicilios o las sedes de sus negocios. Barcala ha calificado el auto de "varapalo muy gordo" al tripartito que forman el PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís.
El pasado 25 de noviembre el PP interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el cambio de las calles con el argumento de que el tripartito no cumplió los requisitos de la Ley de Memoria Histórica, ya que algunos cambios no estaban justificados, como el de la plaza de Calvo Sotelo, y porque el acuerdo de la sustitución de las vías públicas debió adoptarse en pleno municipal.
A este respecto, el PP señaló que el pleno es el órgano competente, de acuerdo con el acuerdo plenario por el que se creó la Comisión Municipal de Memoria Histórica. En su comparecencia de este jueves, Barcala ha lamentado "las prisas" del tripartito por cambiar las calles y ha indicado que, ante el recurso del PP, se debió aplazar la medida hasta saber si la Justicia paralizaba cautelarmente la sustitución del callejero para evitar el perjuicio económico que ahora se produce al ayuntamiento "y especialmente a particulares, comercios y establecimientos".
Para el popular, el tripartito ha tramitado este asunto "de la peor forma posible" porque soslayó a la Comisión Municipal de Memoria Histórica y apostó por aplicar "criterios sectarios y partidarios" para aplicar la Ley contra los elementos franquistas. "El tripartito aplicó el rodillo en su reinterpretación para reescribir la historia, y decidió cambiar unas calles y poner otras de forma tendenciosa y revanchista", ha asegurado el portavoz municipal del PP.
Los populares han reclamado, de igual modo, que se evalúen los gastos generados por los cambios y reposiciones, y que la oposición pueda tener acceso a estas cifras, y que se acate el auto "con la misma agilidad" con la que se ejecutó el cambio del callejero. Barcala ha rechazado que el PP haya judicializado la política, y ha sostenido que han sido obligados a ir a la Justicia para "defender los derechos fundamentales" que les asisten. "Hoy se pone orden en el desbarajuste del tripartito en la gestión de la ciudad", ha manifestado Barcala, para quien este asunto refleja "el fracaso de un tripartito falto de diálogo, consenso y transparencia".
Desde el Gobierno municipal, su portavoz, Natxo Bellido, ha lamentado que el PP se niegue a que haya un callejero democrático que ellos, en referencia al PP, "no actualizaron porque estaban muy ocupados pintando suelos de azul y verde para algún ciudadano", en referencia a las conversaciones recogidas en el sumario de Brugal, reproducidas en el auto por el que se cierra la instrucción y se da paso a la apertura de juicio contra los dos exalcaldes del PP, Díaz Alperi y Sonia Castedo.
Por su parte, el responsable de Estadística, Dani Simón, ha negado que hubiese premura en ejecutar los cambios porque su departamento tardó un mes en ordenar que se diese cumplimiento al acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se aprobó el cambio de nombres. A ese plazo, además, se añade los tiempos internos que necesitaron los proveedores de las placas y el de los operarios para restituirlas. Además, ha insistido en que, en todo momento, el equipo de Gobierno contó con el asesoramiento de los servicios jurídicos municipales, que no advirtieron ningún impedimento en que se iniciase la sustitución de los nombres. Tanto Simón como Espuch han confirmado que no encuentran motivo alguno para tener que dimitir, ya que se han limitado a cumplir con la función para la que fueron elegidos, que se han ajustado a la aplicación de una ley y que, además, esa aplicación era una propuesta electoral de los tres partidos que se aliaron para formar Gobierno a partir de los resultados de las elecciones municipales de 2015.
En estos momentos, los servicios jurídicos del Ayuntamiento están analizando las posibilidades que existen para recurrir el auto. Con todo, según Simón, ya se ha ordenado que se paralice el proceso de cambios pendientes (menos de un 10% de las calles que iban a cambiar) y que se estudiará cuál es el momento oportuno para comenzar a restituir las placas antiguas, ya que podría darse el supuesto de que se cambiasen y de que, a la postre, el juzgado acabase aceptando el recurso que podría interponer el ayuntamiento para mantener las nuevas denominaciones mientras se resuelve el fondo del contenciosos.
