ORIHUELA. La rehabilitación de los antiguos juzgados como Orihuela tendrán, como principales focos, cuatro puntos que destacar. De ellos, la adecuación de espacios diáfanos para favorecer la creación de salas neutras, de exposiciones o multiusos, la habilitación de zonas verdes y abiertas para dar luz y respiración al edificio, la reparación de lugares para convertirlos en oficinas con distintas alas, salas de espera o de prensa y la recuperación de elementos originales y antiguos como muros.
El proyecto para la recuperación de este elemento de patrimonio cultural emblemático de Orihuela, el de los antiguos juzgados, se reactivó en octubre de 2018, junto al del Palacio de Rubalcava, en plena cuenta atrás para las elecciones de 2019. Ante la falta de espacio necesario para ubicar dependencias municipales y tenerlas agrupadas, se estimó la rehabilitación del edificio para adaptar su uso administrativo a las nuevas demandas. Así, el enclave céntrico se considera idóneo para el uso público que se le pretende dar al estar ubicado muy cercano a otros inmuebles que albergan diferentes dependencias municipales.
A finales de este mes deberá estar finalizada la redacción del proyecto y de 18 meses para la dirección de obra.
El solar que alberga el edificio, en pendiente, requerirá de medidas específicas para la habilitación del inmueble en un enclave con desnivel.
Debido a la flexibilidad sobre el futuro uso del edificio, se trabaja sobre una reparación que habilite el soporte a actividades diferentes, que vayan adaptándose a las necesidades municipales. Por eso se reclama una sala multiusos que sirva de salón de actos o exposiciones y salas para el trabajo administrativo.
Además, se tienen en cuenta la construcción de espacios diáfanos y luminosos, con poca compartimentación y puestos de trabajo con un gran aporte de luz natural. Entre los despachos pensados para las oficinas, se plantean espacios amplios para mesas con ala, o mesas de reuniones para entre cuatro y seis personas y una sala de prensa. El área para el almacén será la parte trasera de la planta baja que, actualmente, es una zona ciega sin uso.
Las zonas abiertas al público tendrán varias partes. En la planta baja, habrá una zona de gestiones que garantice la confidencialidad. También se habilitará una sala de espera para, al menos, doce personas. En las demás plantas también habrá áreas de espera más pequeñas. La sala multiusos estará también en la planta baja y contará con todas las instalaciones de proyección y sonido necesarias.
Las zonas verdes vendrán de la mano de la puesta en valor de los patios interiores del edificio, con ajardinamiento y decoración para potenciar la entrada de luz. En el caso del patio trasero se adecuará y pondrá en valor el muro de piedra existente. Por otra parte, se repararán las filtraciones y se propone adecuar parte de la terraza para su uso ocasional para eventos, haciéndola accesible y equipando la instalación.
La Generalitat Valenciana cedió en 2016 al consistorio el edificio de los antiguos juzgados para uso público municipal. Desde entonces, está a la espera de que llegara una reactivación para su puesta en valor. Actualmente el edificio se encuentra sin uso desde el traslado de las dependencias judiciales al actual Palacio de Justicia en la plaza de Santa Lucía.
Según el Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro Histórico de Orihuela, el edificio está catalogado "sin protección específica", y solo se interviene a nivel de mantenimiento. El edificio está considerado como parte del Conjunto Histórico Artístico del centro histórico y está en el entorno de la Iglesia de Santas Justas y Rufina, Bien de Interés Cultural (BIC).
Después de que acabe la redacción, el plan deberá pasar por el visto bueno del acta de replanteo o del informe de supervisión municipal, por ser un edificio en los límites del entorno BIC de la Iglesia Parroquial de Santas Justa y Rufina. Asimismo, cualquier actuación del proyecto, que afecte al subsuelo precisará la redacción y ejecución, por técnico competente, de un proyecto de actuación arqueológica que garantice la salvaguarda del patrimonio arqueológico.