El alcalde, Luis Barcala, junto al portavoz de Compromís, Natxo Bellido, y la edil no adscrita, Nerea Belmonte, en un pleno. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. A falta de un debate sobre los derechos y obligaciones de los concejales no adscritos, se celebrarán dos. Curiosamente: uno para comenzar el pleno ordinario de septiembre y otro para cerrarlo. Los cinco grupos políticos con representación municipal en el Ayuntamiento de Alicante (PP, PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís), junto a los dos ediles no adscritos (Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre) tendrán la oportunidad de manifestar su postura sobre dicha cuestión a instancias de la reforma parcial del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) presentada por la propia Belmonte y, también, a colación de la registrada por Compromís, con el propósito de que se aborde una revisión global (en profundidad) de ese reglamento.
Como ya ha contado este diario, la decisión comunicada el lunes en la Junta de Portavoces, con el aval del secretario municipal, conlleva que la primera iniciativa se debata artículo por artículo, sin necesidad de que se produzca una votación sobre la totalidad (como sí sucedió en la comisión informativa de Presidencia y Régimen Interior, el pasado viernes). Con ello, el equipo de Gobierno, compuesto por 8 concejales del PP en una corporación de 29, evita tener que posicionarse abiertamente sobre el conjunto de las pretensiones de la edil de la que podría depender su continuidad en el poder (si Belmonte renunciase a su acta, se darían las condiciones matemáticas para que se produjese una moción de censura). Eso sí, al margen del sistema de votación, el resultado final seguirá siendo el mismo: la propuesta quedará rechazada en su integridad, ya que los cuatro grupos de la oposición ya han manifestado que no van a votar a favor de la modificación de ninguno de los artículos del ROP entre los propuestos por Belmonte.
La novedad sobre la cuestión trascendió este martes -cuando se hizo público el orden del día de la sesión- cuando se concretaron los términos en los que se produciría la discusión sobre la segunda propuesta: la impulsada por Compromís. Dicha iniciativa será la que cierre el desarrollo del pleno, en un momento en el que, según interpretan representantes de los grupos de la oposición, difícilmente puede llegar a tener una repercusión pública notable.
Así lo manifestó el propio portavoz municipal de la coalición valencianista, Natxo Bellido, quien recriminó al alcalde, Luis Barcala, que "por partida doble, trate de escurrir el bulto y de esconder la reflexión sobre la necesidad de reformar todo el reglamento sin plegarse a intereses particulares de nadie". "Primero, acuerda convertir la propuesta que presentamos como moción en una declaración institucional, prácticamente la misma que sí se debatió el pasado diciembre, ante la posibilidad numérica de que la iniciativa ahora sí se apruebe y de que se le acabe conminando a iniciar la revisión global del ROP", apuntó. "Y segundo, colocando esa declaración institucional al final del orden del día de la sesión en un pleno cargado de puntos que puede terminar pasadas las 20:00 horas", insistió.
Este diario trató de conocer, a través de representantes del equipo de Gobierno, qué criterio rige para ordenar el debate de las iniciativas de pleno. En principio, la lógica impone que su clasificación se decida a partir de criterios de proporcionalidad de cada grupo político, por lo que las iniciativas de Compromís (con 3 concejales) serían siempre las últimas en incorporarse. Con todo, las única explicación que se facilitó fue que todos los asuntos que se debaten en el pleno tienen trascendencia y que nadie podría reprochar nada al PP después de que el PSOE decidiese convocar el último debate sobre el estado de la ciudad el día 22 de diciembre.
