SANTA POLA. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Elche ha dictado -el 10 de agosto- una sentencia en la que obliga al Ayuntamiento de Santa Pola a anular una serie de acuerdos plenarios, "a la vista de que su adopción ha vulnerado el derecho fundamental de participación de ediles socialistas", reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución Española.
Se trata de una sentencia a raíz de un procedimiento judicial instado por Lorenzo Andreu Cervera, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santa Pola, "ante la práctica, desgraciadamente habitual, del PP de Santa Pola de no dejar ver la documentación de los puntos que se han de tratar en el pleno, y también debido al uso, más que arbitrario, que hace la alcaldesa de la figura de la urgencia para tratar determinados asuntos, sin que el resto de concejales de la Corporación dispongan del tiempo mínimo que marca la Ley para poder estudiar los expedientes administrativos correspondientes" según aseguran desde el grupo municipal socialista santapolero.
El 26 de febrero de 2020, se acordó por el pleno (con los votos a favor del PP, VOX y un no adscrito) la revisión de oficio del nombramiento como funcionario en prácticas de un inspector de la Policía Local. El PSOE dijo durante la sesión que no habían tenido tiempo de estudiar el asunto en profundidad -desde la convocatoria de la comisión informativa hasta su celebración sólo transcurrió 1 hora, y 30 minutos más hasta que dicho punto se tratase en el pleno-, así como que tampoco se les había facilitado la documentación del expediente administrativo para poder, al menos, leerla.
"Esta sospechosa prisa del PP por llevar un asunto que no era urgente al pleno ordinario, pero fuera del orden del día, llevó a los ediles socialistas a interponer un recurso administrativo de reposición, que el pleno, a propuesta de la alcaldesa desestimó íntegramente, a pesar de que la Ley estipula claramente que deben transcurrir un mínimo de dos días entre la convocatoria y la celebración de los plenos", afirman fuentes socialistas de Santa Pola.
En este sentido, la jueza que dicta la sentencia, pone de manifiesto que "dicho asunto fue sometido a debate y votación por la vía de urgencia, y nada se concretó en la convocatoria sobre las razones que explicaran la urgencia y, por lo tanto, no existe la motivación expresa en contra del mandato legal". Y continúa la resolución: "se ha de concluir que (…) supuso una vulneración del derecho de participación, (…) manifestada en haberle sido sustraída la posibilidad -a los ediles socialistas– de formarse un juicio realista y sosegado del asunto".
Según el grupo socialista de Santa Pola "este hecho es gravísimo, pues viene a confirmar lo que se viene diciendo desde que tomara posesión la actual alcadesa y su equipo de gobierno, y es que el PP está pisoteando sistemáticamente los derechos que la Constitución Española otorga al resto de concejales". Consideran, además que "la alcaldesa es responsable de haber intentado obligar a que los ediles de la Corporación votaran un asunto sin dejarles ver los informes jurídicos y técnicos emitidos, y sin darles el tiempo mínimo que marca la Ley para ello".
Todo ello pone de manifiesto la persecución que parece estar produciéndose, por parte del equipo de gobierno, contra el funcionario al que afecta el acuerdo del Pleno que ahora anula el Juzgado, llegando ya a unos niveles insospechados e inaceptables en democracia.
Asimismo, Cervera apunta que "la señora Serrano debería pararse un momento a reflexionar, y ver que flaco favor se está haciendo manteniendo este tipo de actitudes ilegales. El Consejo de Transparencia, el Síndic de Greuges y ahora los Juzgados de Elche nos han dado la razón en incontables ocasiones a los concejales socialistas, todo ello sin contar las incontables advertencias realizadas por la Agencia Valenciana Antifraude y contra la corrupción al respecto".
"Lo único que pedimos es que cejen en su empeño de perseguir a este funcionario, ni a ninguna otra persona, y que nos dejen hacer nuestro trabajo como Oposición, que no es otro que fiscalizar la actividad del equipo de gobierno", afirma Yolanda Seva Ruíz, concejala y diputada Nacional.
