El juez pide investigar a tres administradores concursales de Luxender y un perito

ALICANTE. El Juzgado de lo Mercantil númeo 2 de Alicante ha acordado deducir testimonio contra tres administradores y un perito que han intervenido en el concurso de acreedores de la promotora inmobiliaria Luxender, según han informado este lunes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El juez considera que en los diez años que dura la tramitación del concurso, se han encontrado "evidentes indicios de actuación fraudulenta concertada", según las mismas fuentes, motivo por el que remite los hechos a un Juzgado de Instrucción para que abra una investigación por falsedad documental, prevaricación, alzamiento de bienes, insolvencia punible y tentativa de estafa y de delito contra la Hacienda Pública.

Según la resolución judicial, el titular del juzgado de lo Mercantil sospecha que el dueño de la promotora y los administradores concursales se pusieron de acuerdo para reconocer un crédito contra la masa (preferente a la hora de pagar respecto a los concursales) de 24 millones de euros a otra mercantil, Edificaciones Artemisa Granatensis, que también está vinculada al mismo empresario, Antonio García Sánchez. El crédito, sin embargo, era muy inferior, de 4 millones, tal como quedó de manifiesto en un incidente concursal. 

A juicio del magistrado, la operación tenía como objetivo lograr la conclusión de las urbanizaciones de coste millonario que se estaban construyendo en Serelles, en el límite con el parque natural de la Sierra de Mariola, sin abonar una parte muy importante (de millones de euros) de las obras realizadas por terceros, y sin pagar a Hacienda una parte también muy importante de las facturas que se devengarían, con el apoyo de la administración concursal y un hábil manejo de la Ley Concursal. Al reconocer esos 24 millones de euros y valer menos que dicha cantidad el activo de la empresa, el resto de acreedores se habría quedado sin cobrar.

Es decir, que un porcentaje muy alto de la obra se construiría, según el escrito del juez, a coste cero para Luxender y las empresas de Antonio García Sánchez, y sin pagar impuestos. De haber llegado a buen fin esta operación, todo el activo (salvo los honorarios de los administradores concursales también presuntamente responsables) habría salido de la mercantil, valorada en menos de esos 24 millones, para ir a recalar a otras empresas del mismo empresario, mientras que a decenas de terceros no se les habría pagado una parte muy importante de su obra y todo ello sin pagar ni un euro de impuestos, dado que el siguiente crédito en la lista, el de la AEAT, ya se había quedado sin pagar.