ALICANTE. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Alicante da carpetazo a la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional contra el alcalde, el popular Luis Barcala, al no apreciar delito en los decretos por los que se regulan las condiciones de ampliación de los veladores de la hostelería.
En un auto fechado el 15 de junio, el titular del juzgado acuerda el sobreseimiento libre de las diligencias practicadas, tras resolver que "de todo lo actuado se desprende que los hechos descritos en la denuncia no encajan en un delito de prevaricación administrativa", como había apuntado la denuncia presentada por el colectivo de residentes. En esta línea, sostiene que el relato expuesto en la denuncia vecinal no supone "una actuación que contravenga palmariamente las competencias legales del denunciado que contradiga de forma palmaria el texto de la norma, en la medida en que no encaje, desde ninguna interpretación posible en la misma, habiéndose de dejado guiar por motivos de mera arbitrariedad".
El juez concluye, así, que los acuerdos incluidos en los sucesivos decretos de Alcaldía acordados para favorecer el desarrollo de la actividad de la hostelería durante el proceso de desconfinamiento, estaban suficientemente motivados. Así, apunta que "nos encontramos ante una situación en la que una disposición general que regula la reapertura de terrazas, en establecimientos de hostelería, en determinadas condiciones, debido a motivos de salud pública, es seguida por decisiones municipales que regulan no solo la reapertura de las terrazas, sino la concesión de nuevas licencias para veladores, cuya tramitación no está expresamente proscrita".
Además, apunta que "la decisión municipal detalla las condiciones que se han de dar con el fin de garantizar las exigencias vinculadas a las necesidades de salud pública". Por todo ello, resuelve que "las discrepancias con tales decisiones administrativas escapan al ámbito legal, quedando ceñidas al administrativo", con lo que deja la puerta abierta a que puedan iniciarse acciones legales en esa jurisdicción. En esta línea, acuerda "el sobreseimiento libre de las actuaciones" que se habían incoado hasta el momento a instancias del escrito presentado por los vecinos el pasado 24 de mayo. Eso sí, la resolución no es firme. Contra el auto cabe la presentación de recurso de reforma en un plazo de tres días.
Como informó este diario, la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional acusaba al alcalde de cometer un delito de prevaricación a través del decreto de Alcaldía dictado el pasado 13 de mayo, por el que se autorizaba la ocupación de una mayor superficie de vía pública para reabrir las terrazas con el avance del departamento de salud a la Fase 1 de la desescalada.