Los ediles del grupo municipal del PP al dar a conocer el auto de suspensión cautelar sobre el callejero.ALICANTE. Nada se sabe y nada se ha hecho por preguntar, sin manifestar interés alguno en la labor desarrollada por el PP en el Ayuntamiento de Alicante sobre una decisión que ha generado tanta polémica como el ajuste del callejero a la Ley de Memoria Histórica.
El Gobierno central, presidido por Mariano Rajoy, asegura ignorar qué motivos llevaron al grupo municipal popular a recurrir el cambio de nomenclatura de unas 42 calles de la ciudad, ni las causas que habrían llevado a un juzgado de lo Contencioso a suspender cautelarmente la sustitución de las placas que el equipo de Gobierno puso en marcha el pasado mes de diciembre.
En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el senador del grupo mixto, Carles Mulet (Compromís), sobre la impugnación de esos cambios, el Ejecutivo central se limita a señalar que "se desconocen las razones por las cuales el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante, ha solicitado y ha obtenido, de los tribunales la paralización de la acción municipal de retirada de determinadas placas del callejero".
A ello, sólo añade que "las competencias en materia de Memoria Histórica" por la que se desarrolla el reconocimiento y la ampliación de "derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, dentro del ámbito municipal corresponden a las autoridades locales y no al Gobierno".
La pregunta instaba al Gobierno a esclarecer si iba a emprender acciones legales contra la "actitud insumisa" del PP de Alicante por recurrir la aplicación de la Ley
La respuesta, fechada el 20 de abril, no entra a analizar el proceder del PP en Alicante, ni llega a referirse a las críticas incorporadas por Mulet en la redacción literal de su pregunta, en la que llega a referirse al recurso promovido por los populares como muestra de "actitud filofranquista". "La rabieta del PP de Alicante, les retrata de cara a la gente, generándoles un sarpullido que muestra su verdadero ADN y cómo no ha cortado amarras con sus antepasados ideológicos", incide Mulet en el texto de su iniciativa (registrada en enero).
La pregunta de Mulet y la respuesta del Gobierno.
El senador insiste además en que el recurso del PP "atenta" tanto contra la Ley de Memoria Histórica como contra la ordenanza que regula la denominación de vías públicas de Alicante, y cuestiona al Gobierno sobre si comparte esa "actitud filofranquista" del PP de Alicante o si piensa "iniciar acciones legales por esta actitud insumisa y contraria al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica".
Como publicó Alicante plaza, el PP recurrió el acuerdo de cambio de denominación de las calles, aprobado por PSOE, Guanyar y Compromís en Junta de Gobierno, al advertir que el proceso seguido en la toma de esa decisión no había sido el correcto (no pasó por pleno, pese a que se creó una comisión de pleno para el estudio de la propuesta). Además, el recurso del PP alega que que las nuevas denominaciones planteadas en ese acuerdo carecían de justificación y motivación.
El PP solicitó también la paralización del proceso de sustitución de los rótulos iniciado por el tripartito con el argumento de que el cambio podía producir daños sobre el interés público, en el caso de que se dictase una sentencia anulatoria sobre la renomenclatura y hubiese que restituir las antiguas denominaciones.
El juzgado concedió su petición y suspendió los cambios en un auto que reprochaba con contundencia que el tripartito hubiese proseguido con las sustituciones sin esperar a su respuesta, lo que, según reflejaba su auto, supuso una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. La suspensión cautelar, recurrida por el ayuntamiento, sigue en vigor y todavía no se ha resuelto sobre el fondo del asunto.
