El Gobierno prorroga por otro año más las ayudas a las desaladoras de la provincia

ALICANTE. Habrá ayudas públicas al agua desalada, al menos, un año más. El Consejo de Ministros aprobó este viernes, mediante dos Reales Decretos, prorrogar hasta septiembre de 2019 (cuando termine el año hidrológico que empieza el lunes) la situación de sequía prolongada declarada en las cuencas del Segura y del Júcar. En lo que afecta a la provincia de Alicante, la prórroga del decreto supone que la sociedad estatal Acuamed podrá, al margen de otras medidas excepcionales, seguir pagando parte del precio del agua que generan las desaladoras de Torrevieja y Alicante (y la de Mutxamel cuando entre en servicio en enero).

Como publicó el viernes Alicante Plaza, la prórroga de este decreto que se aprobó en 2015 era fundamental para que los agricultores alicantinos puedan seguir pagando un 'precio político' por el agua desalada, cuyo precio roza el euro por metro cúbico a pie de planta (a lo que hay que sumar los costes de distribución). Dado que la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea no permite que los Ejecutivos comunitarios concedan ayudas públicas a la desalación, la única forma de que los regantes de la provincia y de Murcia accedan al agua desalada a un precio asumible era prorrogar el citado decreto.

La prórroga de los decretos de sequía en la Júcar y el Segura (en el Duero ya no se ha prorrogado, al volver la situación a la normalidad) permiten al Ministerio adoptar medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos durante el próximo año hidrológico, que abarca del 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019, o hasta que se constate por el organismo de cuenca y la Dirección General del Agua que dejan de darse las circunstancias objetivas que motivaron su declaración. Estas prórrogas, en todo caso, están condicionadas a la evolución de los indicadores de Estado establecidos en el Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía de sendas demarcaciones hidrográficas.

El Segura, en prealerta

Tal como explicaba ayer el Ejecutivo en la justificación a las prórrogas de los decretos, la cuenca del Segura (formada por dos subsistemas, el de la propia cuenca y el del trasvase desde el Tajo) sigue afectada por la situación de sequía que motivó en su momento la declaración. "Del análisis de la situación de ambos subsistemas se observa que, si bien lo que motivó inicialmente la declaración de sequía fue el estado en el que se encontraban los aprovechamientos vinculados al trasvase Tajo-Segura, esta situación de escasez afecta también en la actualidad a las explotaciones que dependen de los recursos propios de la cuenca".

La falta de precipitaciones en estos cuatro últimos años en las cabeceras del Segura y del Tajo viene motivando tanto el descenso de la aportación a los embalses, como del volumen que éstos almacenan. El pasado abril, la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) alcanzó el nivel mínimo para poder enviar agua por el trasvase: para este septiembre hay aprobados otros 20 hectómetros que aún no se han desembalsado. Así, el estado global del sistema cuenca se encuentra en situación de prealerta. "A la luz de la información que arrojan los indicadores, la situación en la actualidad se mantiene alejada de la normalidad (0,380 frente a 0,500) y es previsible un empeoramiento, situación que justifica la prórroga de la declaración de sequía", indica la nota del Ejecutivo.

Prórrogas anteriores

Como ha venido contando este diario, la escasez de recursos hídricos en los años hidrológicos 2013/14 y 2014/2015 en el ámbito territorial de la Confederación del Segura y del Júcar ya provocó que en mayo de 2015 se declarara la situación de sequía en ambas cuencas. Aquellos Reales Decretos tenían una vigencia temporal hasta el 31 de diciembre de 2015, pero dado que la situación no había mejorado en esa fecha, se prorrogó la declaración de sequía hasta el 30 de septiembre de 2016. Con posterioridad, en septiembre de 2016, se procedió nuevamente a la prórroga de ambas declaraciones de sequía hasta el 30 de septiembre de 2017, y más tarde se prorrogó de nuevo hasta el 30 de septiembre de 2018 mediante nuevos Reales Decretos.

Al margen de subvencionar la desalación (en la que el Gobierno ha invertido 17 millones de euros desde el primer Decreto), las medidas excepcionales habilitadas por estos decretos incluyen la regulación de los pozos de sequía en la cuenca, así como una mayor inversión en infraestructuras para mejorar la conducción del caudal hasta su destino. Como adelantó ayer este diario, la Comisión Provincial del Agua que se reúne el próximo martes tenía previsto adherirse a la solicitud de la CHS para que se prorrogase el decreto del Segura, tal como ha sucedido este viernes.