ALICANTE (EFE). La fiscalía solicita provisionalmente diez años de inhabilitación para el ya exalcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSPV-PSOE), por el despido de una funcionaria interina que es cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala, según han informado hoy fuentes próximas al caso. El Ministerio Público le acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa al entender que despidió en abril del pasado año a la funcionaria para vengarse del portavoz del grupo municipal del PP, Luis Barcala, después de que éste le hubiera denunciado en el llamado 'caso Comercio'.

Echávarri ha formalizado esta misma mañana ante la Secretaría del Pleno del Ayuntamiento de Alicante su renuncia al cargo de alcalde y al acta de concejal. El hasta ahora alcalde está procesado en dos causas penales por supuesta prevaricación administrativa: una por el presunto fraccionamiento de 14 facturas por un valor conjunto de unos 144.000 euros en la Concejalía de Comercio y otra por el despido de la familiar de Barcala.

En esta segunda causa, la juez dictó el pasado 21 de marzo el auto que transforma las diligencias en un procedimiento abreviado contra el exalcalde. Según se recoge en esa resolución, Echávarri ordenó el despido inmediato de la interina "careciendo de competencia para ello" y "sin hacer mención alguna a la causa por la cual debía ser cesada". Pese a que entonces había otros 47 funcionarios interinos sin cargo a plaza trabajando en el ayuntamiento, tres de ellos en la misma situación que la cuñada de Barcala, pues no ocupaban el puesto para el que fueron nombrados, solo ella fue despedida.

Esa circunstancia, en opinión de la magistrada, evidencia "la voluntad" del entonces alcalde de llevar a cabo una "represalia" por la denuncia del portavoz del grupo popular. Comunicó su decisión al concejal de Recursos Humanos, el también socialista Carlos Giménez, para el que se ha sobreseído la causa, el 18 de abril de 2017, el mismo día que Barcala interpuso la denuncia contra él. Como Giménez se encontraba de vacaciones en Santander, el propio Echávarri llamó al día siguiente a un técnico de Recursos Humanos para trasladarle directamente la orden, lo que el empleado público hizo constar en una diligencia.

Ese funcionario y otra compañera del departamento prepararon el decreto por el que se cesaba a la cuñada de Barcala, una técnica de museos adscrita a la Concejalía de Cultura, "por haberse cumplido el objetivo para el que había sido contratada". En concreto, la cuñada de Barcala había sido seleccionada en 2010 para trabajar en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad (Maca) y el espacio cultural de Las Cigarreras, pero en 2015 se le encomendó la preparación de exposiciones en la Lonja del Pescado.

Echávarri sostiene que el despido fue legal porque su situación laboral suponía un "fraude de ley", al tiempo que ha negado durante la instrucción judicial que la decisión respondiera a una venganza contra el portavoz del PP. Sin embargo, la titular del juzgado de Instrucción 2 de Alicante considera que existen indicios de que el decreto "obedece únicamente a la voluntad" del entonces "alcalde en una evidente, patente, flagrante y clamorosa desviación de poder".

En su opinión, el procesado dio "apariencia de legalidad a su voluntad, que se erige como fuente del derecho" y ejerció "sus facultades de forma manifiestamente arbitraria". El pleno del ayuntamiento aprobó el 28 de abril de ese mismo 2017 una declaración institucional por la que condenaba el despido y la afectada fue readmitida en su puesto unos días después. Aunque el auto de procesamiento ha sido recurrido por la defensa ante la Audiencia Provincial, la fiscalía ha presentado ya su escrito de conclusiones provisionales, en el que pide 10 años de inhabilitación para Echávarri, según las fuentes consultadas.