El edil de Infraestructuras, Israel Cortés (der.), a su llegada a la Audiencia. Foto: EPALICANTE (EP/AP). El jefe de gabinete de Alcaldía, Vicente López, y el concejal de Infraestructuras, el popular Israel Cortés, han declarado este viernes en calidad de testigos en Fiscalía, en las diligencias abiertas para determinar si la contratación de Miguel Ángel Redondo como personal de confianza del PP fue una contraprestación a cambio del voto ejercido por la concejala no adscrita, Nerea Belmonte, con el que el popular Luis Barcala fue investido nuevo alcalde de Alicante como candidato de la lista más votada.
Tanto López como Cortés han rechazado pronunciarse sobre el contenido de su testimonio al término de sus respectivas comparecencias ante el teniente fiscal de Alicante, José Llor, y el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones. Ni Vicente López, que ha declarado durante 40 minutos, ni el edil de Infraestructuras, a cuya concejalía estaba adscrito Redondo y que ha respondido a los fiscales durante más de hora y media, han querido ofrecer detalles al respecto, a las puertas de la Audiencia Provincial. Fuentes municipales aseguran que el silencio del jefe de Gabinete de Alcaldía y del concejal de Infraestructuras obedece a que "hay una investigación abierta y no se quiere entorpecer con declaraciones a los medios". Ambos fueron citados después de que Redondo señalase que él se había dedicado a seguir sus directrices, durante el mes en el que ejerció como personal de confianza del equipo de Gobierno.
Redondo fue destituido por el primer edil, tras conocerse que podría haber prestado asesoramiento a Belmonte, a quien acompañó en su visita a dependencias municipales y a las sedes de varias organizaciones sociales. Su contratación había permanecido oculta, pese a las preguntas expresas formuladas por Alicante Plaza a miembros del equipo de Gobierno, hasta el día en el que el decreto con la relación de personal de confianza designado por Barcala apareció publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Justo ese día, el primer edil acordó su cese, después de que trascendiese una información sobre Redondo relacionada con un asunto de índole personal que se dirime en los juzgados.
Como ya ha informado este diario, la semana que viene, y en un caso paralelo en el que Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de investigación por la supuesta compra del voto de Belmonte para avalar la investidura de la socialista Eva Montesinos a la Alcaldía, está prevista la comparecencia del exsenador socialista Ángel Franco, a petición del fiscal Felipe Briones.
Belmonte, que en sesión plenaria aseguró que la izquierda le había ofrecido un contrato de 3.500 euros e ir en las listas en 2019, declaró ante el fiscal Anticorrupción, que el socialista Ángel Franco fue la persona que materializó el ofrecimiento. La apertura de la investigación por la supuesta compra del voto de Belmonte se originó tras la denuncia en Fiscalía de los activistas vecinales y militantes de Podemos, José Luis Valdés y Francisco Javier García.
Las comparecencias de López y Cortés han suscitado reacciones entre los grupos de la oposición que presentaron escritos de denuncia sobre la contratación de Redondo. La portavoz del PSOE y candidata a la investidura, Eva Montesinos, ha mostrado su satisfacción por la citación de ambos representantes del PP, pero ha considerado que la contratación del ya exasesor fue una decisión "que no salió de ellos, sino de más arriba, de la persona que más se beneficiaba de esa contratación", por lo que ha confiado en que la justicia esclarezca "todo lo que pasó en relación a la investidura del señor Barcala".
Su homólogo de Compromís, Natxo Bellido, por su parte, ha expresado su deseo de que estas diligencias permitan desentrañar "qué es lo que pasó en ese triángulo de las Bermudas compuesto por Belmonte, Redondo y Barcala".
