Imagen actual de la Avenida de Dénia de Alicante. Foto RAFA MOLINAALICANTE. La Generalitat deberá abonar 14,6 millones de euros a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Dragados S.A. y Rover Alcisa, S.A. por sobrecostes en las obras del acceso norte a la ciudad de Alicante por la avenida de Dénia. En resumen, es casi un 50% más de lo que adjudicó la obra, que fue por 33 millones de euros. Es decir, que en total de la reforma de la nueva vía, que ya lleva 10 años en funcionamiento, asciende a 48 millones de euros. La obra se debió ejecutar en 17 meses y al final se prolongó hasta 40 mensualidades.
Así lo establece una sentencia de la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo hecha pública este viernes, que revoca otra dictada en mayo de 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El Supremo ha admitido el recurso de las empresas -representadas por Rosa María Vidal, la que fuera directora general de Canal 9- y ha determinado que los sobrecostes son atribuibles a la Administración autonómica, que adjudicó el proyecto a la UTE en junio de 2006 por un importe de 33.882.380 euros.
Las empresas reclamaban a la Generalitat 14,6 millones por daños y perjuicios derivados de ampliaciones de plazo y modificaciones del contrato inicial.
Relación de costes adicionales que reclamaban las empresas.El Supremo considera que esos cambios "tienen como motivo directo y determinante el comportamiento de la Administración, pues desde el primer momento, como consta en el acta de replanteo de 10 de noviembre de 2006, incumplió con sus obligaciones contractuales".
Ello tuvo "especial incidencia en la ejecución de las obras por el contratista, ya que era imposible el inicio de las obras por la falta de disponibilidad de los terrenos y por la discrepancia entre planos y presupuesto en unidades de obra", añade el fallo. Entre las pruebas que han llevado al Supremo a esta conclusión destaca un informe de la jefa del Servicio de Contratación y Expropiaciones de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes de abril de 2010.
Ese documento constataba que el segundo modificado del proyecto respondía al "cambio de desvío de tráfico impuesto por el Ayuntamiento de Alicante", así como por la inclusión de "una gran fuente ornamental" y la reposición de vallados y cerramientos no contemplados en el plan inicial.
El alto tribunal acepta así las pretensiones indemnizatorias de los recurrentes, que "tienen base en una específica y adecuada prueba documental y pericial", y condena a la Generalitat a indemnizarles con 14.675.889 euros. La sala de lo contencioso del Supremo estima por ello los motivos de las promotoras "han de ser acogidos pues de la exposición de hechos que hizo la sentencia impugnada y que hemos trascrito ponen de relieve que las ampliaciones de plazo y los modificados contractuales tienen como motivo directo y determinante el comportamiento de la administración pues desde el primer momento, como consta en el acta de replanteo de 10 de noviembre de 2006,
incumplió con sus obligaciones contractuales con especial incidencia en la
ejecución de las obras por el contratista ya que era imposible el inicio de las
obras por la falta de disponibilidad de los terrenos y por la discrepancia entre planos y presupuesto en unidades de obra", alega el Supremo.
La actual consellera de Vivienda, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, María José Salvador. (foto EVA MÁÑEZ)Ante el fallo, la actual Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio considera que "esta es una más de las incontables sentencias que vienen condenando a la Generalitat al pago de enormes cantidades de fondos públicos, y que tiene que asumir el actual gobierno valenciano, por sobrecostes o actuaciones mal ejecutadas realizadas por los anteriores gobiernos del PP".
"Es un caso más de la ruina en diferido que ha dejado el anterior gobierno de la Generalitat del PP", afirman desde el departamento de María José Salvador. Así, desde la conselleria, han lamentado "la gran losa de pagos por indemnizaciones debido a la mala gestión del anterior gobierno que se une también a la de los pagos aplazados que dejaron". En el caso de esta obra de la Avenida de Dénia, la actual Generalitat ha pagado ya 12.5 millones de euros entre 2015 y 2017 y falta por pagar otros 12.5 entre 2018 y 2020 a los que hay que sumar ahora los 14.6 millones de la sentencia. De hecho, la Generalitat lamenta que "se ve obligada diariamente a afrontar el pago de millones de euros como consecuencia de las deudas, sobrecostes, expedientes de ayudas y subvenciones sin pagar que ha generado la nefasta gestión realizada por los gobiernos del PP".
Por ello, insisten desde el Gobierno valenciano, "resulta paradójico que el PP haya formulado en las Corts hace unos días una petición de comparecencia de la actual consellera para que informe sobre que inversiones nuevas está previsto ejecutar en la Comunitat Valenciana, cuando sería más oportuno que pidiera la comparecencia de los anteriores responsables de la Conselleria (entre los que se encuentra la actual presidenta del PP Isabel Bonig) para que diera cumplida respuesta a los motivos que indujeron a todos esos descomunales sobrecostes y deudas de todo tipo".
