El presidente del Consejo de Transparencia, Ricardo García Macho. Foto: CORTS/INMA CABALLERSANTA POLA. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana ha instado al Ayuntamiento de Santa Pola a que incoe el procedimiento sancionador contra el o los responsables de la posible comisión de faltas graves o muy graves expresada por no facilitar el acceso a un expediente administrativo, tal y como había reclamado reiteradamente el portavoz socialista, Lorenzo Andreu. En concreto, se refiere a un expediente administrativo sobre el pago de horas extraordinarias a agentes de la Policía Local en julio de 2019, al poco de acceder el nuevo equipo de gobierno formado por ediles del Partido Popular.
La solicitud fue registrada ante el Consell de Transparència el 17 de octubre de 2019. El portavoz del grupo socialista, Lorenzo Andreu Cervera, interpuso una queja formal debido a que el Consistorio no les facilitaba copia de un expediente administrativo sobre las horas extraordinarias de la Policía Local, y el Consell estimó parcialmente la reclamación y resolvió expresamente el derecho de Andreu Cervera, concejal el derecho de acceso a la información solicitada. Dicha resolución fue debidamente notificada al Ayuntamiento de Santa Pola el 5 de junio de 2020, según figura en el expediente.
En la citada resolución se invitaba al reclamante a que comunicara al Consell de Transparència cualquier incidencia que surgiera respecto de la ejecución de la resolución y que pudiera perjudicar a sus derechos e intereses. Pues bien, con fecha de 9 de julio de 2020, Andreu Cervera volvió a denunciar que su pretensión se hallaba aún pendiente de satisfacción. El 20 de julio de 2020 esta Comisión Ejecutiva del Consejo de Transparencia instó al Ayuntamiento de Santa Pola a dar cumplimiento completo a la resolución. Y le recordó al consistorio que las resoluciones del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana "son de obligado cumplimiento al tiempo que se le advierte que el artículo 31.1.c de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana tipifica como infracción “muy grave”. Según la resolución, el Ayuntamiento recibió dicho escrito conminatorio el 17 de agosto de 2020. Sin embargo, el Consell "no ha recibido comunicación alguna sobre el cumplimiento de su resolución, tal y como expresamente se le solicitó, de manera inmediata y pormenorizada".
El presidente del Consejo, Ricardo García Macho, admite desconocer si el motivo del flagrante incumplimiento es imputable a personal funcionarial del Ayuntamiento de Santa Pola, a autoridades municipales o a la conjunción de ambas opciones. En todo caso, sin perjuicio de lo que se estime conveniente por parte de ese Consejo, "el abajofirmante considera que existe concurrencia de responsabilidades en la cuestión que nos ocupa, pues desde el Servicio de Recursos Humanos no se ha facilitado la información requerida y desde la Alcaldía, responsable en última instancia de la Transparencia en el Ayuntamiento de Santa Pola, no se ha procurado el cumplimiento de dicha resolución".
Por todo ello, el consejo resuelve instar al Ayuntamiento de Santa Pola a que incoe el procedimiento sancionador contra el o los responsables de la posible comisión de faltas graves o muy graves y solicitar que comunique al consejo el resultado del procedimiento sancionador incoado.
El portavoz socialista dice sentirse avergonzados/as de la actitud de total falta de transparencia del equipo de Gobierno del PP. “No sólo es una anormalidad democrática que una alcaldesa no facilite documentos públicos a la oposición, sino que también es un atropello a nuestros derechos como miembros de la Corporación municipal”, declara Lorenzo Andreu.
