El centro de oficios de la extinta Coepa, en la calle Metalurgias del barrio de Babel, en Alicante. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. La reactivación del centro de oficios de la extinta Coepa se sitúa definitivamente en la parrilla de salida. Salvo imprevisto de última hora, la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante firmarán la próxima semana el convenio de colaboración por el que se regula su reflote con la intención de que el edificio pueda estar operativo a principios de 2024. Esa es, cuando menos, la programación que maneja la Conselleria de Economía para acometer la remodelación integral que el inmueble necesita para que vuelva a estar operativo. En principio, la firma del convenio dará paso a la redacción del proyecto de rehabilitación. Así, se estima que las obras licitarán antes de que concluya 2022 para que puedan ponerse en marcha en el primer tramo del próximo año con una duración estimada de cerca de un año, a la espera de que se concreten plazos definitivos en el proyecto que se acabe redactando.
En virtud de ese convenio, el departamento autonómico que coordina Rafa Climent asume el compromiso de invertir cerca de 5,5 millones, a partir de los cálculos reflejados en la memoria elaborada por los técnicos de la conselleria tras la inspección y evaluación del inmueble, como ya ha informado este diario. Esa suma se desglosará a lo largo de los tres próximos ejercicios, a través de los presupuestos autonómicos de 2022 a 2024, con la previsión de que pueda contar con financiación europea, en función de la última modificación introducida en la redacción del convenio, a petición de la propia conselleria.
Pero, además, el compromiso de la Generalitat comprende otro esfuerzo económico al margen de la asunción de la suma indispensable para su reforma. Esta vez, ese esfuerzo extra llega de la mano del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Se trata de la cancelación de la hipoteca que todavía pesa sobre el edificio tras la concesión del préstamo de 3 millones concedido a la extinta patronal de la provincia de Alicante para la construcción del centro de oficios, que quedó impagado tras su liquidación. Con la firma del acuerdo entre la Generalitat y el Ayuntamiento, el IVF dará por anulada esa deuda, de modo que el edificio quedará libre de cargas. Eso sí, esa cancelación (que debe elevarse a escritura pública en el plazo de un mes) queda vinculada a la condición de que el inmueble quede ligado al uso de interés general estipulado en el propio convenio: el de impartir cursos de formación y capacitación laboral.
¿Sobre qué ámbitos se prevé orientar esa cualificación? En esencia, sobre los sectores predominantes en el propio territorio en los que exista demanda de mano de obra cualificada. Se da por hecho que podría proporcionarse formación sobre actividades ligadas a la construcción, al sector servicios y la actividad turística o relacionadas con los procesos de digitalización y la industria tecnológica, por ejemplo. Para ello, Labora planteará una programación anual de cursos para desempleados y empleados que requieran de una mejora en sus habilidades profesionales, después de contactar con el tejido productivo local para concretar cuáles son sus demandas.
El convenio establece que el IVF cancelará la hipoteca por el préstamo de 3 millones concedido a la extinta Coepa, al margen del compromiso de inversión de 5 millones en la rehabilitación del inmueble
Por su parte, el Ayuntamiento se comprometerá a ceder de forma gratuita el derecho de superficie del solar de titularidad municipal sobre el que se asienta el edificio por un plazo de otros 50 años, con posibilidad de que pueda acordarse una posible prórroga posterior, de un modo similar al acuerdo que se alcanzó con Coepa en 2001, con una cesión por 30 años. Además, tendrá la potestad de supervisar el proyecto de rehabilitación y se avendrá a facilitar la concesión de los permisos requeridos para el desarrollo de las obras.
Y, por último, tendrá la posibilidad de disponer de un espacio propio en el edificio para desarrollar acciones formativas o de emprendimiento propias, desplegadas por la Agencia de Desarrollo Local. Es más, incluso el IVF también dispondrá de un espacio propio en el inmueble en el que podrá ofertar sus servicios propios o desarrollar actividades docentes relacionadas con la política financiera.
La propuesta de convenio quedará ratificado en en el pleno del Consell del próximo viernes, día 10. De hecho, se preveía que pudiese quedar aprobado en la sesión precedente, del 3 de junio, aunque no llegó a incluirse en su orden del día, a la espera de que la Intervención de la Generalitat concluyese su supervisión definitiva. Así, todo parece indicar que el acto protocolario de firma podría celebrarse la próxima semana, con la presencia del jefe del Consell, Ximo Puig; del conseller de Economía, Rafa Climent; del alcalde de Alicante, Luis Barcala; y de los directores generales de Labora y del IVF, Enric Nomdedéu y Manuel Illueca, respectivamente.
