Los representantes del Consejo Local de Comercio de Alicante, durante su reunión del miércoles.Echávarri vuelve a reivindicar la capacidad de decisión de la ciudad para fijar su propio modelo comercial y esperará a conocer los términos de la nueva regulación para concretar un acuerdo municipal
ALICANTE. Pacto global definitivo de 39 festivos de apertura para todos. También para la ciudad de Alicante. La Conselleria de Economía mantiene su propuesta inicial, concertada el pasado 5 de diciembre, y prevé aprobar este jueves, tras la convocatoria del Observatorio del Comercio, una nueva regulación de horarios comerciales de carácter estacional para el conjunto de poblaciones de la Comunitat que ya disponen de una Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en vigor. Al margen de las ciudades de Alicante y València, se trata de una situación que se da en otros grandes municipios como Torrevieja o las zonas de costa de Orihuela, Pilar de la Horadada y Benissa.
Ese nuevo modelo permitirá que el gran comercio encuadrado en esas ZGAT pueda levantar la persiana los domingos y festivos comprendidos entre el 15 de junio y el primer domingo de Rebajas, además de la Semana Santa. En su conjunto, esos dos periodos suponen el citado cómputo final de 39 días (en un principio se había barajado una horquilla de 38-40 festivos), frente a los 63 habilitados en la actualidad en algunos ámbitos territoriales de esas ciudades.
La propuesta de acuerdo incluye expresamente la posibilidad de que Alicante y València puedan acordar un régimen específico propio que el Consell respetará siempre que cuente con el respaldo unánime de los actores representativos del sector: los operadores comerciales y los sindicatos. De hecho, como ha publicado este diario, Economía negoció hasta este mismo miércoles un pacto alternativo para la ciudad de Alicante con el propósito de reducir a 31 las jornadas hábiles para el comercio a partir de tres periodos distintos: desde el 15 de junio al 15 de septiembre; desde el 15 de noviembre al primer domingo después de Reyes y, por último, la Semana Santa.
El propio director general de Comercio, Natxo Costa, mantuvo contactos con los representantes de Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante durante la mañana del miércoles para conocer su posición al respecto. Y, según las fuentes consultadas, volvieron a defender el planteamiento que vienen reivindicando desde 2013: que se mantenga la igualdad de condiciones para competir, sin distinciones de trato, como la que sí existía con la ZGAT limitada al Centro tradicional. Sin embargo, la patronal de las grandes superficies, Anged, rechazó esa propuesta de reducción de jornadas y se aferró a la vigencia del acuerdo autonómico, lo que frustró las expectativas de Economía de consensuar una regulación específica más limitada. Al menos por el momento. Según fuentes de la conselleria, nada impide que se pueda seguir negociando en busca de ese acuerdo local que pueda convencer también a las asociaciones más representativas del pequeño comercio. De hecho, las mismas fuentes insistieron en que esa posibilidad se contempla expresamente en el acuerdo autonómico que se espera ratificar con el respaldo de todos los operadores, incluidas las asociaciones de ámbito autonómico que agrupan al pequeño comercio como Covaco y Cecoval. O, al menos, sin rechazo expreso de nadie. Tampoco el de los sindicatos, CCOO y UGT, que sí expresaron su rechazo a ese acuerdo 24 horas después de que se hiciese público.
Costa expuso los términos de esa regulación en el transcurso del Consejo Local de Comercio, celebrado al mediodía en el Ayuntamiento de Alicante. Lo hizo en el turno de ruegos y preguntas, después de que el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, informase al consejo sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anula el recurso de los tres centros comerciales contra la ZGAT acordada en 2013 por el PP, ratificada en octubre de 2016 por el ya extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís). El primer edil no llegó a plantear ninguna propuesta de acuerdo relacionada con los horarios comerciales, aunque sí había manifestado su intención de plantear que se reestableciese la ZGAT de 2016 (aprobada por una amplia mayoría del Consejo Local) sin necesidad de que volviese a votarse.
En lugar de eso, Echávarri lamentó que se haya estado negociando una nueva regulación global que afectaría a la ciudad de Alicante sin informar ni dar participación al Ayuntamiento. Tanto él como la edil de Comercio, Gloria Vara, apuntaron que Alicante seguiría reivindicando su "soberanía" y su capacidad de decisión para plantear su propia regulación, pese a que, en última instancia, las competencias sobre la materia sean de la Generalitat. Así, apuntaron que esperarían a conocer los detalles de la propuesta que se apruebe en el seno del Observatorio para fijar la posición municipal. Es decir, si se acepta ese acuerdo o si se opta por la vía del recurso. En esta línea, abundaron en que los términos en los que ese pacto global permite la posibilidad de acordar una regulación local específica "no son propios de un sistema democrático, ya que se impone el requisito de la unanimidad, cuando la esencia de la democracia es que se contemple la posibilidad de discrepar".
En el debate, todos los grupos políticos con representación municipal fijaron posiciones. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, reprochó a Echávarri que no hubiese convocado el Consejo Local de Comercio que se le exigió en julio para debatir una regulación propia desde Alicante. Con todo, abogó por insistir en esa posibilidad, de modo que se alcance una regulación con menos festivos de apertura. El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, apuntó en que su formación sigue defendiendo una ZGAT limitada a la fachada marítima. Con todo, contempló como la menos lesiva cualquier alternativa que ofrezca las máximas posibilidades de conciliación familiar para los trabajadores del sector y defendió que se estableciese igualdad de condiciones para todos los operadores. El representante de Ciudadanos, Vicente Buades, insistió en la necesidad de esa igualdad de competencia. Y el portavoz del PP, Luis Barcala, subrayó, primero, el desconcierto propiciado tanto por el Ayuntamiento como por el Consell a la hora de regular sobre la materia. Y, después, coincidió en que ni el Consell ni Compromís pueden imponer un modelo comercial para Alicante, ni determinar que cualquier alternativa que se trate de acordar desde la ciudad tenga que ser aprobada por unanimidad. También hubo discrepancias entre los representantes del pequeño comercio y se puso de manifiesto el rechazo de los sindicatos.
