El centro de congresos de Alicante echa a rodar pendiente del parking, de los accesos y del Consell

ALICANTE. El último proyecto del centro de congresos de Alicante echa a andar en un segundo documento oficial. El Ayuntamiento y la Diputación firmaron este lunes el convenio de colaboración con el que ambas administraciones comprometen su participación en el impulso de la infraestructura. La rúbrica llega casi un año después de que sus respectivos titulares, Luis Barcala y Carlos Mazón (ambos del PP) registrasen una manifestación de interés para optar a la concesión de la explanada de los muelles 7 y 9 del Puerto con la intención de situar allí ese centro de congresos, junto al nuevo centro operativo de Suma (el organismo tributario de la Diputación).

Los términos de ese protocolo de colaboración ya se dieron a conocer este mismo lunes, para confirmar las líneas centrales que se habían venido avanzando hasta ahora. En función de ese acuerdo, la Diputación se compromete a aportar dos tercios de la inversión requerida para la ejecución de las obras y a impulsar los procesos de licitación para la redacción de su proyecto y para su construcción. El ayuntamiento, por su parte, queda obligado a asumir el tercio restante del coste de la infraestructura, para la que se calcula una inversión de 50 millones. Además, ambas administraciones conciertan la constitución de un consorcio público o de colaboración público-privada como instrumento encargado de asumir la gestión y explotación de las instalaciones, una vez construidas, con el reto de que su actividad llegue a duplicar el impacto que el sector de los congresos y las reuniones profesionales venía generando en la ciudad hasta antes de la irrupción de la pandemia. Ese rédito se calcula en torno a los 22,5 millones, de modo que se pretende que esa cifra llegue a situarse entre los 40 y los 50 millones.

Al margen de ello, con la firma del convenio se anticipó cuál debería ser el calendario estipulado para que el proyecto acabe convirtiéndose en realidad, después de varias tentativas fallidas en emplazamientos como las faldas del Benacantil o el barrio de Sangueta. En principio, el objetivo es que las obras puedan iniciarse durante la primera mitad de 2023, a las puertas de las próximas elecciones municipales. Para llegar a ese momento, se prevé que la Diputación convoque en el margen de los dos próximos meses un concurso internacional de ideas para adjudicar la redacción del anteproyecto del edificio: el primer proyecto básico en el que no solo se contará solo con un simple boceto, sino con un esqueleto técnico completamente definido sobre su diseño. 

El departamento de Arquitectura de la institución provincial ya tiene el pliego de condiciones prácticamente listo para que pueda acordarse su convocatoria en el momento en el que obtenga el visto bueno de la comisión técnica y de la comisión institucional prevista en el convenio, a conformar en un plazo máximo de un mes entre representantes de distintas áreas del Ayuntamiento y de la Diputación (entre ellas, las de Urbanismo, Turismo, Presidencia y Arquitectura, por ejemplo). En ese pliego se incluyen las características que debe reunir el futuro edificio, para el que se aspira a lograr un diseño arquitectónico icónico que sirva como emblema de Alicante, a partir de los parámetros ya delimitados en los estudios previos que se han elaborado hasta ahora. 

El propio convenio de colaboración rubricado este lunes detalla que el edificio se asentará sobre una superficie de 20.000 metros cuadrados comprendida entre los muelles 7 y 9 de la que se prevé disponer en régimen de concesión por un plazo de 50 años, en el momento en el que quede aprobada la modificación del Plan Especial del Puerto y de las Determinaciones de Uso y Espacios Portuarios (DEUP) que permitan darle encaje. Se trata de dos documentos que ya están en fase de tramitación, como viene informando Alicante Plaza. 

Además, en el convenio de colaboración también se delimita que el futuro edificio deberá tener una edificabilidad de 20.000 metros cuadrados y que disponga de una sala principal con capacidad para 2.000 asistentes. De igual modo, entre las características exigidas a través de ese pliego se requerirá la necesidad de que se concrete una solución para organizar una zona reservada para el estacionamiento como espacio asociado a la actividad del edificio congresual: uno de los principales condicionantes todavía por resolver. 

En principio, se cuenta con el apoyo de los estacionamientos ya construidos en el entorno, como el parking del edificio de Panoramis y el parking de Poniente, al que ahora se trata de encontrar un nuevo gestor. No obstante, se considera imprescindible que el anteproyecto incluya la planificación de otro espacio específico para el estacionamiento de vehículos, toda vez que se pretende que el edificio tenga un carácter plurifuncional, como espacio para el desarrollo de eventos vinculados a la música o a la cultura, y no solo para el desarrollo de congresos. Será cada uno de los proyectistas que participen en el concurso quienes decidan qué emplazamiento y qué disposición resulta más oportuna (con posibilidad de situar alguna planta en subterráneo o en altura) para situar ese futuro parking.

La convocatoria de ese concurso internacional para la redacción del anteproyecto contará con un presupuesto de 250.000 euros ya consignado en las cuentas de la Diputación para este ejercicio (salvo que pueda incrementarse con una dotación adicional por parte del Ayuntamiento) como cantidad a repartir entre los primeros clasificados. El equipo técnico que resulte seleccionado tras presentar la mejor propuesta será el que se encargue de redactar el proyecto definitivo y de asumir la dirección de obra por un porcentaje del coste final del edificio. De acuerdo con los cálculos ofrecidos por el presidente de la Diputación este lunes, se estima que ese proyecto definitivo (a trazar sobre los cimientos del anteproyecto) pueda estar terminado y entregado a finales de este año, lo que permitirá poner en marcha el proceso de contratación de la ejecución de obra ya en los primeros meses de 2023. Con esa fórmula se pretende acortar los plazos que entrañaría la convocatoria de un concurso de ideas al uso, en el que no se incluye un grado de definición técnica excesivamente exhaustivo.

El gabinete que resulte seleccionado en el concurso internacional para la redacción del anteproyecto será el encargado de elaborar el proyecto definitivo y de asumir la dirección de obra

Para ese primer tramo del próximo año, el Ayuntamiento debe haber elaborado un estudio de movilidad en el que se procuren soluciones para los accesos hasta el edificio. En principio, se cuenta con facilitar los desplazamientos hasta el centro de congresos tras el retranqueo de la avenida de Elche en terrenos del Puerto, como ya se prevé en su Plan Especial. Con esa reorganización, se contempla la construcción de una nueva glorieta que redistribuya la circulación para los desplazamientos hasta el edificio congresual y a la nueva sede del Distrito Digital, ya en ejecución en el muelle 5. No obstante, ese retranqueo queda a la espera de que Adif acabe desafectando las vías de Benalúa y pueda ceder sus terrenos a la ciudad en una operación que incluye la construcción de un parque de más de 120.000 metros cuadrados sobre la playa de vías y sobre el trazado de los cuatro carriles de la actual avenida de Elche.

Por último, el último fleco -y no menor- todavía pendiente de resolución atañe a la posible participación de la Generalitat. Tanto Mazón como Barcala reiteraron este lunes que se cuenta con la "predisposición" ya manifestada por el presidente del Consell, Ximo Puig, en implicarse en la ejecución del proyecto. El titular de la Diputación defendió que ya había sido una cuestión tratada en los encuentros bilaterales celebrados hasta ahora entre la Generalitat y la Diputación y apuntó que se preveía contar con el anteproyecto del edificio antes de este verano poder cerrar esa posible participación de la administración autonómica. 

Sea como fuere, apuntó que en los estudios considerados hasta ahora se ha tenido en cuenta la posibilidad de financiación de las obras con los recursos propios de la Diputación y del Ayuntamiento. Es decir, que la construcción del centro de congresos no quedaría lastrada en el caso de que la Generalitat no llegase a integrarse en un acuerdo a tres bandas para sufragar su ejecución. Por lo pronto, según añadieron, el convenio de colaboración está abierto a la incorporación de fondos autonómicos o de otras administraciones.