ALICANTE. La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (PROVIA) ha alertado sobre el retraso que generará la entrada en vigor del Brexit en la venta de viviendas en determinados municipios de la zona de la Vega Baja, a causa de una ley franquista que obliga a los extranjeros no comunitarios a solicitar un permiso del Ministerio de Defensa cuando la vivienda se encuentra en alguna localidad catalogada como de interés estratégico para la defensa nacional. En total, los promotores estiman que esta norma podría retrasar la venta de 800 viviendas anuales, principalmente ubicadas en los municipios de Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada y San Miguel de Salinas.
En la actualidad, y según el ‘Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional’, Decreto 689 de 10 de febrero de 1978, cuando una persona física o jurídica, de nacionalidad de un Estado no miembro de la Unión Europea compra un inmueble situado cerca de alguna zona de acceso restringido, debe solicitar una autorización militar mediante instancia dirigida al Ministerio de Defensa y previamente al otorgamiento o inscripción de la escritura, explica PROVIA en un comunmicado. Esta obligatoriedad se da en la provincia de Alicante para viviendas localizadas en las zonas citadas.
El comprador debe aportar la misma documentación que ya se exigía hace 52 años, certificados que en algunos casos requieren gran burocracia, y esperar meses a que el correspondiente departamento del ejército otorgue su permiso. Los interesados pueden acudir a gestorías especializadas para, tras abonar unos honorarios de gestión, recibir ayuda para tramitar esta solicitud que suele tardar entre cuatro y seis meses en concederse, explica la asociación.
Desde PROVIA, su secretario general, Jesualdo Ros, explica que “hasta ahora el problema era grave, sin embargo, con la llegada del Brexit se convierte en un problema mayor, ya que también afectará a los británicos y, de la noche a la mañana, las solicitudes se van a multiplicar por cinco o seis”. Según PROVIA, los británicos representan en torno al 80% de las transacciones en las zonas afectadas, de modo que, basándose en las compras que se realizaron en 2019, las viviendas afectadas superarían las 800 en los municipios de Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada y San Miguel de Salinas.
Los promotores llevan años reclamando a los distintos gobiernos que eliminen esta obligatoriedad que se rige por un Decreto aprobado con anterioridad a la aprobación del texto de la Constitución Española, o en su defecto, proponen que se apliquen alternativas vigentes como son el silencio positivo o la declaración responsable. Para PROVIA, “existen formas más actualizadas para obtener los datos que se solicitan y se tendría información mucho más completa y útil que la que solicitan”, señalan desde la entidad. La normativa sobre blanqueo de capitales que han de cumplir las entidades financieras o los fedatarios públicos, son ejemplos de datos que resultarían más que suficientes y actuales para estudiar autorizar estas compras de viviendas y supondría simplificar los procesos de tramitación y, por tanto, atraer riqueza a la provincia de Alicante”, apunta el secretario general de PROVIA.
