Funcionarios acuden al Síndic de Greuges para que el Ayuntamiento informe sobre cómo actuarEL CAMPELLO. Algunos contratos menores de El Campello están estancados y ponen en peligro que los servicios se sigan prestando. ¿El motivo? Los técnicos municipales se niegan a firmar cualquier documento sin que el departamento de Intervención les garantice que es legal. Las reservas del personal municipal están justificadas: actualmente hay una funcionaria investigada por un caso de posible fraccionamiento de contratos por la depuradora de Cala Merced y la fuente del Centenario.
Que haya quedado desierta la adjudicación del mantenimiento de la fuente del parque central aboca a la necesidad de firmar contratos menores mes a mes para seguir prestando el servicio. Pero, ¿y si los técnicos se negaran a firmarlos? ¿Significa eso que se dejarían de prestar los servicios? La respuesta desde la Concejalía de Servicios e Infraestructuras (Cs) es clara: sí. De hecho, El Campello ya tiene carencias en ciertos servicios, como el de la grúa, pues el jefe de la Policía Local se ha negado a firmar servicios fuera del contrato. Tampoco hay posibilidad de usar los ascensores en los edificios públicos. Y que no funcionen los cajeros del parking de 'Els Furs' también impide prestar el servicio y, por tanto, ingresar dinero a las arcas municipales. A ello, se debe sumar que tampoco se han licitado los contratos de ferretería (redactado desde hace 19 meses) y el de obras (listo hace cinco meses).
Una sorpresa más: las fuentes han empezado a vaciarse porque no hay cloro para poder mantenerlas. A la del Centenario todavía no le ha llegado el turno, pero declaraciones municipales aseguran que es cuestión de tiempo. Una fuente que ha traído serios problemas al Ayuntamiento. Por un lado, porque una sentencia del TSJ obligó a pagar 1,3 millones a su constructora como indemnización, ya que este elemento no se contemplaba en el proyecto inicial. Por otro, porque los múltiples contratos menores que se han hecho para su mantenimiento tienen sentados en el banquillo por un caso de posible fraccionamiento de contratos a cinco políticos y una técnica municipal.
Dentro de este proceso judicial, los seis cargos que están siendo investigados son la técnica jefa del Área de Infraestructuras; el actual alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer (PP); el anterior primer edil, Benjamí Soler (Compromís), y los anteriores concejales de Infraestructuras, Alfred Botella (Compromís), David Ramírez (Compromís) y Alejandro Collado (PP).
En este sentido, un grupo de trabajadores del Ayuntamiento presentó una solicitud para que la administración local revisara la instrucción de contratos menores y anulara la normativa vigente en la actualidad al respecto. Y que, además, se convocara a todos los departamentos del consistorio para elaborar un sistema de contratación consensuado entre los distintos servicios municipales. Al no obtener respuesta del secretario, los mismos funcionarios acudieron al Síndic de Greuges, órgano que ha instado al Ayuntamiento a contestar a los interesados en un mes. Sin embargo, este plazo máximo ya ha transcurrido y siguen sin una respuesta.
Según información a la que ha tenido acceso Alicante Plaza, la petición que en su día presentaron los trabajadores municipales se fundamenta en la "indefensión jurídica" que los técnicos y técnicas aseguran estar sufriendo, además de señalar "lagunas" sobre la manera de tramitar los expedientes. El grupo firmante considera que la elaboración de informes jurídicos-administrativos para la tramitación de los contratos se aleja de sus responsabilidades, cuyo límite está en redactar pliegos y prescripciones técnicas. Por ello, piden que quien ejecute estos informes sea el departamento especializado del ayuntamiento. En otras palabras, pasan la pelota al departamento Jurídico.
