Las vías que conectaban con la antigua estación de Murcia, en Benalúa. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante (PP y Cs) ha presentado una propuesta declaración institucional al pleno de febrero, que se celebra este jueves, en la que solicita a la Generalitat Valenciana "que respalde la negativa municipal al proyecto de Adif, para utilizar los terrenos de la antigua estación de Benalúa para trenes de mercancías, ejecutado sin el conocimiento del Ayuntamiento".
Fuentes municipales han concretado a través de un comunicado que, en la propuesta, el equipo de gobierno exige a Adif "que garantice por escrito que en ningún caso contempla el tránsito por la ciudad hasta la antigua estación de Benalúa de trenes cargueros que transporten materiales peligrosos o inflamables. Además, que se estudie otra alternativa que no comprometa este suelo ni suponga un riesgo para la seguridad de los vecinos de Alicante". Como viene informando Alicante Plaza, el estudio de esa alternativa, que comprende el desvío de los trenes hacia la terminal ferroviaria del Puerto, sigue en estudio.
Sea como fuere, en la propuesta de PP y Cs también se reclama "la inmediata desafección de los terrenos de Adif para dar continuidad al parque urbano litoral de Alicante" y concluye señalando que se comunique este acuerdo al presidente del Gobierno, al ministro de Transportes, al presidente de la Generalitat y al presidente de Adif.
De igual modo, PP y Cs también han presentado una segunda declaración institucional conjunta por la que piden que la corporación "condene la oleada de actos de violencia que se están registrando en distintas ciudades de España por el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél.
En el escrito se explica que "ante la oleada de disturbios que tienen lugar en distintos puntos de nuestro país, incluida la Comunidad Valenciana, a causa de las protestas ciudadanas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél y que se han traducido en más de medio centenar de heridos, numerosos detenidos y comercios destrozados, por medio de la presente Declaración Institucional queremos mostrar nuestro más profundo rechazo a los disturbios y conductas violentas que están teniendo lugar en distintos puntos de nuestra geografía".
El equipo de gobierno cree necesario resaltar que "el encarcelamiento de Hasél se produce como consecuencia de la desestimación por parte del Tribunal Supremo de los recursos interpuestos contra la Sentencia dictada por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional que le condenó por diversos delitos, más concretamente por un delito de enaltecimiento del terrorismo, un delito de injurias y calumnias contra la Corona y un delito de injurias y calumnias contra otras Instituciones del Estado".
Así, PP y Cs rechazan en la declaración institucional "que nos encontremos ante un caso de menoscabo de la libertad de expresión" y aseguran que "el Alto Tribunal destaca que el derecho a la libertad de expresión está condicionado por otros derechos constitucionales como es el caso de la prohibición de conductas de alabanza de actividades terroristas que constituyan un germen para acciones que ataquen los pilares de nuestro Estado de Derecho".
Además, la propuesta sostiene que "el rapero había sido condenado a cumplir una pena de nueve meses de prisión, hecho que en circunstancias normales no tendría por qué implicar su entrada en prisión al ser la citada condena inferior a dos años. No obstante, su entrada en prisión se produce debido a sus antecedentes penales ya que la ejecución de la Sentencia había sido suspendida por la Audiencia Nacional en un Auto de septiembre de 2019 en el que se apercibía al rapero de que si volvía a delinquir se ejecutaría la pena impuesta".
Las portavoces de PP y Cs, Mari Carmen de España y Mari Carmen Sánchez, apuntan que "en España nadie va a la cárcel por publicar tuits o por la letra de una canción, se va a la cárcel por tener antecedentes penales por agredir a un periodista durante una rueda de prensa, por agredir a un testigo de un juicio cuyo testimonio iba en contra de un amigo, por enaltecimiento al terrorismo… En definitiva, Pablo Hasél ingresa en prisión por tener antecedentes penales y por ser reincidente. En este sentido, todos y cada uno de los ciudadanos españoles estamos sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, estando obligados a observar su debido cumplimiento. Tal es así que la transgresión de cualquier norma del ordenamiento jurídico debe llevar aparejada su correspondiente sanción, especialmente en el ámbito penal".
Por todo lo expuesto, la propuesta añade que "dado que la oleada de violencia que se ha generado como consecuencia del encarcelamiento del rapero, nos produce estupor y perplejidad, queremos mostrar a través de la presente Declaración nuestra más profunda indignación ya que como ciudadanos de esta sociedad en ningún caso podemos defender posturas que ensalcen acciones violentas y que pretendan enmarcarse dentro del derecho a la libertad de expresión cuando sin duda se encuentran circunscritas dentro de un discurso del odio".
En consecuencia, el equipo de gobierno pedirá al pleno "que muestre su más profundo rechazo y declara su más firme condena a la oleada de violencia y disturbios ocasionados por radicales en contra del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél".
En tercer término, el equipo de Gobierno también ha presentado otra declaración institucional por la que exige a la Conselleria de Educación "que incluya a la concertada en el Programa Proa+". En la propuesta se insta a "que se amplíe el ámbito de los destinatarios últimos al resto de niveles educativos contemplados por la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, de fecha 1 de diciembre de 2020".
Según han concretado fuentes municipales, "actualmente esta convocatoria solo incluye a la red de centros públicos y establece como destinatarios últimos a los alumnos de 1º y 2º de la ESO. El argumento que esgrime la Conselleria de Educación para excluir a los centros concertados es que el procedimiento administrativo es largo y farragoso". Sin embargo, según PP y Cs, "en otras comunidades autónomas con los mismos tiempos que la Generalitat, como Murcia, Aragón o Baleares, han encontrado la forma de encajar a la concertada en el marco de este Programa".
El Programa Proa+ es un proyecto diseñado para el acompañamiento, motivación y refuerzo escolar personalizado para el alumnado más vulnerable educativamente durante el curso 2020-21. Está cofinanciado entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad Valenciana dentro del programa de Cooperación Territorial (PCT).
Los destinatarios de este programa son los centros financiados con fondos públicos a lo largo del curso 2020-21, con especial atención a los que muestren indicadores más altos de pobreza educativa. Los rasgos que los pueden definir según la misma resolución son: rezago educativo significativo, desconexión de la escuela, altos índices de repetición y absentismo, bajas tasas de idoneidad, riesgo de fracaso escolar y de abandono escolar. Y como destinatario último, el alumnado de educación primaria, ESO y bachillerato de dichos centros, con especial atención a los más vulnerables educativamente, concluye el comunicado.
