El alcalde, Luis Barcala, junto a los ediles socialistas Miguel Millana y Llanos Cano, en un pleno, en imagen de archivo. ALICANTE. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por PP y Cs, ha aprobado este lunes la liquidación contable del ejercicio de 2019 en la comisión especial de cuentas con el apoyo de Vox y las abstenciones de PSOE, Unides Podem y Compromís, después de que el grupo socialista haya advertido de que no se había facilitado toda la información requerida para poder fiscalizar el expediente.
En concreto, portavoces del PSOE han apuntado, a través de un comunicado, que "la información aportada no ha sido todo lo completa que se necesitaba para una valoración del informe". Así pues, se ha solicitado conocer la ejecución del presupuesto respecto del aprobado por el pleno del Ayuntamiento, así como más información sobre el balance de las inversiones previstas.
Según las mismas fuentes, en la comisión se ha informado que la tesorería en bancos del Ayuntamiento y sus entes y organismos autónomos asciende a 117,4 millones de euros y que los "ahorros" generados en la cuenta de resultado económico-patrimonial es de 51 millones de euros. A juicio del PSOE, esto demuestra que "ha habido una falta de ejecución del presupuesto, que es lo que Barcala ha criticado una y otra vez del equipo de gobierno de izquierdas durante el pasado mandato" "¿Y ahora qué? Estamos hablando de un presupuesto no afectado por la covid, lo que demuestra una deficitaria gestión", según ha señalado el portavoz socialista, Paco Sanguino.
El informe del interventor vuelve a advertir de la acumulación de pagos por contratos vencidos con un importe de 7,7 millones
En este sentido, el PSOE ha denunciado que "el señor Barcala ha estado 'peleando' por los famosos remanentes de tesorería cuando eran los propios ayuntamientos los que estaban atados de pies y manos por la famosa Ley Montoro". "Eso sí, ha preferido liquidar la deuda con los bancos antes que dedicar ese dinero para combatir la pandemia. Encima ha impulsado unos presupuestos para 2020, en plena crisis, que no sirven para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía inmersa en una alarma sanitaria, social y económica". Además, el PSOE recalca que "ha recurrido al 'decretazo' porque no ha conseguido acuerdos para la modificación presupuestaria de agosto".
Por otro lado, el PSOE ha preguntado cómo se va a enfocar la solución de "las irregularidades generadas por gran parte de los 64 expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito que han sido señalados por el interventor por defectos en el procedimiento de contratación por un importe de 9.867.212,18 euros, de los cuales 59 por importe de 7.732.584.56 euros corresponden a contratos previamente adjudicados que a su finalización no se había licitado ni adjudicado el nuevo contrato". "El Ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias para evitar que dicha irregularidad continúe, como indica el interventor", concluye el comunicado.
