El Ayuntamiento de Altea, dispuesto a anular la concesión de la zona azul con el aval del Consultiu

ALTEA. El Ayuntamiento de Altea ha aprobado declarar la caducidad del procedimiento relativo a la revisión de oficio del contrato de Concesión administrativa para la gestión integral del Servicio Público de Aparcamientos de Altea e iniciar un nuevo procedimiento de revisión de oficio del contrato, conservando todas las actuaciones realizadas obrantes en el expediente e incluyendo también el preceptivo Dictamen del Consell Jurídic; así como suspender la ejecución del contrato en lo relativo al abono de los gastos por grúa y depósito de vehículos. Un documento que ya desgranó esta semana Alicante Plaza.

Con los votos favorables del Equipo de Gobierno Compromís-PSOE, de Altea amb Trellat y Ciudadanos y la abstención del PP, en la tarde de ayer quedaba aprobado en el Pleno declarar la caducidad del contrato de gestión integral del Servicio Público de Aparcamientos de Altea e iniciar un nuevo procedimiento de revisión de oficio del contrato. Cuyo objetivo no es otro que, recuperar para el municipio los bienes públicos en poder de la concesionaria y evitarle a las arcas municipales tener que abonar a la misma las enormes cantidades de dinero que reclama al Ayuntamiento y que a día de hoy superan los 23 millones de euros.

Como recuerda el Alcalde, Jaume Llinares, se trata de una concesión del año 2000 y “cuya decisión política ahora está teniendo consecuencias económicas”. “Las consecuencias de este contrato no son comparables con ninguna otra consecuencia económica a la que ha tenido que hacer frente, por sentencia, el Ayuntamiento hasta el momento”; declara el primer edil alteano, quien no entiende cómo se firmó un contrato que todos los informes técnicos califican de “leonino” y “contrario a los intereses del municipio”; incluso así lo hace también el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Un dictamen del Consell que avala la decisión del Equipo de Gobierno de rescatar la concesión y los servicios de grúa y zona azul.

Como ha recordado el Alcalde, el contrato de concesión a Asterita Inmuebles contemplaba la construcción de 5 aparcamientos públicos subterráneos por parte del contratista para su posterior explotación y gestión; de los que sólo se ha construido uno, el del CEAM y una concesión de 60 años. Tres años después de esta concesión se llega a un acuerdo de mejora con la empresa, que ahora el Consell tilda de ilegal por contemplar el servicio de la ORA y el de Grúa Municipal como mejora y no como servicios públicos que han de ser objeto de licitación.

“7.600.000€ le ha costado ya al Ayuntamiento esta concesión y la concesionaria sólo ha construido un aparcamiento, cuyo coste ascendió a 1.800.000€ aproximadamente. Además, la concesionaria declara unos beneficios anuales de 200.000€ por explotación del aparcamiento, la ORA y la grúa y aún así le reclama al ayuntamiento 15.669.000€ en concepto de vehículos depositados y retenidos por la autoridad judicial o abandonados por sus propietarios, como 40.000€ por una bici, 46.000€ por una mobylette, y 100.000 por algún coche. Además, la reclamación del lucro cesante, ya que le quedan 37 años de concesión, puede superar lo que es un año presupuestario del Ayuntamiento,  algo inaudito y muy preocupante. Estamos luchando para que esto no llegue a suceder y pondremos en marcha todas las acciones legales que garanticen el reconocimiento de los intereses del municipio de Altea”. Ha declarado Jaume Llinares.

Durante la comparecencia pública que el Alcalde ha realizado en la mañana de hoy con objeto de explicar a la ciudadanía los pormenores del expediente y trasladar la importancia del mismo, éste ha estado acompañado por el portavoz del Grupo Municipal Compromís, Diego Zaragozí, quien ha suscrito todo lo dicho por Jaume Llinares y ha mostrado su  compromiso por seguir trabajando en la defensa de los intereses del municipio en lo que a este caso se refiere.

El Alcalde ha concluido con un mensaje positivo, a pesar de la complejidad del asunto,  en el que ha expresado satisfacción por el contenido del dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana que avala las acciones emprendidas hasta el momento por el Consistorio y la intención del mismo de declarar la nulidad del contrato de concesión, así como recuperar los servicios de grúa y ORA. “Del mismo modo, considero que el contenido del dictamen facilitará al Ayuntamiento de Altea la defensa de los intereses del municipio en cuantas acciones legales se emprendan si no se llega un acuerdo con la concesionaria”. Ha declarado Jaume Llianares, Alcalde de Altea.