El alcalde niega las anomalías y atribuye la denuncia al interés de Barcala por ser alcaldable 

ALICANTE. "No hay nada". Con esas tres palabras ha vuelto a resumir el alcalde y edil de Comercio, Gabriel Echávarri, su versión sobre la polémica suscitada en torno a los 25 contratos menores encargados de manera directa para ejecutar distintas campañas llevadas a cabo desde la concejalía que dirige durante el pasado mes de diciembre. 

En una comparecencia ante los medios, posterior a la interposición de la denuncia del PP en Fiscalía por un supuesto fraccionamiento de contratos, el primer edil ha insistido en que no se dan las circunstancias para que concurra el delito de prevaricación administrativa que señala el escrito del PP, ya que todo se ha hecho sin que nadie haya advertido de ninguna ilegalidad. "Sólo se han expuesto unas dudas que yo mismo como concejal de Comercio propuse que se disiparan tras instar el procedimiento de anulación de los contratos y que todo el proceso se sometiese al criterio del Consell Jurídic Consultiu", ha insistido.

También ha descartado que hayan existido "sobrecostes o malversación" puesto que nadie ha puesto en duda que los trabajos encargados se han prestado y que se han pagado a precio de mercado". "Esto no es como lo de las pantallas de la visita del Papa, por ejemplo", ha apuntado. De ahí que nadie se haya opuesto a que se produzca el abono de los servicios contratados por el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito, tras instar la anulación del pago con cargo a los presupuestos de 2016 hasta que el CJC emita su dictamen.   

En esta línea, ha detallado también que en todo momento se ha contado con la participación de los técnicos y del personal de la concejalía, en contra de lo que ha mantenido Barcala, y ha atribuido su decisión de acudir a la Fiscalía en busca de protagonismo para tratar de lanzar sus aspiraciones para convertirse en el próximo candidato del PP a la Alcaldía, en 2019, "ahora que parece que se comenta que el partido ya se ha decantado por Carlos Castillo".

Sobre los contratos, ha insistido en que no ha existido fraccionamiento de contratos ya que pese a que se pueda pensar, por ejemplo, que se trata de un mismo asunto, como la gala de Premios de Comercio, en todos los casos se trataba de encargar trabajos diferentes. Sobre los contratos relacionados con la señalética de los mercados, ha explicado que su necesidad se fue acordando en diferentes fases, tras mantener encuentros con los comerciantes de cada uno de ellos, por lo que tampoco puede considerarse que se tratase de contratos troceados. Ha recalcado, además, que el informe del interventor municipal no pone reparos ni al procedimiento seguido ni al pago de las facturas, sino que expresa sus dudas. "Si se hubiesen expuesto reparos, se habría opuesto al pago de las facturas, y no fue así", ha abundado.

Por lo que respecta a la participación de cargos de confianza a la hora de encargar la prestación de determinados servicios, ha dicho que se trata de algo habitual para concertar trabajos que se plantean de manera imprevista, entre otras circunstancias. 

En esta línea, ha incidido en que el grupo socialista está dispuesto a apoyar la comisión de investigación que propone Ciudadanos (C's) porque "no tenemos nada que esconder, estamos por la transparencia". "Si fuera por nosotros, que se constituya mañana mismo, pero tiene que pasar por pleno", ha insistido el alcalde. "Ahí acudirán los responsables de los servicios jurídicos y lo aclararán todo", ha enfatizado.