El expresidente del Grupo Santa Ana, en una imagen de su etapa al frente del Alicante CFALICANTE. El administrador concursal de Consorcio Empresarial San Vicente Sur SA, o lo que es lo mismo, la mercantil propiedad de la Villa Universitaria de San Vicente del Raspeig, en estos momentos en proceso de subasta judicial, considera que el concurso de acreedores instado en 2012 debe ser calificado como culpable. Así lo hace constar en un informe remitido al juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, que ha dirigido el proceso concursal y abrió a finales del pasado año la sección de calificación, al que ha tenido acceso Alicante Plaza.
La mercantil concursada estaba participada, a su vez, por otras tres. La principal, dueña del 50% del capital, era Consorcio de Promoción y Vivienda de Alicante SL (Coprovi), la cabecera del Grupo Santa Ana. Una de las promotoras alicantinas que protagonizó la edad de oro del ladrillo a mediados de la pasada década, y a la que el estadillo de la burbuja en 2008 se llevó por delante: en estos momentos, Coprovi también está en liquidación, como su participada sanvicentera. A pesar de que en la mercantil que levantó y explotaba la Villa Universitaria había otros dos socios (promotores madrileños), el informe remitido al juzgado señala que debe considerarse culpable del concurso al dueño de Santa Ana, el alicantino Juan Antonio Iniesta.
El informe señala que, si bien en los momentos previos a la declaración del concurso la Villa estaba dirigida por un consejo de administración formado por tres personas, fue Iniesta como consejero delegado quien llevó a cabo las distintas operaciones que agravaron la insolvencia de la concursada. Este agravamiento es el que lleva al administrador a considerar en su informe que el concurso debe ser declarado culpable, más allá de la insolvencia sobrevenida de la mercantil. En esencia, las operaciones que se relatan en el informe, y que se llevaron a cabo en los tres ejercicios anteriores a la declaración de concurso, consistieron en una disposición de fondos de Consorcio Empresarial San Vicente Sur en favor de otras mercantiles del Grupo Santa Ana, como la propia Coprovi.
Estas disposiciones de fondos se concretaron en créditos participativos hacia otras sociedades, en una cuantía que el informe cifra en 15,8 millones de euros. Asimismo, la mercantil propietaria de la Villa Universitaria firmó sendos contratos de arrendamiento de la gestión a otras tantas firmas pertenecientes al mismo grupo, Ana Hoteles and Resorts y Ana Hoteles Management (esta última, de nueva creación), lo que causó un pasivo adicional de 1,9 millones de euros, según el administrador concursal, sin contraprestación positiva alguna para la sociedad, dado que pertenecían al mismo grupo y además mantuvo a la misma plantilla.
Por este motivo, el informe pide al juzgado que se califique el concurso como culpable y se condene al propietario de Grupo Santa Ana como afectado por tal calificación. En este sentido, en la propuesta de calificación el administrador concursal pide al juzgado que condene a Iniesta a 10 años de inhabilitación, así como a satisfacer el déficit patrimonial producido a la concursada con sus decisiones, en la cuantía de 17,7 millones de euros.
En paralelo, como ha venido contando este diario, el juzgado aprobó en abril de 2017 el plan de liquidación de la mercantil propuesto por la administración concursal, que consistía en la subasta de la Villa Universitaria para recuperar el pasivo que reclamaban los bancos (fundamentalmente, el Banco Sabadell como heredero de la CAM, y la Sareb por adquisición de los créditos de Bankia, antes Bancaja), pero al mismo tiempo garantizando la continuidad de un negocio 'sensible', dado que se trata de facilitar alojamiento a los estudiantes universitarios.
La primera subasta recibió varias ofertas, pero ninguna llegaba al valor mínimo de liquidación, por lo que el administrador concursal no estaba obligado a adjudicar el activo. Así, constatado el interés de diversos inversores por la Villa, se convocó una segunda (ambas subastas se llevaron a cabo online, con el apoyo de la consultora VEO Comunicación y su portal eactivos.com), cuyo plazo se cerró el pasado sábado con la recepción de dos ofertas, una de las cuales alcanza los 19,7 millones de euros en que se valoró el inmueble. Esa cantidad, además, permitiría satisfacer la deuda bancaria de la mercantil en liquidación.
A pesar de las dificultades que obligaron a liquidar la concursada, lo cierto es que desde que se declaró el concurso de acreedores la Villa Universitaria ha incrementado su volumen de negocio en casi un 60%. En el ejercicio 2017 alcanzó una facturación de 3,18 millones de euros, según el CEO de VEO Comunicación, Joaquín Oliete. En 2016 se cerró con una facturación de 2,57 millones de euros, lo que supone que los ingresos han crecido un 24% en el último ejercicio.
