Educación volverá a licitar la retirada de amianto de tres centros de Alicante y retrasa la obra a 2023

ALICANTE. Vuelta a empezar, con penalizaciones para la concesionaria original. La Conselleria de Educación rescindirá el contrato sobre la retirada de fibrocemento en tres centros educativos de Alicante, tras la negativa de la UTE adjudicataria inicial, Gocoa Construcciones y Reparaciones, SL y Demoliciones y Excavaciones D-Tres, SL, a ejecutarlo con el argumento de que se habría producido un incremento en el precio de los materiales necesarios para su ejecución que no podría asumirse con los precios previstos. Al tiempo, se licitará un nuevo contrato por el procedimiento de urgencia para readjudicar esos trabajos. No obstante, con ese trámite las obras quedarán aplazadas finalmente durante otro año más, hasta el verano de 2023. 

Así lo han trasladado el director general de Infraestructuras Educativas, Víctor Garcia, y el director territorial de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, David Vento, a las comunidades educativas de los tres colegios afectados -los CEIP Azorín, El Tossal y Emilio Varela- en el encuentro anticipado este martes con el fin de detallarles los procedimientos iniciados por el departamento autonómico para encontrar una solución que permita desbloquear las obras. 

En esta línea, fuentes de Educación han precisado, a través de un comunicado, que tras mantener una reunión con la UTE adjudicataria el lunes 27 de junio, la conselleria ya está preparando toda la documentación de rescisión del contrato original. Así, según el director general de Infraestructuras Educativas, "en paralelo ya podemos ir tramitando una nueva licitación por urgencia que permita que tengamos una nueva adjudicataria en los primeros meses de 2023 y garantizar la retirada de fibrocemento el verano que viene". Según las mismas fuentes, dada la superficie de las cubiertas a sustituir, esos trabajos solo se pueden efectuar durante los dos meses de las vacaciones de verano.

Garcia ha trasladado a las comunidades educativas de los tres centros educativos "la falta absoluta de diálogo de la UTE y la conciencia, también absoluta, por parte de la conselleria sobre la situación en la que nos deja a todas y todos: que los cientos de niños y niñas de los tres colegios se queden sin que se retire el fibrocemento este verano. Es muy grave. La inmensa mayoría de empresas del sector de la construcción que están trabajando en cientos de obras que estamos realizando de construcción, ampliación, mejora de centros y retiradas de fibrocemento están teniendo un comportamiento ejemplar: hacer su trabajo y buscar soluciones conjuntas a cuestiones que van viniendo sobrevenidas con todo nuestro apoyo". 

La conselleria se incautará de la garantía depositada por la UTE, reclamará compensaciones por los perjuicios ocasionados a los centros y promoverá que sus empresas queden inhabilitadas para la contratación pública

"Lo que no se puede hacer es bloquear y cerrarse en banda exigiendo un sobrecoste del 30% sin justificación como si estuviéramos en los tiempos oscuros de Ciegsa. Esta UTE no ha querido sentarse para revisar, si procedía, el tema. O era un 30 % de sobrecoste o nada. Y justamente el 30 % que pide ahora es el porcentaje por el que concursó a la baja para ganar la licitación en su momento por delante de otras empresas que también se presentaron. Por lo tanto, está haciendo una exigencia que, además, en todo momento la dirección facultativa de las tres obras considera totalmente injustificada y que es inviable desde el punto de vista legal, ya que el decreto para revisar el aumento de precios no permite subidas de porcentajes tan altos", ha explicado Garcia.

En este sentido, ha señalado que "eso es inadmisible y más inadmisible es que abandonen la realización de la obra sabiendo la repercusión y el desánimo de cientos de familias que quieren lo mejor para sus hijos e hijas. Vamos todos a una porque esto va de dignificar la escuela pública en Alicante y no pararemos hasta conseguir a que se retire el fibrocemento de una forma transparente con todos los mecanismos que nos permite de actuación desde la Administración", ha abundado.

A partir de ahora, Educación procederá de manera inmediata a confiscar la garantía depositada por las empresas adjudicatarias de los tres centros, que por normativa supone el 5 % del total de la inversión, en este caso 20.449 euros. Asimismo, se está preparando toda la documentación para pedir que la UTE cubra por indemnización, por un lado, a las comunidades educativas de los tres centros por el volumen que haya supuesto a los tres centros cambiar de lugar sus actividades de verano, y por otro, al Ayuntamiento de Alicante por el coste que le supone el traslado de conserjes. 

Por último, la conselleria iniciará un procedimiento contencioso-administrativo pidiendo que las dos empresas que integran la UTE sean inhabilitadas para optar a contrataciones públicas, según las mismas fuentes.

El PSOE reclama una mayor dotación económica en Educación

Por su parte, el PSOE de Alicante ha considerado este miércoles que "el gran reto al que se enfrenta la Comunitat Valenciana es la mejora de la educación pública. El PSOE de Alicante considera que es imprescindible una mejor dotación en esta área -nada de recortes – y que se analice si el modelo universitario está realmente cubriendo las necesidades que tiene ahora el mercado de trabajo, y si no es así, reflexionar y poner encima de la mesa mecanismos que solucionen las posibles carencias", según han apuntado portavoces del partido, a través de un comunicado.

En este sentido, el secretario general, Miguel Millana, indica que "parece fundamental la potenciación de la Formación Profesional, porque el mercado demanda unos perfiles laborales que la enseñanza actual no satisface en su totalidad. Hace falta mano de obra y no hay mano de obra formada para ciertas profesiones".

Según el PSOE, como quedó reflejado "en el V Congreso de la Economía Valenciana celebrado ayer en casa del Mediterráneo, la Comunitat tiene por delante unos retos que se deben abordar para contribuir a un cambio en el modelo productivo, sin dejar atrás a sectores que son fundamentales, como por ejemplo el turismo. Para ello los fondos europeos Next Generation son una herramienta adecuada, pero que hay que acompañar con un considerable refuerzo del sistema educativo, que en la actualidad presenta serior décifts". "El cambio tecnológico y la innovación son una realidad. Debemos abrir un debate serio sobre nuestras universidades y, sobre todo, apostar decididamente por la FP, que está demostrando ser un vehículo de unión más realista con la nueva empleabilidad", añade Millana.

El responsable de la ejecutiva en Educación, Ignacio González, considera que en educación no pueden darse recortes porque necesitamos una preparación cada vez más especializada y que satisfaga los nuevos empleos que demanda la sociedad.  "No puede ser que la actual educación pública pueda condicionar la productividad, algo por lo que debemos apostar. Es fundamental que se disminuya la ratio de alumnos aumentando el número de profesores para que nadie se quede atrás, se personalice la enseñanza para ayudar a los alumnos más rezagados y potenciar tutorías que permitan una igualdad de oportunidades".