ELCHE. Margalló-Ecologistes en Acció ha presentado una denuncia ante el Seprona contra la UTE Urbahormar, concesionaria de la planta de residuos urbanos de Els Cremats, por presuntos delitos económicos y contra los recursos naturales y el medio ambiente por supuestamente verter residuos orgánicos "sin ningún tipo de tratamiento".
En la denuncia, los ecologistas solicitan que sean investigados los hechos y se pongan en conocimiento de las autoridades competentes: Consorcio de gestión de residuos sólidos urbanos del Baix Vinalopó, Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y Ayuntamiento de Elche.
La denuncia de los ecologistas parte de la constatación de que, al menos desde 2017, la concesionaria está depositando en el vertedero de la planta "residuos orgánicos sin ningún tipo de tratamiento", lo que incumpliría el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
El vertido de dicho tipo de residuos es una actividad "con graves repercusiones" en el medio ambiente y que puede poner en riesgo la salud de la población que vive en los alrededores de esas instalaciones.
Además, han indicado que se generan "múltiples" impactos ambientales: Descomposición anaerobia de los residuos orgánicos, generación de gases de efecto invernadero como el metano (con un efecto invernadero 25 veces más potente que el dióxido de carbono), generación de mayores lixiviados, aumenta el riesgo de incendios en el vertedero, inestabilidad mecánica del vertedero, generación de gases peligrosos, etc, además de malos olores y molestias a la población.
Asimismo, el vertido de materia orgánica sin tratar incumple los condicionantes de la Autorización Ambiental Integrada vigente para la planta TMB y el vertedero, lo que está considerado una falta grave o muy grave en el artículo 30 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y su texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016.
Por otro lado, desde MEEA apuntan que Urbahormar ha podido seguir cobrando a los municipios que depositaban sus residuos en la planta el tratamiento de los mismos, pese a que éste al parecer no se realizaba.
Según los ecologistas, la cantidad cobrada de más podría ascender sólo en el año 2017 a 534.003,84 euros, que la concesionaria pudiera haber girado de forma impropia al Consorcio por un servicio no realizado.
Los municipios víctimas de esta estafa serían los que forman parte del Consorcio de residuos "Baix Vinalopó", además de algunos municipios de la Vega Baja que también depositan sus residuos en la planta, como Torrevieja y Bigastro.
De todos, el más afectado sería el de Elche, por ser el que mayor cantidad de residuos aporta a la planta. La cantidad cobrada de más en su caso sería de unos 300.000 euros.
