Gabriel Echávarri, acompañado por su abogado y dos de sus asesores, a su llegada al juzgado. Foto: EFEALICANTE (EFE). El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSPV), ha mantenido este viernes ante la juez que no despidió a la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala, una interina del ayuntamiento, para vengarse de él porque éste le hubiera denunciado previamente. Echávarri ha comparecido durante diez minutos ante la titular del juzgado de Instrucción 2 de la ciudad, Patricia Romero, como investigado por un supuesto delito de prevaricación en relación a este caso.
A preguntas de la magistrada, Echávarri se ha ratificado en la declaración que ya prestó, también como investigado y asistido por tanto de abogado, ante el teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, José Llor, el pasado 25 de octubre, en el marco de unas diligencias de investigación del ministerio público. Entonces negó que el despido de Catalina Rodríguez, una interina adscrita a la Concejalía de Cultura, respondiera a una represalia contra el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, que le había denunciado unos días antes ante la Fiscalía Anticorrupción por el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio.
Por ese último caso, Echávarri y dos de sus asesores, Pedro de Gea y Eduardo Díez, han sido procesados por otra juez de Alicante, María Luisa Carrascosa, ante la existencia de indicios que apuntan a que pudieron incurrir en delitos de prevaricación y usurpación de funciones.
El despido de Catalina Rodríguez se produjo el pasado mes de abril y el propio primer edil asumió la decisión como propia en su perfil de Facebook. No obstante, el equipo de gobierno readmitió a la interina unos días más tarde, en mayo, a instancias del pleno del ayuntamiento, cuya mayoría de grupos apoyaron una moción presentada por el grupo municipal popular.
Para entonces, no obstante, dos dirigentes vecinales lo habían denunciado en Fiscalía, que abrió unas diligencias de investigación e interrogó, el pasado octubre, tanto a Echávarri como al concejal de Recursos Humanos, el también socialista Carlos Giménez. Echávarri mantuvo ante el fiscal Llor que el hecho de que la interina siguiera trabajando en el consistorio constituía "un fraude de ley" que podía ser "denunciado por los sindicatos", ya que estaba ejerciendo funciones distintas a las que motivaron su contratación.
Concretamente, se había incorporado a Cultura como técnica de un centro cultural y un museo municipal, y actualmente se encontraba desarrollando su actividad en otro espacio dedicado a exposiciones de arte. Según las fuentes jurídicas consultadas, el alcalde ha manifestado hoy ante la magistrada que recordaba su declaración ante el fiscal, que ha sido incorporada a la causa, y se ratificaba en la misma.
A la vista de esa ratificación, ni los abogados de la defensa ni el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, que sustituye provisionalmente a su compañero José Llor en estas diligencias, han creído necesario formular preguntas. Tras Echávarri ha comparecido ante la juez el concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, quien también se ha remitido a la versión que ya ofreció en el marco de las diligencias de investigación de la fiscalía.
De acuerdo con esa versión, el despido de la cuñada de Barcala respondió a una iniciativa del alcalde que él conoció tras regresar a Alicante de Santander, donde se encontraba de viaje. El concejal asegura que firmó el decreto del cese de Rodríguez tras constatar su legalidad con una abogada y dos técnicos del ayuntamiento, quienes habían redactado el documento y han sido llamados a declarar como testigos por la magistrada el próximo 11 de diciembre.
