Punto uno. La hostelería, la restauración y el ocio nocturno conforman uno de los pilares fundamentales de la economía de la Comunidad Valenciana en general y de la provincia de Alicante en particular. Punto dos. Las restricciones motivadas por la pandemia los han convertido en uno de los sectores más afectados, en una situación que puede resultar preocupante en la mayoría de los casos, desesperante en algunos más y, por desgracia, terminal en otros. Punto tres. La suma del punto uno y del punto dos, pese a lo que pueda parecer, no les da la razón en todos sus argumentos ni en todas sus reivindicaciones, incluso en los muchos casos en que tienen razón, porque siempre quedarán supeditados al interés de la población general.
En resumen, que llevo un par de días asistiendo a declaraciones por parte de la hostelería que me están poniendo un poco de los nervios. Y que voy a aprovechar la oportunidad que me concede este diario de verter mi opinión en esta columna con fin, sin duda, siniestro, como dice la cuarta acepción de la RAE sobre el verbo verter. En general, necesito creer que bares y restaurantes están cumpliendo con todos los protocolos establecidos desde las diferentes instituciones, desde las municipales a las estatales. Y digo necesito porque en casos puntuales, que no sé si contaminan todo el cesto de manzanas, no es así. Hay locales de ocio que han celebrado fiestas clandestinas prohibidas a puerta cerrada. Hay locales de ocio que han celebrado fiestas prohibidas pero nada clandestinas que llegaban a anunciarse en las redes sociales. Todos hemos pasado junto a terrazas en las que nadie impide fumar a los clientes. He pasado por restaurantes en los que ni los camareros llevaban la mascarilla en interiores. Y todavía no he visto ninguna medida propia encaminada a, siquiera, apercibir a quienes incumplen las reglas de manera reiterada, para que el sector conserve impoluto el expediente. A denunciar los malos hábitos. Lo cual daría mucho más peso a sus argumentos. Pese a ello, hay quien solicita que se abra la mano, se implante el pasaporte covid y se regrese al pleno de aforos, sobre todo en el ocio nocturno, pensando que puede garantizar la seguridad de su clientela. Cuando no es así, ni siquiera en espacios abiertos. Y no es así porque ni siquiera son capaces de controlar las irregularidades en su propio sector.
Es probable que las medidas de aforo, distancia social, toque de queda o cierre completo de la actividad no frenen el avance de la pandemia. Pero, desde luego, cada vez que se han aplicado ha bajado la incidencia, porque, junto a la vacunación, lo único que frena el impacto del virus es impedir nuestra movilidad. Esta semana, los representantes de la hostelería alicantina han pedido los nombres del comité de especialistas que asesora al Consell porque no creen que exista y ven una mano negra que estrangula al sector. Su petición de transparencia es absolutamente legítima, como cabría, por ejemplo, en las contrataciones municipales, pero no se dan cuenta de que podría ir en su contra, ya que es más que probable que las medidas adoptadas por, por ejemplo, la Generalitat valenciana, sean mucho más suaves de lo que recomendaría cualquier experto en enfermedades infecciosas o cualquier jefe de un equipo de UCI.
Bares, restaurantes, discotecas y hasta carritos de comida al paso merecen defender sus negocios, activar su economía y dar pasos atrás que les alejen del precipicio. Nos beneficia a todos. Pero también tienen la obligación de ser absolutamente rigurosos con sus asociados y sus clientes. Mientras no cumplan todos a rajatabla los protocolos de prevención, seguirán pagando justos por pecadores. Y esa severa disciplina es tarea suya, personal e intransferible, no de las administraciones ni de los expertos. Si es que existen.