Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Un total de 19.005 viviendas alquiladas en la Comunitat Valenciana tienen como caseros a megatenedores que acumulan más de 50 alquileres. En total son 75 empresas que son propietarias directas de las viviendas y que dependen, a su vez, de 59 grupos empresariales o administraciones.
Estas poco más de 19.000 viviendas suponen el 13,9% de las 136.332 que había alquiladas con fianza depositada en la Comunidad Valenciana en junio de 2023, según datos aportados a Civio por la Conselleria de Hacienda.
Más del 76% de estas 19.005 viviendas están en manos de solo diez megatenedores, entre los que se encuentran dos organismos públicos de vivienda, pero también CaixaBank, Banco Sabadell, Banco Santander, y los fondos de inversión estadounidenses Cerberus, Blackstone y TPG, además de la Sareb y el fondo inmobiliario estadounidense CBRE, a través de Nestar Residencial.
Cerca de la mitad de las 19.005 viviendas alquiladas por megatenedores son propiedad de entidades financieras, con Caixabank a la cabeza. Esta entidad bancaria, con 2.671 viviendas alquiladas, es la segunda mayor casera de la Comunidad Valenciana, solo por detrás de la administración pública autonómica, y la primera entre las empresas privadas. La mayoría de las viviendas que tiene alquiladas son propiedad directa de su filial Buildingcenter —2.010—. Le sigue Banco Sabadell, que se sitúa como el tercer mayor arrendador de la región con 1.350 alquileres.
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En cuanto a los fondos de inversión , el estadounidense Cerberus es el cuarto mayor casero de la Comunidad Valenciana, con 980 viviendas alquiladas. La gran mayoría —873— son propiedad directa de sus filiales Promontoria Coliseum Real Estate y Promontoria Coliseum Residential, ambas creadas por Banco Sabadell en 2019 y vendidas a Cerberus un año después a través de una sociedad con sede en Países Bajos.
Blackstone, por su parte, es el casero de 774 viviendas que son propiedad de cuatro empresas que controla a través de sociedades intermedias localizadas en Luxemburgo. Más de la mitad de estas viviendas —444— son de su filial Testa Residencial, una sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria (socimi) que disfruta de ventajas fiscales, como la exención del impuesto de sociedades y la bonificación del 95% en transmisiones patrimoniales.
Otras 568 viviendas alquiladas son propiedad de Tempore Properties, otra socimi creada por la Sareb en 2017 para vender las viviendas que había comprado a los bancos afectados por la crisis de 2008, y que vendió al fondo de inversión estadounidense TPG en diciembre de 2021.
La Sareb acumula a su vez 732 alquileres y otros 139 son de empresas que actúan como cabeceras de grupos societarios que operan en varios sectores, como Inversiones Rimar, sociedad de la familia Aparici, dedicada al sector de la cerámica —57— o Proa Participaciones —61—, centrada en la gestión de vivienda protegida pero también en la construcción.
Según muestran los datos remitidos a Civio por la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, a fecha de 11 de mayo la Generalitat Valenciana era la mayor casera de la región con un total de 5.611 viviendas alquiladas con fianza depositada a través de la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVHA). A ellas se suman otras 11.418 viviendas disponibles para ser alquiladas, tanto del parque autonómico de vivienda pública como de entidades privadas, como Criteria Caixa, pero que están gestionadas por la EVHA, según han confirmado a Civio desde esta entidad.
Pero a nivel municipal solo hay tres ayuntamientos que superan las 50 viviendas alquiladas. Alicante tiene 350 viviendas alquiladas a través de su Patronato de la Vivienda. Valencia suma 231 alquileres a través de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes (Aumsa), y Gandía 117 alquiladas directamente por el Ayuntamiento. A pesar de no aparecer en el listado de megatenedores de vivienda alquilada, desde el Ayuntamiento de Castellón han asegurado a Civio que cuentan con un parque público de 249 destinadas al alquiler de las que actualmente hay alquiladas 230 y tienen una lista de 300 familias a la espera de acceder a una vivienda de alquiler social.
Las viviendas de propiedad pública que aparecen en en el listado de megatenedores suman poco más de 7.000, una cifra que supone 0,12 viviendas por cada cien habitantes de la Comunidad Valenciana, cuatro veces menos que en la Comunidad de Madrid y la mitad que en Cataluña. Según denuncia un informe de Save the Children, la Comunidad Valenciana se sitúa a la cola de España en vivienda protegida por población y a la cabeza en aumento del precio del alquiler.
Este artículo forma parte de una investigación en la que se ha solicitado, a través de los portales de Transparencia, la identidad y número de viviendas alquiladas de entidades jurídicas con más de 50 viviendas alquiladas a todas las comunidades autónomas en las que está regulado como obligatorio el depósito de fianzas de alquiler, replicando una solicitud de información inicial presentada ante la Comunidad de Madrid. En esta se reclamó información de los propietarios —particulares y jurídicos— con más de diez viviendas alquiladas, pero en el proceso llevado con la Agencia de Vivienda Social y el Consejo de Transparencia de Madrid se acordó limitar la información a las entidades jurídicas con más de 50 viviendas alquiladas en base a la Ley de Protección de Datos y al alto volumen de datos a tramitar.
En el caso de la Comunidad Valenciana, llevamos ocho meses intentando conseguir esta información. La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico remitió información sobre propietarios de más de 50 viviendas alquiladas con fianza depositada en régimen general a fecha de 11 de mayo y en régimen especial concertado a fecha de 5 de mayo. En comunicaciones posteriores con la conselleria a través del departamento de prensa, esta entidad ha advertido que en su registro figuran inmuebles en los que no se concreta el uso y que no están incluidos en el listado remitido a través de Transparencia. El número total de fianzas de régimen general ha sido remitido a Civio por esta misma conselleria, que no ha facilitado el dato correspondiente al régimen concertado. Hemos vuelto a pedir este dato a través del portal de Transparencia, pero el dato facilitado comprendía, de nuevo, únicamente el régimen general. Finalmente, el 19 de enero la entidad ha dado el dato de fianzas depositadas por régimen general a Valencia Plaza, medio con el que publicamos esta investigación.
La información sobre propietarios de más de 50 viviendas alquiladas remitida por la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico incluye la denominación social, el número de viviendas y la suma de los importes de las fianzas depositadas. A pesar de que la información está limitada a las entidades jurídicas, en el listado aparecen tres personas particulares que tiene cargos en varias empresas inmobiliarias. Sobre las 230 viviendas que desde el Ayuntamiento de Castellón afirman que tienen alquiladas, desde la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl señalan que solo les figuran en su registro 15, que “son antiguas y además no informan del tipo de uso”.
Desde Civio hemos buscado las sociedades de las que son dependientes las 15 entidades jurídicas incluidas en la información inicial a partir de los datos del Registro Mercantil español, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de los registros mercantiles de otros países o entidades homólogas, en las cuentas anuales de estas empresas o en sus páginas web corporativas. Hemos identificado como sociedad matriz a los accionistas mayoritarios. También hemos apuntado si la sociedad matriz, la propietaria directa o alguna de las sociedades intermediarias son sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi) o sociedades de participación financiera luxemburguesas (soparfi) por ser los dos tipos de sociedades con beneficios fiscales más habituales entre las utilizadas por las empresas presentes en este listado.
Consulta la información sobre los megatenedores de viviendas en otras comunidades autónomas en la web de Civio.
