Foto: EVA MÁÑEZ VALÈNCIA. Del aumento del coste por habitante a las "deficiencias estructurales del contrato". El antiguo equipo de la Conselleria de Sanidad, liderado por Miguel Mínguez, elaboró un informe económico del departamento de Dénia al calor de comunicar la reversión y que, como en el resto de procesos, justificó la no prórroga del contrato, que vence el 31 de enero de 2024. Un documento que ha sacado a la luz Compromís y que recoge los reparos que el anterior Consell alegaba para tumbar el modelo concesional.
Con un argumento en el que se insiste en que no se dará un incremento presupuestario para la administración valenciana al crecer el "gasto en personal" compensado con el "gasto en funcionamiento", el informe -firmado por Rosa Aurora Folch, subdirectora general de Recursos Humanos- insiste en que la reversión ha de ser valorada positivamente al entender que no incidirá en modo significativo en el mantenimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de los presupuestos de la Conselleria de Sanidad.
Todo, a pesar de los informes de la Sindicatura de Comptes que señalan un ahorro del 30% en el gasto corriente sanitario público en relación a los hospitales de gestión pública, y en un escenario en el que el actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha indicado que volverá a auditar el funcionamiento de todos los departamentos para determinar si el modelo -gestionado actualmente en Dénia y Vinalopó por Ribera Salud y en Manises por Bupa Sanitas- presta un servicio de forma más eficiente.
En este sentido, el antiguo equipo de Sanidad achacaba el ahorro por parte del modelo concesional a unas condiciones laborales con mayores dosis de flexibilidad para la empresa, pero también con mayores exigencias para el trabajador como menor coste medio del trabajo efectivo del personal, el doblaje de turnos o el sistema de cupos más exigentes que el sistema público. A esto, sumaba que la cápita establecida para el inicio de la concesión de Dénia se fijó en 597,64 euros en el año 2009, siendo 932,19 euros para el año 2022, a 13 meses de la finalización, lo que representa un incremento del 56% de la prima presupuestaria respecto de su inicio con las actualizaciones de precio realizadas.
No obstante, según recoge el informe, el coste por habitante es menor en el modelo concesional-1.325,79 euros frente a los 1.480,80 euros de gasto corriente en un hospital comarcal de semejantes características-. Entre los 'peros', Sanidad también insistía en que las concesiones tienen un menor número de indicadores para ser evaluados y que los datos son recogidas por éstas, una argumentación que han dado en los últimos años para dudar de los datos registrados.
En cuanto a las inversiones, Marina Salud SA en su oferta -según señala el documento- se comprometió a una inversión de 80 millones de euros a lo largo de los 15 años. El grado de cumplimiento es del 100%, y aunque insisten en que aunque la inversión ejecutada supera la inversión prevista en el Plan de Inversiones, no se ha cumplido lo establecido en la modificación del contrato en cuanto a la construcción del Centro de Salud de Dénia por una cuestión pública de cesión de suelos
La conselleria enumera en el documento un total de cuatro puntos que califica como "limitaciones y deficiencias contractuales" por las que considera que este modelo de concesión no debe mantenerse. En primer lugar, señalaba que los pliegos de todas las concesiones son prácticamente idénticos a los marcados en 2003 para el departamento de La Ribera -el primero en el que se usó esta fórmula en la Comunitat-. En este sentido, se insiste en el documento en que, a pesar del dilatado periodo de tiempo entre uno y otro, no se adaptó el contrato a las peculiaridades de cada departamento.
"Los pliegos y contratos firmados entre las partes adolecen de la necesaria precisión, originando lagunas interpretativas que han dado lugar a controversias sobre el precio o sobre determinados derechos invocados por las empresas concesionarias, difícilmente justificables, o bien han dado lugar a interminables discrepancias entre las partes que vienen imposibilitando el cierre de la práctica totalidad de las liquidaciones", recogen. Entre las cuestiones apuntadas, discrepancias en el precio del contratos, acuerdo de conceptos no incluidos -a los que se daba luz en las judicializadas comisiones mixtas- o la amplia interpretación de los contratos.
Por otro lado, se apunta a la dificultad de la administración para implementar mecanismos de control y regulación. En este sentido, se menciona la falta de indicadores de calidad y ausencia de penalizaciones o la falta de precisión en las inversiones a realizar y su grado de cumplimiento. "Sorprende la ausencia de informe económico que justifique el volumen de inversión requerida en los pliegos -80 millones de euros-", se recoge.
"No se precisa el tipo de inversión a realizar, qué cantidad de la inversión requerida se destina a inversión nueva o reposición, el grado de amortización o la adquisición de los activos mediante instrumentos financieros", insisten. Por otro lado, se menciona la imposibilidad de modificación del precio del contrato salvo las revisiones de precio previstas en el propio pliego de condiciones administrativas, y que, en el supuesto de prórroga de este servicio "implicaría el abono por parte de la administración de una parte de la cápita para la construcción del hospital y las inversiones ya amortizadas".
Por último, se señala la elevada ligitiosidad por la falta de claridad de los documentos. Y es que, se han realizado multitud de reclamaciones tanto en vía administrativa como en vía judicial, interpuestas por las empresas adjudicatarias y que, según se apunta, ha dificultado el aprobar las liquidaciones como ya explicaba este diario en el caso de Manises.
