La consellera de Justicia, Elisa Núñez, junto al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y concejales de la corporación municipal, en la visita a las obras de la Ciudad de la Justicia. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La Conselleria de Justicia e Interior trata de avanzar en el proceso de descentralización de la administración de justicia con el traslado de una solicitud de modificación de la Ley de Planta y Demarcación Judicial que permita desplazar dos salas del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) desde la ciudad de València hasta Alicante. Así lo ha anunciado este viernes la consellera del área, Elisa Núñez, en el transcurso de una visita a las obras de la nueva Ciudad de la Justicia destinada a albergar los órganos judiciales que ahora se reparten entre el Palacio de Justicia de Benalúa y varias dependencias limítrofes.
En concreto, Núñez ha asegurado que la propuesta, ya planteada por Vox durante la pasada legislatura, sin que encontrase el respaldo del PSOE, según ha manifestado, comprendería la creación de una sala de lo Contencioso-Administrativo y de una sala de lo Social en Alicante, al tratarse de las únicas jurisdicciones que se pueden descentralizar. "Es una medida que va a tener muchos beneficios y va a tener un intenso calado en la medida en que satisface una reivindicación histórica de todos los profesionales y operadores jurídicos de la provincia de Alicante", ha explicado. Además, ha señalado que esa medida permitirá contribuir a "que se vertebre España y la Comunitat, a través de sus provincias, y cumplimos con un principio democrático esencial, que es acercar la justicia a los ciudadanos y mejorar el tiempo de respuesta", ha añadido.
Al margen de ello, la consellera ha incidido en que, de aprobarse, la futura creación de esas dos salas en Alicante permitiría descongestionar las salas de ambas jurisdicciones posicionadas en València. "Vamos a trasladar esta iniciativa a los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas para que sean ellos los que soliciten al Gobierno, en este caso, al Ministerio de Justicia, quienes soliciten la modificación de la Ley de Planta y Demarcación Judicial para que se pueda producir esa descentralización que ya existe en otras provincias españolas", ha recalcado, en alusión a las que integran las comunidades de Galicia, Castilla y León o Andalucía. "Esperamos que los grupos parlamentarios de PSOE y Compromís estén a la altura de las circunstancias y reclamen al Gobierno del señor Sánchez lo que la provincia de Alicante necesita", ha enfatizado.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, por su parte, ha expresado su respaldo a la iniciativa para resaltar las ventajas que supondría el traslado de esas dos salas del alto tribunal autonómico a la ciudad para el conjunto de los profesionales de la justicia en la medida en que dejarían de quedar obligados a realizar desplazamientos hasta València, con el consiguiente ahorro en tiempo y en costes económicos. "Supone un gran ahorro en costes de traslados y de horas de trabajo, al tiempo que propician el acercamiento de la justicia a los ciudadanos alicantinos", ha añadido. Según Barcala, "son motivos que justifican más que de sobra esta decisión de modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que agradecemos y a la que nos sumamos reclamando su ejecución por el Gobierno de España para que no se genere un nuevo agravio con Alicante como viene ocurriendo en los últimos años con los gobiernos de Pedro Sánchez".
Núñez se ha referido, también, al avance en la ejecución del nuevo complejo judicial, en proceso de construcción en el solar del antiguo cuartel de San Fernando, para destacar que se trata de la principal inversión desplegada por la Generalitat en Alicante desde 2015, con un desembolso de 85 millones (impuestos incluidos). Se trata de una actuación promovida bajo la etapa de mandato del Consell del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem EU) a la que se dio inicio en enero de 2023 y que debe quedar concluida en el plazo de tres años. En esta línea, la consellera ha señalado que, salvo que se produzca algún tipo de imprevisto, se estima que la construcción del edificio quedará concluida a finales de 2026.
En esta línea, la consellera ha asegurado que, de aprobarse la propuesta de descentralización de salas del TSJ, la ubicación de esas dos salas supondría "un complemento" al proyecto de complejo judicial, que no se vería alterado. "Siempre sumamos", ha enfatizado. "Ponemos soluciones reales a los problemas y las necesidades que tenemos", ha insistido.
Fuentes del departamento autonómico han precisado que la inversión prevista en la Ciudad de la Justicia de Alicante es de 23 millones en 2024, y la finalización de las obras está prevista para finales de 2026, con una inversión que habrá supuesto un total de 85 millones, la más importante de toda la legislatura. Además, según las mismas fuentes, Justicia prevé poner en marcha también este año una inversión superior a los 3,1 millones en nuevas actuaciones para instalaciones judiciales en la ciudad de Alicante. Entre ellas, la nueva sede para el Tribunal de Marcas de la Unión Europea, y otras cinco intervenciones para mejorar instalaciones existentes.
El edificio de la Ciudad de la Justicia de Alicante se está construyendo junto a la avenida de Aguilera. Contará con siete plantas de altura, dos sótanos, semisótano y aparcamiento, repartidos sobre un total de 47.000 metros cuadrados sobre una parcela de 5.500 metros cuadrados. Su construcción permitirá terminar con la dispersión de sedes, hasta ocho, que albergan actualmente los órganos judiciales unipersonales que dan servicio a una población de casi 400.000 habitantes censados. Este edificio albergará la mayoría de los órganos judiciales de Alicante, una reunificación que permitirá mejorar la calidad de la prestación de la Justicia para las 400.000 personas que forman parte de este partido judicial.
Además, las mismas fuentes han señalado que entre las nuevas actuaciones que se ha puesto en marcha en este mandato es la de la nueva sede para el Tribunal de Marcas de la Unión Europea, cuyos locales se compraron en noviembre de 2023. Ya se ha elaborado una propuesta de adecuación del local, como paso previo a su consulta con los jueces de lo Mercantil, con el fin de proceder a la redacción del proyecto. Esta sede se emplazará en dos locales comerciales situados frente a la sede judicial de Pardo Gimeno 34, en el edificio Pardo Gimeno 41.
El avance de las obras del nuevo complejo judicial (accione las flechas para ver más imágenes). Fotos: RAFA MOLINAEn febrero se iniciaron las obras de adecuación de locales para juzgados en la calle Alona 26 y García Andreu 39, para ubicar dos juzgados y cinco consultas del Instituto de Medicina Legal de Alicante, con un presupuesto de 953.051 euros, y también comenzaron las obras de conservación y refuerzo de forjados en la Audiencia Provincial, con una inversión de 188.839 euros.
También se encuentran en ejecución la reforma de los ascensores ubicados en la entrada principal de la sede judicial de Pardo Gimeno, 43, (32.875 euros), las obras de sustitución del ascensor de la entrada del edificio de la sede judicial de Benalúa (41.417 euros) y en abril empezarán las obras de mejora de ventilación de la sede judicial Los Doscientos, con una inversión de 48.261 euros.
En esta línea, el primer edil alicantino se ha felicitado, igualmente, por el avance de las obras del nuevo complejo judicial de Ciudad de la Justicia, que ha considerado que permitirán satisfacer "una reivindicación histórica" en la medida en que Alicante era la única capital de provincia de la Comunitat que todavía no disponía de una Ciudad de la Justicia. Así, ha agradecido la "implicación personal" de la consellera en el proyecto y "su labor de vigilancia constante" para que la obra se ejecute en plazo.
"Es una reivindicación antiquísima de los abogados y procuradores la necesidad de buenas instalaciones", ha añadido Barcala sobre un edificio judicial que también cumplirá una función de elemento arquitectónico vertebrador de tres barrios -Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes- con la creación de una gran plaza central, zonas verdes y diferentes espacios urbanos abiertos a la ciudadanía en general.
Al tiempo, Núñez ha aprovechado, de motu propio, su comparecencia para referirse a los datos de criminalidad recogidos en el último informe anual de 2023 para asegurar que los índices que se desprenden de ese estudio "son preocupantes". "La delincuencia ha aumentado a nivel nacional un 6% y en la Comunidad, un 8,1%, mientras que en la provincia, ese porcentaje se eleva al 16,4%", ha detallado. "Si nos centramos en algunos municipios, como El Campello, estamos hablando de un 26,5%, y en Calpe y en Benidorm, de casi un 20%", ha precisado.
Así, ha reclamado "al Gobierno de España que nos dote de los medios necesarios, ya sea medios técnicos o humanos para que podamos garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos". Y, acto seguido, sin vinculación expresa respecto a los índices de delincuencia, se ha referido a datos sobre la inmigración irregular en alusión a "un informe del Departamento de Seguridad Nacional en el que se arroja que en 2023 accedieron de manera ilegal a nuestro país 56.872 personas; estamos hablando de un aumento del 82%, por lo tanto, exigimos al Gobierno del señor Sánchez que deje de mirar a otro lado, que el señor Marlaska deje de mirar hacia otro lado y desarrolle una política migratoria que permita que la inmigración llegue de manera legal y ordenada, porque están obviando que estas personas que acceden de manera ilegal a nuestro país son, en la mayoría de los casos, según datos de Interpol y de Europol, víctimas de mafias de tráfico de personas que se lucran de sus sueños y muchas veces ponen en riesgo sus vidas", ha incidido.
Respecto a los índices de inseguridad, el primer edil, Luis Barcala, ha asegurado que los datos registrados en Alicante no son motivo de preocupación, aunque ha insistido en que se está trabajando en un refuerzo de las medidas de seguridad con un incremento de recursos humanos y materiales para garantizar que la ciudad siga siendo segura para alicantinos y visitantes.
