Con las orejas tiesas

ALICANTE. "Llevamos esperando desde Fallas y ya hemos pasado las Hogueras". La frase, pronunciada por una fuente autorizada del Consell hace solo unos días, refleja la incerteza reinante en todo lo relativo a los procedimientos de medidas cautelares iniciados por los clubes de la Comunitat Valenciana ante el Tribunal General de la Unión Europea.

Además de interponer, ante el citado órgano jurisdiccional con sede en Luxemburgo, diferentes recursos de nulidad contra la decisión de recuperación por la que la Comisión Europea resolvió hace un año (el 4 de julio de 2016) que Valencia, Hércules y Elche habían de pagar un total de 34 millones de euros (23,4 el primero, 6,9 el segundo y 4,1 el tercero) al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), al declarar ayudas de Estado prohibidas los avales que recibieron sus fundaciones entre 2008 y 2011 del banco del Consell, los tres clubes solicitaron la suspensión cautelar de la obligación de pago. 

Aunque en su momento se apuntó a que en un plazo de unos dos meses el TGUE resolvería cada uno de los procedimientos de medida cautelares, el tiempo ha ido pasando sin que ni el Consell, ni los clubes hayan tenido más noticia al respecto salvo que el Tribunal sigue deliberando.

No obstante, desde principios de junio se ha ido dejando entrever, desde alguno de los clubes, que todo apunta a que el TGUE aguardaba a la finalización de la temporada, igual que hiciera Bruselas hace un año. Es decir, que superado el 30 de junio, en los próximos días podrían notificarse los autos a las partes. El procedimiento es confidencial, pero a buen seguro que la Comisión Europea o los clubes harán pública la decisión del TGUE.

Mientras que el Juez de lo Mercantil y los acreedores ordinarios del Elche han aprobado un convenio que no contempla el pago de los 4,1 millones de euros que le reclama Bruselas, el Valencia ha valorado negociar con la Agencia Tributaria un pago fraccionado de los 23,4 millones y el Hércules ha ido más allá con el fisco, llegando a proponer por escrito lo anterior, el pago aplazado de "sus" 6,9 millones, pero siempre condicionado a que milite en el fútbol profesional. 

La realidad es que la Ley General Tributaria prohíbe expresamente el pago fraccionado de deudas derivadas de decisiones de recuperación y de créditos contra la masa (la naturaleza que tienen las cantidades que se le reclaman a Hércules y Elche), mientras que la política de recuperación de la Comisión Europea exige el pago "inmediato y efectivo" o para empresas insolventes la liquidación (entiende que el mercado también se equilibra si desaparece el actor que contó con ventaja).

Ahora mismo, los clubes se están beneficiando de una cautelarísima (pendiente de que se estime o no la medida provisional de suspensión cautelar) para no verse obligados a pagar.

Tanto la Generalitat (desde el IVF se entiende que las sumas que se reclaman son desproporcionadas y confían en que se reduzcan finalmente) como el gobierno central han mostrado su apoyo a  Valencia, Hércules y Elche (la abogacía del Estado se ha personado en los diferentes procedimientos en su apoyo), que pusieron en manos de despachos especializados en Derecho de la Competencia su defensa. 

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