Los ediles de Compromís, Natxo Bellido y Rafa Mas, junto a las representantes de Amnistía Internacional.ALICANTE. El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante elevará al pleno de este jueves una declaración institucional de apoyo a la Asociación de Víctimas de Bebés Robados y de Adopciones Ilegales de Alicante, "instando a que la Ley que resulte aprobada respecto a este tema, respete al máximo el texto original de la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ en el Estado, ya que es el que ha recabado un enorme consenso social y político tanto en su elaboración como en el inicio del trámite parlamentario", según han concretado fuentes de la coalición a través de un comunicado.
El concejal Rafa Mas ha apuntado que "esta declaración institucional la presentamos a propuesta de Amnistía Internacional Alicante, basándose en la firma y registro de la Proposición de Ley de bebés robados en el Estado Español de febrero de 2020, y recociendo a las entidades que han trabajado desde el inicio para la aprobación final de la Ley de bebés robados, como es la Asociación de Víctimas de bebes robados y de adopciones ilegales de Alicante (AVA)".
Para Compromís, "la importancia de esta proposición reside en la gravedad que alcanzan los crímenes de robo de bebés en España, que se suceden en un espacio temporal de más de 50 años y se extiende por todo el territorio del Estado. Por ello, esta Proposición de Ley tiene como objetivo garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, pilares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a las víctimas del delito de robo de bebés como crímenes de la humanidad".
Mas apunta que "el pasado mes de marzo, el hallazgo de un trozo de cerámica en un féretro infantil durante la exhumación de represaliados del franquismo en el cementerio de Alicante ha revivido la necesidad de las afectadas de que se haga justicia".
La declaración considera que la aprobación de esta proposición supondría que España cumpliría por fin los criterios y recomendaciones de las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, al establecer criterios y mecanismos homogéneos de actuación en todas las Comunidades Autónomas, crear y coordinar distintas instituciones y organismos que puedan soportar el peso de las investigaciones y procedimientos necesarios para la efectiva investigación de estos delitos, que abarcan toda la dictadura y parte de la democracia.
"Con esta ley se afianzan los derechos de las víctimas, del pasado y del presente, de las que ya no están y de las que todavía buscan reencontrarse con sus familias o recuperar su identidad. Se garantizan al fin, los derechos que ya hemos mencionado de verdad, justicia, reparación y no repetición, tan importantes para las víctimas como para el funcionamiento de un estado democrático de derecho", apunta el comunicado.
