El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el edil de Recursos Humanos y Seguridad, José Ramón González, en una reunión con mandos policiales.ALICANTE. Salvo cambio de criterio improbable, todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alicante (PP, PSOE, Ciudadanos, Unides Podem EU, Compromís y Vox) aprobarán este jueves una moción conjunta para crear una comisión de investigación municipal sobre las oposiciones a Policía Local supuestamente manipuladas en beneficio de determinados aspirantes. Según los denunciantes de las presuntas irregularidades, que permanecen en el anonimato ante el temor a represalias, hasta 70 de los 92 aprobados a la conclusión de las tres pruebas escritas de las que constó el proceso guardarían algún tipo de vínculo familiar o de amistad con mandos policiales, con otros agentes, con concejales y expolíticos, con representantes sindicales y con personas vinculadas a empresas que prestan algún tipo de servicio para el Ayuntamiento o para la Policía Local.
En esa relación figurarían hijos, novias, esposas, yernos, sobrinos y amigos de policías en activo, de delegados de los sindicatos UGT y CSIF y de integrantes de PP, PSOE y Vox, sobre los que, en las últimas horas, han comenzado a publicarse algunas relaciones de parentesco concretas: únicamente las que afectarían a la órbita del PSOE. Además, también ha trascendido, a través de los mismos denunciantes anónimos, que la mayoría de los aspirantes aprobados se habría preparado para presentarse al proceso en una misma academia, especializada en la formación para afrontar oposiciones a los distintos cuerpos de seguridad pública: Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.
A partir de ahí, desde que el alcalde, Luis Barcala (PP), ordenó la apertura de un expediente informativo interno para dilucidar si existieron o no posibles anomalías en el proceso, el pasado lunes, se habría especulado con la existencia de supuestos vínculos entre dicha academia y el Ayuntamiento, y con el propio cuerpo de Policía Local. Es más, en esas especulaciones se habría incluido la posibilidad de que se hubiesen filtrado por anticipado hasta dos modelos de examen distintos, con mayor o menor número de respuestas correctas, en función de cada caso.
No obstante, nada de eso habría quedado probado hasta ahora y tampoco ha trascendido que exista soporte documental que lo atestigüe. Es más, según recalcaron este miércoles fuentes municipales, en el Ayuntamiento no consta que se haya registrado ni una sola reclamación o queja por parte de los aspirantes que participaron en el proceso después de que se haya publicado los resultados finales. Así que, por ahora, al margen del expediente informativo interno a cargo de la Concejalía de Recursos Humanos, y de la solicitud de informes que también ha cursado la Conselleria de Administraciones Públicas, solo la Agencia Valenciana Antifraude habría confirmado la apertura de una investigación al haber recibido varias denuncias sobre las supuestas anomalías. Dichas averiguaciones seguirían en curso, al margen de otra investigación previa, ya archivada por falta de pruebas, que también se abrió a cuenta de las oposiciones a Policía Local de Alicante.
Así que la puesta en marcha de esa comisión será la primera oportunidad en la que puedan facilitarse explicaciones públicas sobre los pormenores del desarrollo de las pruebas, con el fin de revisar si existió una hipotética manipulación. A priori, la comisión debería iniciar sus trabajos a la mayor brevedad posible. Así lo anticipó el edil de Recursos Humanos, José Ramón González, este martes, al sostener que el equipo de gobierno (el bipartito compuesto por PP y Cs) era el primer interesado en disipar cualquier sombra de duda sobre el proceso con rapidez para que pueda limitarse el alcance temporal de su posible desgaste político (incluso aunque no se demuestre ninguna anomalía). Los cuatro grupos de la oposición (PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox) también serían partidarios de que la comisión inicie sus trabajos sin demoras. Pero está por ver si existirá coincidencia sobre el momento en el que su labor debe quedar extinguida.
Sobre el desarrollo de la comisión, solo se ha concretado que se convocarán reuniones cada quince días y que tendrán una representación proporcional a cada grupo político. Pero ninguno de los partidos ha concretado todavía qué tipo de documentación se prevé solicitar ni a quién se prevé citar como compareciente. En todo caso, se da por seguro que se solicitará copia del expediente completo sobre la convocatoria en el que conste el número de inscritos, el número de participantes finales que se presentaron a los tres exámenes, sus resultados y los informes jurídicos que puedan emitirse sobre las medidas a adoptar, a solicitud de la Concejalía de Recursos Humanos.
Se da por segura la solicitud de comparecencias de los cinco miembros del tribunal que dirigió la oposición e incluso la del edil de Recursos Humanos
También se prevé que se llame a comparecer a los cinco miembros que conforman el tribunal responsable de dirigir el proceso: el jefe de la Policía Local, José María Conesa, como presidente, según lo establecido en la normativa reguladora de las oposiciones a Policía Local; una funcionaria del Ayuntamiento del grupo A1 como secretaria; y tres vocales, de los cuales dos son designados por el Ivaspe (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, de la Generalitat). El tercero vocal es el jefe de la Policía Local de Xàtiva, nombrado a instancias del presidente del tribunal. En el listado de comparecientes, podría incluirse al mismo concejal de Recursos Humanos, José Ramón González, que -a su vez- podría asumir la presidencia de la comisión (ya sucedió, por ejemplo, con el desarrollo de la comisión de fiscalización sobre el contrato de la limpieza de colegios y dependencias municipales, dependiente de la Concejalía de Infraestructuras, que también dirige).
Entre tanto, se deberá dilucidar si el proceso de selección se mantiene -y, por tanto, si se da alas a la toma de posesión de los aspirantes aprobados- o si se suspende mientras dure la investigación. O, incluso, si se anula, como se estaría estudiando ahora, a propuesta del alcalde, Luis Barcala, quien habría solicitado informes jurídicos para sondear ambas opciones, según se comunicó este miércoles, pese a que González había manifestado, el martes, que -según los primeros informes- el equipo de gobierno no tenía capacidad de intervenir para paralizar la selección. Según explicó, el tribunal es "libre y soberano" para decidir sobre el proceso.
De modo que la propuesta del primer edil podría reducirse a un mero gesto político como manifestación de voluntad de transparencia y de propósito de enmienda. Quién sabe si, incluso, a sabiendas de que no tendría competencias al respecto. O, incluso, siendo consciente de que -en la hipótesis de tener la potestad de anular el proceso-, no podría hacerlo a no ser que estuviese dispuesto a exponer al Ayuntamiento a posibles acciones legales por parte de los aspirantes aprobados, en defensa de la plaza conseguida. Así que, previsiblemente, la única opción de que el proceso quede suprimido es que se demuestre la existencia de manipulación. Entre tanto, el pleno de la corporación también prevé aprobar este jueves el inicio del expediente para conceder la Medalla de Oro de la Ciudad al Cuerpo de Policía Local en el 175 aniversario de su creación.
