El presidente de la Diputación, César Sánchez, impone la credencial de diputada provincial a Carmen Verdú de Guardamar.ALICANTE (EP). El presidente de la Diputación de Alicante, el 'popular' César Sánchez, ha anunciado este miércoles que se llevarán a pleno en los próximos días una convocatoria de 25 millones de euros para obras financieramente sostenibles.
En atención a los medios antes de asistir al pleno ordinario de julio, que se celebra este miércoles, ha precisado que, de esos 25 millones, 11 irán destinados a "compensar" las inversiones que efectuaron los ayuntamientos afectados por los temporales de principios de 2017, y otros 14 millones que corresponden al Fondo de Cooperación.
Asimismo, ha explicado que las ayudas nominativas --a dedo--, paralizadas por un juzgado, a instancias de Compromís, "se quedan a expensas de la resolución judicial". Sánchez ha defendido que se inyectan 25 millones de euros "que van a generar empleo, bienestar y que van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia".
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La reacción de los grupos de la oposición no se ha hecho esperar. Así, Compromís, la formación que presentó el recurso contencioso-administrativo contra las ayudas a al carta, ha denunciado que lo "que hasta hace una semana era imposible aprobar según el Partido Popular por un supuesto “bloqueo” de Compromís hoy sí que ha sido posible". La Diputación ha accedido aprobar una primera fase de la inversión sostenible correspondiente al apartado del reparto objetivo por población, la misma que desde hace dos meses "paraliza argumentando que no se podía aprobar por un supuesto bloqueo jurídico de Compromís, la misma que se negó a aprobar el pleno del mes de junio a propuesta de los valencianistas", según ha denunciado la formación liderada por Gerard Fullana. También ha sufrido la misma curiosa transformación de criterio la obra de Callosa de Segura, que hasta hoy el PP defendía que estaba paralizada por el mismo motivo y que este miercoles ha visto la luz verde del pleno.
Sobre la ayuda a Callosa de Segura, el PSPV también ha mostrado su satisfacción por la aprobación por parte del conjunto del plenario de una moción de los grupos Socialista, Esquerra Unida y Compromís, para que la Diputación de Alicante inicie los trámites técnicos y administrativos con el fin de destinar 412.482,09€ del superávit correspondiente al ejercicio 2017 al proyecto Rehabilitación de la Calle Salitre de Callosa de Segura. Para el portavoz socialista, José Chulvi “se trata de una ayuda al municipio de Callosa de Segura sumamente urgente, y en la que el grupo socialista lleva trabajando junto con el alcalde socialista del municipio, Fran Maciá, para que pudiera ser atendida por la Diputación de Alicante”, ha afirmado.
El grupo Compromís ha valorado que el Partido Popular ha demostrado hoy que todo el argumentario lanzado estos dos meses según el cual no era posible aprobar la inversión sostenible era “falso” y que “solo persigue presionar a la coalición para que permita el reparto a dedo injustificado de subvenciones a los vicepresidentes de la institución que investiga la justicia”.
Aunque se ha aprobado una primera parte de la inversión sostenible, Compromís sostiene que en el pleno de este miércoles ha quedado claro que el Partido Popular se quiere cobrar un alto precio por la imposibilidad legal de aprobar las ayudas a dedo a sus vicepresidentes. El pacto de consenso que vendió César Sánchez el pasado uno de marzo en la resolución de la inversión sostenible corre peligro de no cumplirse. El pasado 21 de febrero se dictaminó la resolución donde todos los municipios que quedaron excluidos de dicho plan eran municipios progresistas. La resolución generó un escándalo y amenazas de impugnación por parte de la oposición y los municipios. Finalmente, César Sánchez anunció un nuevo acuerdo por el cual los municipios excluidos entrarían a formar parte de la inversión sostenible. Se trata de los municipios de El Verger, Agost, Gata de Gorgos, Cox, Muro de Alcoi, Benissa, Cocentaina, Guardamar del Segura, Rojales, Callosa de Segura, Calp, Aspe, L’Alfàs del Pi, El Campello, Petrer, Dénia y Orihuela. De estos municipios tres formaban parte de la primera resolución dictaminada en comisión el 21 de febrero y que fueron dados de baja por una enmienda a la totalidad a la resolución del plan firmada por el vicepresidente y Diputado de Planes de Mejora a municipios Bernabé Cano.
Según relata Compromís, la mayoría de los alcaldes de estos municipios recibieron la llamada del jefe de gabinete de César Sánchez, Juan Bautista Roselló, ligando el cumplimiento del pacto al hecho de desistir de las denuncias presentadas por la subvenciones a dedo a los municipios de los vicepresidentes. El chantaje se hizo extensivo también a través de mociones en dichos ayuntamientos.
Compromís estudia ahora jurídicamente si el movimiento del gobierno del Partido Popular de cambiar la bases de la resolución en marzo del Plan de Obras y ligar luego la presencia de dichos pueblos a la retirada de las acciones judiciales podría ser constitutivo de delito penal. No en vano el firmante de dicho cambio de bases, Bernabé Cano, es el alcalde de unos de los municipios implicados en la denuncia de Compromís. “Ya sabemos que el Partido Popular no cumple los pactos, pero ahora conviene saber si en todo este proceso de chantaje existen ilegalidades”, han destacado.
