Fachada del Palau de la Generalidad de Cataluña. Foto: DAVID ZORRAKINO/EPMURCIA (EFE). Los ciudadanos y las empresas con domicilio fiscal en Cataluña generan anualmente más de 53.500 millones de euros en tributos estatales, que suponen casi el 20 % del total recaudado en toda España, principalmente por IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades.
Según los datos de la Agencia Tributaria (AEAT) correspondientes a 2023, los ingresos netos (descontadas las devoluciones) por la totalidad de tributos estatales en Cataluña alcanzan los 53.543,73 millones de euros, que son el 19,68 % de los 271.935,07 millones recaudados en el conjunto del país por este concepto.
Por IRPF se pagaron en 2023 en Cataluña 23.207,80 millones (el 19,3 % del total), por el IVA 18.571,25 millones (22,1 %), por el Impuesto de Sociedades 7.303,65 millones (20,8 %) y por Impuestos Especiales 1.812,00 (8,7 %).
Menor cantidad, pero en mayor proporción respecto al conjunto del Estado, se recaudó por otras figuras como el Impuesto sobre Tráfico Exterior, 1.111,41 millones (42,1 % del total estatal); el de Sucesiones y Donaciones, 50,94 (25,7 %); o el de Patrimonio, 14,83 millones de euros (18,6 %),
Según establece el preacuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, la totalidad de esos impuestos pasarían a ser gestionados, recaudados, liquidados e inspeccionados por la Agencia Tributaria de Cataluña, en el marco de un sistema de financiación "singular" que además determinaría sendas aportaciones al Estado por el coste de los servicios que presta en Cataluña y en concepto de solidaridad, que no concreta.
El sistema pactado por el PSC y ERC para Cataluña se mira en el espejo del Concierto Económico vasco y el Convenio navarro, caracterizados porque ambas comunidades definen y recaudan sus impuestos, con los que financian sus políticas, y pagan un cupo o aportación al Estado por las competencias no transferidas, como política exterior o defensa.
Sin embargo, la recaudación tributaria catalana supera por mucho la de esas dos comunidades forales, por lo que su peso en el conjunto del Estado es muy superior.
Por ejemplo, los ciudadanos con domicilio fiscal en Cataluña abonaron por IRPF el año pasado 23.207.80 millones de euros, que es casi 16 veces más que los vascos (1.463,14 millones) y 156 veces más que los navarros (148,67 millones) -cuando la población es 3,6 y casi 12 veces mayor, respectivamente-.
Respecto al Impuesto de Sociedades, las empresas catalanas tributaron el ejercicio anterior por importe de 7.303,65 millones, que es 7,7 veces más que las vascas (943,76 millones) y 235 veces más que las navarras (31,05 millones).
Comparados con las otras economías más potentes de España, esos más de 53.500 millones de euros son menos de la mitad que los 120.575,91 de Madrid (un 55 % menos), pero cerca del triple que los 19.570.288 millones de la Comunidad Valenciana (un 173 % más) y que los 18.919,45 de Andalucía (un 183 % más).
Son, además, casi ocho veces más que los 6.733,67 millones de euros que se tributan en Baleares (exactamente un 688 % más), que es la tercera comunidad, junto a Madrid y Cataluña que es contribuyente neta al sistema de financiación.
Ese fuerte peso de la recaudación en Cataluña es lo que hace pensar a no pocos expertos en el riesgo que la salida de Cataluña del régimen común puede suponer para el conjunto de sistema.
Raquel Jurado, del Servicio de Estudios del REAF Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas de España, ha dicho a EFE que "si Madrid, Cataluña e Islas Baleares son las tres comunidades que aportan más de lo que reciben, y Cataluña deja de aportar, necesariamente se van a ver perjudicadas el resto el comunidades autónomas".
Hace solo unas semanas, expertos del Foro Económico Gallego presentaron en el Congreso un informe según el cual extender el sistema de concierto del País Vasco y Navarra a la financiación de Cataluña, como piden los independentistas, comprometería la “viabilidad económica” del país.
Y en las misma fechas, el propio Consejo General de Economistas de España y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) coincidieron en que ceder a Cataluña el 100 % de los tributos “impediría llevar a cabo políticas sociales uniformes en todo el país” e incluso cambiaría la naturaleza del Estado.
También en las última semanas, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, en la rueda de presa de presentación del Informe de ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2024, apuntó que este organismo estará "vigilante" en el caso de que la financiación que se establezca para Cataluña afecte negativamente al conjunto del sistema "en términos de sostenibilidad o en términos de factibilidad de cumplimiento del marco fiscal".
Actualmente, de acuerdo al modelo de financiación vigente -pendiente de renovación desde hace 10 años- para las comunidades de régimen común -entre las que figura por ahora Cataluña-, la AEAT recauda y cede parcialmente el IRPF y el IVA (el 50 % para las autonomías), y los Impuestos Especiales de Fabricación (sobre la cerveza, el vino, etc, cedidos al 58 %), mediante unas entregas a cuenta y una posterior liquidación definitiva.
Además, el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte son gestionados por la AEAT por cuenta de las comunidades autónomas, a las que transfiere mensualmente la recaudación producida en su territorio.
En cambio, los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, así como los Tributos sobre el Juego y Tasas afectas a los servicios transferidos, son gestionados y recaudados por las comunidades autónomas, siempre según la información que ofrece en su web el Ministerio de Hacienda.
