ALICANTE. Incremento de las sanciones a los infractores y refuerzo de las competencias de los ayuntamientos para que puedan decidir la imposición de límites en base a estudios de carga o capacidad máxima. Esos serán dos de los principales pilares en los que se asentará la revisión de la normativa autonómica que regula la vivienda turística en la Comunitat que la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo prevé lanzar para el inicio de su tramitación antes de que concluya este mes de julio. 

Se trata de un texto en el que el departamento que coordina Nuria Montes viene trabajando desde hace más de medio año y que ahora queda situado en la línea de salida, en un contexto en el que el Gobierno Central también estaría pisando el acelerador para promover una regulación estatal actualizada. Por lo pronto, esa actualización general no contaría con el respaldo de la Generalitat, en la medida en que se interpretaría que se estaría produciendo una invasión de competencias autonómicas, según señaló la propia Montes este jueves, en la presentación del proyecto Tech FabLab. Sea como fuere, lo cierto es que, hasta cierto punto, las dos propuestas de regulación guardarían ciertas similitudes.

Entre las principales semejanzas, la primera sería la obligatoriedad -que ya existe en la Comunitat- de que las viviendas turísticas que cuenten con la preceptiva licencia para el desarrollo de esa actividad económica queden inscritas en un registro oficial. Y la segunda, sería el refuerzo de la capacidad de decisión de las comunidades de propietarios para que puedan vetar la posibilidad de que una vivienda de una finca residencial pueda ser alquilada como alojamiento temporal, como recoge la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), tras estimar dos reclamaciones concretas planteadas por dos comunidades de vecinos de San Sebastián y Oviedo. De hecho, la normativa autonómica tendrá en cuenta "a la hora de conceder una licencia" de vivienda turística "que esté autorizada esta actividad en los estatutos de la comunidad de propietarios", recalcó.

Pero, además, la regulación autonómica incorporará otros condicionantes específicos, como el hecho de que se exija a los propietarios de las viviendas que inscriban sus propiedades en el registro oficial precisando la referencia catastral del inmueble. Con ello se permitiría identificar cada vivienda "con su propia matrícula", según ejemplificó Montes, y cruzar los datos con la información recogida en las plataformas digitales en las que se publicitan los alojamientos turísticos para que aflore la oferta no regulada, "la economía sumergida", según incidió la consellera, que alcanzaría un alto porcentaje en esas plataformas, añadió. En esa labor de contraste, deberá jugar un papel esencial la herramienta basada en el uso de Inteligencia Artificial (IA) que se pretende desarrollar en en respuesta al primer reto de innovación puesto sobre la mesa en el marco del proyecto Tech FabLab.