La diputada del PP y presidenta del partido en Santa Pola Loreto Cascales.SANTA POLA. De todas las causas que la Udef remitió a los juzgados de Elche por supuestas irregularidades en las gestión del Ayuntamiento de Santa Pola, entre 2004 y 2015, la del caso de la Clínica Gran Alacant es la que avanza más rápidamente hasta el punto que la juez que instruye la causa, Gema Somavilla, ha solicitado al fiscal que informe "si estima suficientes las diligencias practicadas y en tal caso determine las personas contra las que procede continuar la causa y el órgano competente para ello, habida cuenta de la existencia de un aforamiento", el de la diputada nacional del PP Loreto Cascales.
El caso de la Clínica de Gran Alacant investiga el alquiler de un local municipal, en la etapa de Miguel Zaragoza como alcalde -y Loreto Cascales como concejala- a una clínica privada que nunca pagó el alquiler que se estipuló en el contrato y, además, sirvió para que la empresa, Clínica Gran Alacant SL, contratara a la hermana del entonces alcalde, Pilar Zaragoza, y a otros dos ex militantes del PP que cobraban el sueldo, pero no acudían al puesto de trabajo.
Desde que el caso entrara en los juzgados, en febrero de este año, ya han prestado declaración cerca de una decena de personas: el ex alcalde Miguel Zaragoza y el ex regidor Jorge Perelló; los candidatos en la lista del PP Francisco Martín Molina y Antonio Jesús Martínez García; los primigenios propietarios del centro médico Gran Alacant SL, Fernando Gómez Soler y Manuel Rodríguez Bernal; la hermana del ex primer edil Pilar Zaragoza, y otros funcionarios del consistorio, que han declarado en calidad de testigos, como Inmaculada López Aracil; María Esperanza Burdoeos García, Antonio Sempere González; Loreto Martínez Pomares, Francisco Manzano Candela, Rosalía Pérez Alfonsea y María Verónica Angio. Los imputados están acusados de supuesta prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos.
Con todo ello, la juez da por concluidas las diligencias y pide al fiscal si se deben practicar más pruebas o si considera suficientes las que forman parte de la instrucción. Asimismo, en un auto fechado este 20 de septiembre, Gemma Somavilla también reclama que el Ministerio Público se pronuncie sobre qué personas contra las que procede continuar
la causa y el órgano competente para ello, "habida cuenta de la existencia de un aforamiento", en clara referencia a Cascales. En el momento en el que se producen los hechos, la ahora diputada nacional era concejala delegada del área de Gran Alacant y tenía su despacho en el mismo edificio en el que se ubicó la clínica durante 10 años.
Hay que recordar que la clínica todavía debe al consistorio 109.000 euros en concepto de alquiler. Desde el primer momento, la diputado ha figurado en la causa judicial, pero no se le ha citado a declarar por su condición de aforada. Posteriormente, se personó como mera interviniente. Meses después, este asunto es el que desencadenó la dimisión de Miguel Zaragoza como diputado provincial de Bienestar Social y como concejal en el consistorio santapolero.
Miguel Zaragoza admite que su dimisión no fue aceptada y defiende la labor de la Clínica de Gran Alacant
