Cambiemos pone la pelota en el tejado del Ayuntamiento de Orihuela para frenar la urbanización de Cala Mosca

ORIHUELA. La protección de Cala Mosca frente a la urbanización del último kilómetro de costa virgen en Orihuela encuentra un nuevo resquicio legal. Cambiemos ha decidido poner la pelota en el tejado del Ayuntamiento oriolano para que actúe por revisar de oficio el proyecto urbanístico para la zona, desde su inicio, y poder considerar su nulidad porque carece de un informe esencial para la permuta de suelo. 

Para poner en contexto el asunto, hace unos dos meses, la Fiscalía Anticorrupción señaló que había indicios claros de delitos en el proyecto de urbanización de Cala Mosca, pero que los mismos habían prescrito. Desde Cambiemos apuntaron, semanas después, que habían detentado un expediente con documentos notariales a los que les faltaban fechas y, a su vez, se percataron de que había dudas con la permuta de terrenos que permitió el proyecto de 1.500 viviendas de una promotora para Cala Mosca. 

En un principio, en el lugar en el que se quieren implantar ahora las viviendas, se preveía la construcción de equipamientos educativos. Por ese motivo, el promotor hizo una permuta de uso del terreno para implantar las casas en la costa y ceder otro terreno de su propiedad para construir las edificaciones educativas en el interior de la costa. 

Cambiemos puso el ojo en esa permuta y, consultando a asesores legales, descubrieron que el proceso carece de un informe imprescindible que debería haber emitido la Conselleria de Educación de aquel momento aceptando el cambio. Así, legalmente existe la posibilidad de que, basándose en la carencia de este informe, se pueda declarar la nulidad del proyecto original de Cala Mosca. 

Así, el 21 de junio, desde Cambiemos registraron en el Ayuntamiento una instancia remitida a Alcaldía, en la que anexan los antecedentes de todo el proceso e instan al Ayuntamiento a revisar de oficio el desarrollo del proyecto y ver, según las conclusiones, si hay causa de nulidad. Es el propio Ayuntamiento el que ahora debe ir a la Junta Consultiva de Contratación, órgano autonómico que vela por la regularidad de este tipo de procedimientos y, según su dictamen preceptivo, el Ayuntamiento podría declarar nulo el proyecto.

"Sabemos que es una vía incierta pero volvemos a abrir un resquicio para intentar paralizar la urbanización en el último kilómetro virgen de Orihuela, poniendo por delante el beneficio del municipio frente al beneficio de unos constructores". asegura Karlos Bernabé, portavoz de Cambiemos. "El Ayuntamiento tiene que agilizar los trámites, y ahora ya no puede tirar balones fuera con respecto a este tema. Parte de la solución está en su mano, y ahora Bascuñana puede demostrar que no vive arrodillado frente a los constructores", añadió Bernabé. 

La empresa constructora, de momento no ha reaccionado a esta acción aunque está empezando a moverse en la zona.  Para el edil de Cambiemos, "hasta ahora, la postura del Gobierno local ha sido la de ir dejando el cuerpo muerto, Bascuñana sabe que la inercia de este caso, que viene de hace muchos años, juega a favor del constructor y deja pasar los tiempos. Pero ahora, si el Ayuntamiento quiere mantener Cala Mosca debe moverse y esta es una oportunidad para demostrarlo". Bernabé aseguró sentirse optimista por las posibilidades que esta opción abre a nivel administrativo para la protección de Cala Mosca. 

Vallado perimetral

Esta semana, ha aparecido un vallado nuevo en el perímetro en el que, supuestamente, iría la urbanización de Cala Mosca, que es fruto de una exigencia del Consell al promotor como consecuencia de la última evaluación de impacto ambiental realizada por la Generalitat Valenciana, poniendo el foco en el área. Así, esta orden obligaba al promotor a proteger la zona, que está en estudio, para que no se vean amenazadas ni la fauna ni la flora protegidas presentes en el terreno. Así, las vallas no señalan una construcción inminente, si no que es una respuesta a este estudio del Consell. Según Karlos Bernabé "esto puede ser un arma de doble filo, porque por un lado, el Consell exige más protección al promotor, pero por otro, sigue abriendo la puerta a que el proyecto siga adelante", concluyó.