Foto: JOSÉ CUELLAR/CORTSVALÈNCIA. Donde dije digo, digo Diego. La Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo ha cambiado de opinión sobre la viabilidad que tiene reducir la jornada laboral de los funcionarios a 35 horas semanales. Una propuesta trasladada en enero por UGT a la que el departamento dio largas, pero que ahora estudian a conciencia cómo aplicar.
En la Mesa Técnica de Función Pública celebrada el pasado lunes, desde la cartera gestionada por los socialistas trasladaron a los sindicatos la predisposición que existe para hacer efectiva la reducción de la jornada laboral de los funcionarios de la Generalitat. Una decisión cuyo impacto económico analizan con detenimiento para definir si este sería asumible para las arcas autonómicas, pero que las fuentes presentes en la reunión ya avanzaron que los primeros números que maneja la Conselleria son favorables a que la medida vaya a ponerse en marcha más pronto que tarde.
Si se redujera la jornada laboral de los empleados públicos, Función Pública tendría que contratar personal -previa autorización de la Conselleria de Hacienda- para cubrir las horas que se quedaran vacantes. Especialmente, en los puestos que prestan atención al público todos los días del año. Y si bien no existen todavía cifras oficiales, los sindicatos señalan que en torno a 4.000 puestos se verían afectados y se tendrían que llevar a cabo contrataciones a través de bolsas de empleo temporales.
El cambio de postura de la cartera que gestiona Bravo se produce, precisamente, tan solo una semana después de que la Conselleria de Sanidad que dirige Miguel Mínguez llegara a un acuerdo en los mismos términos con los sindicatos para todo el personal estatutario. Mínguez pactó con la mayoría sindical (el CESMCV-SAE se abstuvo) implantar la jornada laboral de 35 horas de forma progresiva; algo que se hará efectivo para toda la plantilla -en torno a 60.000 trabajadores- en enero de 2025.
Con ese acuerdo, la Comunitat se unió a la lista de las once Comunidades Autónomas que seguirían el pacto al que llegó en su día la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con los sindicatos mayoritarios de la Función Pública, UGT y CCOO con la idea de caminar hacia una "Administración del siglo XXI".
La propuesta que UGT trasladó a Función Pública el pasado mes de enero surgió a raíz del pacto que sellaron tanto UGT como CCOO con el Ejecutivo central en octubre de 2022. En él quedó negro sobre blanco "la apuesta de las administraciones públicas por la implantación o recuperación de una jornada laboral de 35 horas como una de las medidas para alcanzar los objetivos de fomento del empleo, la modernización de las plantillas y su rejuvenecimiento".
En base a este compromiso, en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 el Gobierno de Pedro Sánchez eliminó las limitaciones que desde 2018 impedían implantar la jornada de 35 horas semanales si no se cumplían los objetivos de déficit por parte de las distintas administraciones. En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, este condicionante había impedido establecer esta jornada a los funcionarios y, en particular, en el ámbito de la Administración del Consell.
Incluso, a pesar de que el decreto 42/2019 sobre las condiciones de trabajo de los empleados públicos establecía dos tipos de jornada laboral con carácter general: de 35 horas y de 37 horas y treinta minutos semanales. La jornada de 35 horas como tal no se había aplicado en el ámbito autonómico porque estaba condicionada a que en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda y regla de gasto.
Sin embargo, al haber eliminado esta condición de la Ley de Presupuestos, UGT consideraba que no existía ya impedimento para que el Consell la implantase y realizase las modificaciones pertinentes en su normativa autonómica para adaptarla a la legislación estatal.
La petición, sin embargo, cayó en saco roto y desde el departamento de Función Pública aseguraron que, sin estar cerrados a estudiarlo, esta era una cuestión en la que también debía participar la Conselleria de Hacienda, pues si se reducía la jornada semanal de los funcionarios, la cartera de Arcadi España debía estudiar el impacto económico que esto tendría. O lo que es lo mismo: cuántas personas debería el Consell contratar para cubrir las franjas horarias que quedasen vacantes.
No obstante, el acuerdo de Sanidad parece haber cambiado la predisposición de Función Pública. "Si para Sanidad no existe problemas de viabilidad económica teniendo que asumir evidentemente una contratación de personal para cubrir franjas horarias que queden libres, para la Administración de la Generalitat tampoco debería haber impedimento siendo una plantilla menor", exponen fuentes consultadas por este diario.
A esto se suma que las tareas desarrolladas por los funcionarios de la Generalitat son más burocráticas, lo que facilitaría en cierto modo reducir la jornada puesto que ciertas labores sí serían más susceptibles de 'esperar' al día siguiente. Mientras la cifra de interinos a contratar por Hacienda para garantizar la cobertura de los puestos de atención al público no sería, aseguran, elevadas en comparación al ámbito sanitario.
